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En defensa de la democracia

Organizaciones de distintos ámbitos repudiaron el accionar sedicioso de la Policía Bonaerense

Desde partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, entre otros, apuntaron que lo que era un reclamo salarial justo, se convirtió en un acto de desestabilización institucional

Organizaciones de distintos ámbitos repudiaron el accionar sedicioso de la Policía Bonaerense

La tensión por el reclamo de mejores salariales por parte de la Policía Bonaerense fue creciendo con el correr de las horas y fueron distintos sectores de la política, del ámbito social y sindical que advirtieron que dicha medida tomada por efectivos se tornó desestabilizadora, hecho que fue repudiado.

La Federación Argentina de Municipios (FAM) hizo saber su postura a través de un documento titulado “hay una intención desestabilizadora”, donde sostiene “una parte de los efectivos de la policía de la Provincia de Buenos Aires, con el aparente objetivo de reclamar una mejora salarial en una clara ruptura de la disciplina policial. Cabe señalar que los policías habían perdido el 30% de poder adquisitivo durante la administración de la ex gobernadora María Eugenia Vidal”.

Y aclara “el hecho que efectivos policiales se amotinen en defensa de cualquier reclamo, sea legítimo o no, está prohibido por las normativas que atañen el comportamiento que deben cumplir las fuerzas de seguridad, lo que constituye un acto de sedición, que no debe ser permitido en un estado democrático”.

En la misma dirección, señala que “llama poderosamente la atención que en momentos en que el Gobernador Axel Kicillof está por anunciar una mejora salarial en el marco de un Plan Integral de Seguridad, surjan manifestaciones, que además, están fogoneadas por algunos medios de comunicación y dirigentes pertenecientes a ciertos sectores de la oposición, que tienen como objeto erosionar al Gobernador Kicillof”.

Ante ello, la FAM expresó su firme respaldo al gobernador bonaerense y consideró “es claro que las exigencias salariales de estos sectores policiales encubren los verdaderos motivos políticos de quienes se oponen al gobierno nacional: seguir con sus intentos para desestabilizarlos, por ello convocamos a la mayoría del pueblo argentino a no dejarse engañar por quienes no respeten las instituciones democráticas, imprescindibles para la convivencia pacífica que nos merecemos. No se debe tolerar que fuerzas policiales rodeen la residencia presidencial, lo que constituye una clara amenaza al Presidente de la Nación, Alberto Fernández”.

Y finalizaron subrayando “resulta imperioso acabar con la actitud sediciosa de los efectivos policiales que atentan contra el orden constitucional, los argentinos queremos vivir en un país donde impere la ley y el estado de derecho”.

Por su parte, la CGT también condenó el hecho, al considerar que es un “exceso del legítimo reclamo”. “La legítima defensa de los derechos laborales de los policías de la Provincia de Buenos se transformó con el paso de las horas en una amenaza real al normal funcionamiento del Estado”.

Y agregó “todas las acciones posteriores constituyen un exceso que atenta contra el normal funcionamiento de las instituciones”, por lo cual exigieron que “la policía de la Provincia de Buenos Aires respete el orden jerárquico y se subordine a los mandos institucionales”.

En el orden de los espacios políticos y sociales, el Movimiento Evita manifestó su apoyo, tanto al presidente como al gobernador Kicillof. “Desde el Movimiento Evita queremos expresar todo nuestro apoyo ante la situación que está viviendo nuestro país”, sosteniendo que en el marco de la pandemia, ese apoyo no puede ser expresado en las calles.

“El reclamo salarial es justo pero los aprietes de la Policía Bonaerense son inaceptables y no tienen ningún lugar en la democracia que tanto nos costó construir y defendemos todos los días”.

Las fuerzas políticas y sociales de Jujuy también manifestaron su repudio al accionar sedicioso de la fuerza policial.

Por su parte, el PJ jujeño consideró “la insubordinación de la Policía Bonaerense excede el marco salarial y constituye un abierto desafío que busca desestabilizar al Gobierno”. Y agrega “desde los Congresales Provinciales y Nacionales del PJ, repudiamos terminantemente el accionar de algunos policías”.

En tanto, el bloque de legisladores del Frente de Todos, expusieron su repudio “al peligroso accionar de algunos miembros de la Policía Bonaerense que rodean la Quinta de Olivos”. “Queremos expresar nuestro respaldo y acompañamiento al Presidente de la Nación Alberto Fernández y a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

“Rodear la Quinta Presidencial con efectivos armados, es una actitud de amedrentamiento que no puede aceptarse en democracia y debe ser repudiada por todo el arco político” y finalizaron el comunicado “desde 1983 existe el consenso de todos los sectores de la sociedad para este tipo de actividades, decimos NUNCA MAS”.

En la misma dirección, el Frente de Todos Jujuy y Arriba Jujuy sostuvieron “llamamos a la reflexión a estos uniformados a los que la Constitución, la Ley y toda la ciudadanía han provisto de armas y móviles para que cuiden de su seguridad, y no para amenazar a las instituciones de la República. Más allá de sus legítimos reclamos, la forma de exteriorizarlos es desmedida. Este tipo de manifestaciones tienen intenciones ocultas y totalmente inapropiadas”.

“La democracia es un sistema de libertad, respeto y tolerancia donde debemos vivir todos, y para ello es necesario REPUDIAR estas prácticas que procuran intentar debilitar los pilares de la Nación”.

Las organizaciones políticas y sociales de Jujuy que se sumaron a este repudio fueron: La Cámpora, Kolina, Todxs, MILES, Somos, PSOL (Partido Solidario); Barrios de Pie, Movimiento Evita, Corriente Nacional y Popular 25 de Mayo y FORJA, que llamaron al pueblo jujeño a “defender las instituciones” de las actitudes desestabilizadoras.

Por último, fue el círculo de trabajadores de prensa nucleados en PUAJ (Periodistas Unidxs Autoconvocadxs de Jujuy) que se sumaron al repudio a la amenaza al orden institucional.

Consideraron que se trató de una maniobra de “desestabilización institucional y reafirmamos nuestro apoyo al gobierno elegido democráticamente por el voto popular”.

Así también rechazaron “las acciones que se apoyan en reclamos que pueden ser legítimos pero que son utilizadas para condicionar y extorsionar a las autoridades electas democráticamente”.