JUJUY

Organizaciones marcharon para exigir justicia

Demandan la destitución del juez Pablo Pullen Llermanos del Juzgado de Violencia de Género

El magistrado fue señalado por dar la orden de liberación del femicida de Marina Patagua. Asimismo, apuntaron a la falta de acción del Consejo de la Mujer y la desidia de las instituciones estatales en los casos de violencia de género

Demandan la destitución del juez Pablo Pullen Llermanos del Juzgado de Violencia de Género

 

Ayer se concretó una nueva marcha en todo el país por los femicidios ocurridos en los últimos días y en Jujuy la protesta incluyó el pedido de destitución del juez Pablo Pullen Llermanos, quien fue el autor de dar la orden de liberación de Juan Carlos Gutiérrez ex pareja y femicida de Marina Patagua ocurrido el viernes en el barrio capitalino Huaico.

El pedido de exclusión del magistrado habilitado en el Juzgado de Violencia de Género provino tanto de organizaciones de mujeres como del ámbito de la política, presentación realizada por el bloque Frente de Todos-PJ.

Legisladores del peronismo lanzaron una solicitada donde expresaron su preocupación por la “irresponsabilidad a la hora de administrar justicia” y que como consecuencia se debe contar un nuevo femicidio en Jujuy.

Señalando que el femicida de Marina contaba con “antecedentes en violencia de género, denuncias previas e incluso detención ordenada desde el Ministerio Público de la Acusación. Sin embargo, cuando en la maraña judicial intervienen funcionarios que actúan con desprecio por la integridad de las personas, y toman decisiones a contrario sensu de la ley, y del sentido común, se llegan a situaciones trágicas como la presente”.

Asimismo, aclara que el pedido de liberación presentado por el defensor del femicida ya había sido rechazado por el Agente Fiscal de turno del MPA. Muy por el contrario, desde el Juzgado de Violencia de Género habilitado en feria y comandado por el juez Pablo Pullen Llermanos, este decidió favorecer al detenido y ordenó su liberación.

“Hoy se encuentra nuevamente -y tardíamente- detenido, a disposición de la justicia, con actuaciones a cargo del Fiscal Dr. Alejandro Bossatti, titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género N°1”, indicaron desde el bloque peronista y subrayaron “ayer fue una liberación inexplicable. Hoy el femicidio de Marina Patagua. Ojalá que mañana no se repitan estos acontecimientos que estremecen a la sociedad. La violencia de género debe ser desterrada y sus responsables, deben recibir el condigno castigo de la sociedad. Es imprescindible que se exija responsabilidad a quienes imparten justicia, y que los propios organismos del Estado actúen en defensa de su integridad”, concluyó el bloque de diputados y diputadas.

En tanto, la diputada del bloque Juntos por Jujuy-Frente de Todos Débora Juárez manifestó durante la marcha que “el proteccionismo, la falta de gestión, la incapacidad y la corrupción de algunos funcionarios del gobierno provincial, del Consejo Provincial de la Mujer, del Poder judicial y del Ministerio Público de la Acusación ocultan la violencia género” en la provincia.

Hartazgo y desidia

Por otra parte, fueron organizaciones de mujeres, sindicales, barriales, entre otras, las que ayer salieron a manifestar su rechazo a la figura del juez Pullen Llermanos, a quien cuestionaron por la liberación del femicida de Marina Patagua, pero también su accionar en casos de abuso sexual.

“Estamos hartas que nos sigan matando”, expresaron en un documento en el cual relatan el padecer de las víctimas de violencia de género en Jujuy.

“Exigimos juicio político y apartamiento del cargo del juez Pablo Pullen Llermanos, habilitado del Juzgado de Violencia de género, responsable de liberar al femicida de Marina a pesar de la negativa del fiscal. No es un hecho aislado. El mismo magistrado liberó a Gustavo Fiad (sobrino del senador Mario Fiad), imputado y detenido por abuso sexual de su sobrina. Este es un claro ejemplo de una justicia que no está a la altura de lo que requiere la situación de emergencia que atraviesa Jujuy en materia de violencia de género, emergencia que no solo se verifica en los hechos, sino que además fue declarada a través de una ley provincial”.

Recordando que el año pasado en la provincia se aprobó la ley de emergencia en violencia de género, llamada Ley Iara -en memoria de la niña de Palpalá- expusieron que dicha normativa sigue sin ser reglamentada, lo cual demuestra que “no es una problemática prioritaria para el gobierno provincial”.

En ese sentido, cuestionaron el accionar del Consejo Provincial de la Mujer y de su titular, Alejandra Martínez: “promociona reuniones, conversatorios y números de teléfono en el marco de acuerdos con organizaciones internacionales que financian sus actividades. Desconocemos sus acciones concretas y efectivas para prevenir los hechos de violencia y para proteger a las víctimas. Basta de funcionarixs que acercan sus condolencias a las familias de nuestras hermanas asesinadas, sin hacerse cargo de la responsabilidad que les cabe”.

Frente a esta situación, exigieron medidas urgentes que “sin la voluntad política del gobierno provincial, no tienen sentido acciones de emergencia, declaraciones, supuestas capacitaciones en el marco de la Ley Micaela, protocolos o fotos, que no demuestran una coherencia entre lo que dice y lo que hace el gobierno provincial”.

En detalle, los puntos exigidos fueron:

- Aplicación efectiva y permanente de la ley Micaela en los poderes del Estado.

- Aplicación efectiva del protocolo de atención a víctimas de violencia de género.

- Funcionamiento permanente e integral de los centros de atención a denunciantes y víctimas.

- Implementación de refugios y lugares de alojamiento permanentes para quienes padecen violencia de género.

- Comisarías con personal capacitado para atender casos.

- Monitoreo social de las políticas implementadas.

- Información clara y precisa sobre la aplicación del plan nacional implementado por el Ministerio de Géneros, Mujeres y Diversidad.

- Información sobre el manejo de los fondos destinados a la aplicación de la Ley Iara, y habilitación para que sea fiscalizado por la comisión de seguimiento.

- Sanciones y/o separación del cargo a funcionarios violentos de todos los poderes.

- Que el Consejo Provincial de la Mujer, rinda cuentas sobre el destino de los fondos internacionales que recibió desde su creación.

- Reforma judicial URGENTE, con incorporación de funcionarios y funcionarias que acrediten formación específica en perspectiva de género y diversidades.

Por último, ratificaron el repudio hacia las políticas del gobierno de Morales que “protege a funcionarios violentos en distintos estamentos del estado provincial, como el caso del ex presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Pablo Baca, y el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez; la promoción a Vocal del Superior del Tribunal de Justicia del ex- ministro de Seguridad Ekel Meyer, por nombrar algunos”.