Las comunidades indígenas Kolla y Atacama, del territorio de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron una acción de amparo ambiental contra los gobiernos de Salta y Jujuy y contra el Estado Nacional, para prevenir el daño grave e irreversible que provocará la minería de litio y borato en el sistema hídrico compartido por las provincias demandadas y pidieron que se suspendan todas las actividades.
El pedido, realizado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, destaca que el área de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, albergue de valiosísima biodiversidad y de la que dependen las comunidades para el desarrollo de su vida y cultura, forma parte de un sistema hídrico cerrado que está considerado como un ecosistema frágil, con escaso ingreso natural de agua. Sin embargo, “la fiebre por el litio hace que se busque avanzar en la extracción, a pesar de que se sabe que la técnica utiliza grandes cantidades de agua y podría afectar el frágil equilibrio hídrico”, recalca Alicia Chalabe, abogada de las comunidades.
Tanto para las comunidades como para la organización ambientalista, el principal problema es que no se conozcan ni evalúen suficientemente los posibles impactos de esta actividad en la zona. “No se cuenta con líneas de base ambiental suficientes a nivel cuenca ni se evalúan acumulativamente los proyectos existentes en conjunción con otros usos de agua. No hay una visión integral, ya que las autoridades de Salta y Jujuy no gestionan la cuenca de manera interjurisdiccional. Tampoco se ha dado a las comunidades locales una oportuna participación en la toma de decisiones. Así no se puede avanzar. Es un atropello y una irresponsabilidad”, afirma Santiago Cané, coordinador del área de legales de FARN.
Desde la fundación se hace hincapié en que los estudios hídricos preliminares realizados de manera independiente en la zona dan cuenta de que, de avanzarse con lo proyectado, se generará un riesgo hídrico. “Saldría del sistema mucha más agua que la que ingresa naturalmente”, detallaron al respecto.
Por todo lo expuesto, FARN y las comunidades involucradas solicitan la suspensión de toda actividad, y de todos los permisos mineros en trámite, hasta tanto se realicen evaluaciones de impactos ambientales adecuadas y la cuenca sea gestionada de manera interjurisdiccional, para así evitar daños irreversibles en el ambiente de acuerdo con los principios preventivo y precautorio (art. 4, Ley General del Ambiente Nº 25.675) y la Constitución Nacional (art. 41).
Un reclamo que lleva una década
Las comunidades de Salinas Grandes –elegida este 2019 como una de las siete maravillas naturales de la Argentina– llevan 10 años de reclamos para que se respete su derecho a la participación y consulta, desde que las primeras empresas de litio intentaron instalarse en su territorio. Ante la falta de respuesta del entonces gobierno de Eduardo Fellner, se iniciaron acciones legales para lograr un proceso que asegurara su derecho a una consulta libre, previa e informada. Además, se redactó el documento “Kachi Yupi”, protocolo participativo que busca explicar a actores externos la forma en que debería realizarse un procedimiento de consulta apropiado para su cultura.
Luego de más de 3 años de promesas (incumplidas) de refrendar Kachi Yupi mediante un decreto que reconociera su validez, el gobierno, ahora con Gerardo Morales a la cabeza, volvió a decidirse por hacer oídos sordos a los reclamos de las comunidades de Salinas Grandes y, en cambio, avanzó con procesos de licitación -incluso más ambiciosos- de la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE).
Finalmente, ante la recurrente falta de voluntad del gobierno de Jujuy para reconocer y asegurar la vigencia de sus derechos, las comunidades de Salinas Grandes decidieron decir “no al litio, sí al agua y sí a la vida”, y reafirmaron su autoproclamación como “Patrimonio ancestral, cultural y natural de los Pueblos Originarios”.
Fuente: farn.org.ar
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