Denuncian el traslado intempestivo de población migrante asentada temporalmente en Jujuy

En el marco de la pandemia por el COVID 19, el gobierno de Morales viene tomando medidas para controlar el ingreso de personas a la provincia, y para ello, dispuso el cierre de las fronteras de Jujuy, hecho que también afectó la salida de extranjeros. Sin embargo, el pasado 31 de marzo, se dispuso el traslado intempestivo de población migrante que estaba asentada en la provincia.

La denuncia fue realizada por ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Sociales) a través de un comunicado donde señalaron “el martes 31 de marzo, a última hora, las autoridades de Jujuy decidieron disponer el traslado de un grupo de personas migrantes de manera compulsiva, arbitraria e irregular. Estas personas, originarias de Perú, Venezuela y Colombia, habían ingresado a la Argentina para radicarse aquí o habían llegado hasta La Quiaca para abandonar el país, justo antes de que las fronteras fueran cerradas”.

“Entre las sesenta personas hay personas solas y familias con niñes, que se encontraba en La Quiaca y San Salvador de Jujuy desde mediados de marzo Esta mañana (por el lunes) fueron subidas a un micro de larga distancia sin informarles con precisión hacia dónde se dirigían. En el proceso, además de la desinformación, sufrieron requisas”.

Y detallaron “muchas de las personas trasladadas tienen necesidades de protección internacional, razón por la que ingresaron al país durante marzo con la intención de radicarse en alguna provincia. Casi 40 de ellas se encontraban hospedadas en alojamientos y comedores comunitarios de La Quiaca, y cumplieron con las medidas de aislamiento social, obligatorio y preventivo establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional, como consecuencia del COVID19. Sin embargo, la provincia decidió enviarlas sin ninguna justificación ni regulación que lo avale, hacia la ciudad de Buenos Aires”.

“El traslado compulsivo dispuesto por la provincia afecta la libertad de circulación, forzando a las personas a desplazarse sin información suficiente sobre las condiciones de ese desplazamiento ni el lugar preciso al que se las está llevando, ni cuál será el dispositivo previsto para su recepción en medio de una gran ciudad en pleno aislamiento social obligatorio. Además, las obliga a cumplir con una medida desaconsejada para el cuidado de la salud. Las políticas sanitarias vigentes en el país que restringen la circulación no implican, ni avalan, este tipo de medidas”.

“Las organizaciones ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales); CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales); y CAREF (Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes), presentamos un Habeas Corpus ante la Justicia Federal de Jujuy para conocer las razones del desplazamiento, el dispositivo dispuesto para garantizar que el traslado resulte seguro y las condiciones de recepción previstas para este grupo”.

“Esperamos que la Justicia analice esta situación que constituye una amenaza concreta y real de privación de la libertad ambulatoria así como una transgresión de todas las normas nacionales vigentes que preservan la salud pública en el contexto del COVID19” concluyeron.

Fuente: ANDHES