JUJUY

No se proclamó respecto al juez Pullen Llermanos

Ahora el gobierno será querellante en el femicidio de Marina Patagua

Mediante el Consejo Provincial de la Mujer, el Estado provincial litigará contra Juan Carlos Gutiérrez. El organismo desconocía el caso desde el inicio, pese a que el mismo estaba en el ámbito de la justicia

Foto: Twitter Gerardo Morales
Foto: Twitter Gerardo Morales

 

El pasado 12 de febrero se consumaba el primer femicidio del 2021 en Jujuy cuando Marina Patagua fue atacada por su ex pareja Juan Carlos Gutiérrez, situación que podía haberse evitado si las instituciones correspondientes hubiesen actuado a la altura de las circunstancias, pese a ello y su ausencia total, ahora el gobierno de la provincia se convertirá en querellante en la causa por el femicidio de Marina.

La novedad fue dada a conocer por el propio gobernador, que a través de su cuenta de Twitter manifestó que el Estado jujeño será parte litigante contra el femicida.

“Recibí a la familia de Rosita Patagua, víctima de femicidio, para informales que el @GobiernoJujuy a través de @mujereigualdad se constituyó como querellante” señala Gerardo Morales ayer por la tarde.

Asimismo, agregó “buscaremos la pena máxima para el femicida y acompañaremos a la familia de Rosita en la búsqueda de Justicia”.

De esta manera, el gobierno jujeño será parte querellante a través del Consejo Provincial de la Mujer, organismo que desde un principio se caracterizó por su falta de acción en los casos de violencia de género, pese a que fue creado exclusivamente para ello.

Tal es así, que aunque el caso de Marina -Rosita- estaba judicializado, el Consejo no tenía conocimiento del mismo, así lo expresó su titular, Alejandra Martínez luego de haber sido señalada por el juez que ordenó la liberación del femicida Gutiérrez.

A modo de justificar su decisión, el juez Pablo Pullen Llermanos había señalado en conferencia de prensa que desde el juzgado -especializado en la temática- había hecho todo lo posible para contener a la víctima, pero “falló la contención interdisciplinaria que debe recibir la víctima”, en referencia al Consejo de la Mujer.

Esgrimiendo una especie defensa, Alejandra Martínez le contestó al magistrado “las afirmaciones realizadas por Pullen no son ciertas, no se ha remitido al Consejo ningún tipo de oficio en ese sentido”, desconociendo que una de los objetivos del organismo que conduce es justamente el de articular entre el juzgado en violencia de género y demás organismos para resguardar a las víctimas.

Asimismo, sobre el caso de las denuncias que había realizado la víctima, la funcionaria radical indicó que desde el Consejo “no teníamos conocimiento y lo lamentamos profundamente”.

Su inacción/desconocimiento le costó la muerte a una mujer víctima de violencia de género.

Pero además, cabe resaltar la falta de perspectiva que tiene el organismo para erradicar la problemática.

En principio, no hizo nada en relación a los diferentes fallos del juez Pullen Llermanos que favoreció en distintas oportunidades a varones que agredieron sexualmente a mujeres y/o niñas, siendo el caso más resonante el de Gustavo Fiad, sobrino del ex ministro de Salud y ahora senador Mario Fiad.

Fueron las organizaciones de mujeres que debieron hacerse cargo de la situación y pedir el desplazamiento del magistrado. El Consejo de la Mujer no realizó ninguna presentación al respecto, ni tampoco dio su apoyo.

En la misma dirección, tampoco expresó su repudio a los dichos del ex ministro de Seguridad y ahora vocal del Superior Tribunal de Justicia, Ekel Meyer, cuando se produjo el femicidio de Roxana Mazala, aduciendo que ella había elegido volver con su pareja, a quien había denunciado por hechos de violencia.

Sin embargo, la seguidilla de femicidios ocurridos en 2020 fue lo que mostró el letargo de un organismo que brillaba por su ausencia, mientras las calles eran escenario de multitudinarias marchas pidiendo justicia y la emergencia en violencia de género.

Aprobada la ley que decreta la emergencia respecto a la problemática, el Consejo de la Mujer sigue sin implementar políticas que tiendan a erradicar la violencia contra las mujeres, las niñas y las disidencias.



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