La pandemia ha hecho que varias instituciones debieran suspender sus actividades al no estar equipadas para funcionar de manera remota, un ejemplo de ello, fue la Oficina Anticorrupción que debió prorrogar la presentación de las declaraciones juradas de funcionarios. Sin embargo, perece que salió del letargo, con el fin de perseguir a los que denunciaron el abandono del gobierno provincial a pacientes con covid.
Es que el pasado 16 de septiembre, su titular, Josefa Herrera envío una cédula de notificación a la Dra. Florencia Romero, para que explique sobre las distintas aseveraciones que hizo en diferentes medios de comunicación respecto a la crítica situación sanitaria que atraviesa la provincia.
En dicha citación -N°2- también se detalla que las otras personas que debían presentarse en la OA eran el diputado del Bloque Frente de Todos-PJ Emanuel Palmieri (cuñado de Romero), la presidenta del Colegio de Enfermería de Jujuy Celina Castellón y los médicos Sergio Barrera Ruiz y Carlos Gaspar.
El común denominador entre estas personas es que dieron a conocer los problemas que atravesaban trabajadores de la salud (falta de insumos de bioseguridad), falta de atención a pacientes con covid, que incluso llegaron a morir en sus domicilios. Por ello, entendieron que esto se trata de una clara maniobra de persecución.
La convocatoria estaba prevista en la mañana de hoy, sin embargo, la fiscal Herrera no se presentó.
Quienes sí estuvieron allí fueron los propios señalados que manifestaron que iban a ratificar todos sus dichos.
Al respecto, el diputado Palmieri sostuvo “nos citaron a la Oficina Anticorrupción todavía no sabemos para qué, en una clara persecución política por parte de Gerardo Morales, nadie puede negar que acá no se hace lo que dice Gerardo Morales, hay una fiscal que expresamente dijo que ella seguía instrucciones de Gerardo Morales”, en referencia a los dichos de Josefa Herrera quien apenas asumida indicó a la prensa “voy a tener independencia porque son las instrucciones del señor gobernador”, hecho que le valió múltiples críticas. La OA es el ente encargado de investigar hechos de corrupción de la administración.
Eso sin contar que Herrera ya había ocupado funciones dentro de espacios del radicalismo, lo que implica, que no hay objetividad.
Sobre la actuación de la titular de la Oficina, el legislador provincial consideró “no sorprende la celeridad porque hace 10 días Gerardo Morales ponía mi nombre sobre el tapete en la opinión pública queriendo responsabilizar de todas las falencias e ineptitud es que tiene su gobierno y el mismo Gerardo Morales”.
Y agregó: “queremos saber qué pasó con los dichos de Gerardo Morales cuando dijo de que él tenía conocimiento de las valijas que iban a Buenos Aires (durante el gobierno de Eduardo Fellner), queremos saber si van a investigar el tema de la apropiación de un menor de la señora Falcone, qué pasó con la entrega de las viviendas sin techo sin puertas y los servicios correspondientes, qué pasó con el tren, qué pasó con Cauchari mil millones de dólares y no sabemos qué pasó con Cauchari; cuál es la justificación de los fondos del autocine, lo mismo que está pasando con las investigaciones que se están llevando a cabo respecto de las plantaciones de marihuana, qué pasó con el centro de transferencia de la provincia de Jujuy para las adjudicaciones, lo mismo con el plan Jujuy asiste y reactiva, qué pasó con las escuelas y los 300 millones de dólares que llegaron o que se autorizaron por parte de la Legislatura para tomar los préstamos y así, tenemos un sinfín de cuestiones que nos gustaría que esta misma oficina investigue como nos investiga los que pensamos distinto”, aclarando que se presentó dejando de lado los fueros parlamentarios.
Palmieri indicó que la citación es una “herramienta de disciplinamiento” pero que aún así “vamos a ratificar todo lo que dijimos por los muertos que sacaron de las casas de Ledesma, vamos a ratificar todo lo que dijimos porque el gobierno de la provincia ha perdido el cuerpo del señor Vargas, vamos a ratificar todo lo que decimos porque claramente en la pandemia se están realizando negocios y negociados que nada tienen que ver con el bienestar de la gente”.
Por su parte, la Dra. Romero dijo “la función y la finalidad de la OA es investigar los actos de corrupción del gobierno y creo que a quién debe pedir el informe la fiscal es a su propio gobernador y a su propio ministro de salud, que son quienes deben brindar la información precisa sobre la situación del descalabro sanitario que ocurre en la provincia”.
Y detalló “como ciudadana y como letrada que soy, voy a acercarle todas las pruebas que debió, entiendo yo, tener, porque lo único que hemos hecho es manifestar lo que los ciudadanos comunes han denunciado en redes sociales en el COE o a través de comunicados, a través de notas al presidente”.
Sobre el rol de Herrera, la abogada consideró “recordemos la jerarquía que tiene el cargo de la fiscal que cobra como un vocal del Superior Tribunal de Cuentas, tendría que estar abocada al estudio e investigación de estos casos ya que para eso la provincia se le está pagando” y expuso que la cédula de citación recibida es la N°2 “o sea que en el año se han librado dos cédulas, estamos a 23 de septiembre (…) quisiera saber también en que estamos invirtiendo nosotros cuando pagamos los impuestos, en qué está trabajando la fiscalía anticorrupción porque con tan abultado sueldo uno entiende que deberían haber desplegado muchísimo más la tarea investigativa que lo que hemos visto hasta la fecha”.
En tanto, el médico Barrera Ruiz aclaró “primero se me suspende y se me está citando cuando no hecho más que cumplir con mi función (…), me llama la atención que por defender al equipo de salud tenga que venir a prestar una declaración, me llama la atención que me notifiquen y que no esté la fiscal me llama mucho más la atención”.
El profesional de la salud también detalló que iba a ratificar todo lo expuesto. “Cuando uno refleja la realidad no teme nada, lo único que hecho fue defender la salud pública en todo momento”.
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