El Fiscal General Sergio Lello fue denunciado ante el Superior Tribunal de Justicia

El fiscal General Sergio Lello Sánchez quien conduce el Ministerio Público de la Acusación (MPA) fue denunciado por dos funcionarios judiciales y habría otros que realizarían demandas, debido a la violencia laboral que ejerce el funcionario ostentando su poder.

El MPA fue cuestionado desde su creación, en razón de las funciones que se le atribuyeron. Desde el 2015 con el inicio de la gestión del gobernador Gerardo Morales, el organismo fue el soporte para numerosas causas que se iniciaron, con diversas irregularidades, como investigaciones que cambiaban de fiscal sin aviso, y áreas que no realizan su tarea como debería ser, entre otras situaciones.

En los pasillos de Tribunales se vive desde hace tiempo un clima de “revancha” de algunos funcionarios judiciales respecto a la gestión de gobierno anterior a Morales. Y están al día las fuertes internas entre funcionarios de carrera y funcionarios del “partido gobernante” que ingresaron cuando se amplió el Superior Tribunal de Justicia y la estructura judicial.

Días atrás dos graves denuncias contra el Fiscal General fueron presentadas ante el Superior Tribunal de Justicia, STJ, que deberá investigar acusaciones por misoginia, violencia laboral, humillaciones, denigración, intimidación y mal trato contra una mujer.

Durante la última sesión ordinaria de la Cámara de Legisladores, la diputada Débora Juárez Orieta en su intervención hizo públicas las denuncias penales de los  funcionarios judiciales  Agustina Aramayo y Mateo Montiel contra el Fiscal General del MPA, presentadas  al Superior Tribunal de Justicia

“He sufrido el avasallamiento como diputada de mi domicilio por este funcionario judicial. Hoy vemos denuncias penales que comienzan a transparentar una gestión promiscua de esta persona.

Hago alusión para que los responsables, a partir de denuncias formales al Superior Tribunal  tomen las medidas correspondientes. Han avasallado al poder legislativo, con aprietes desde el poder ejecutivo y ahora lo hacen dentro del poder judicial. 

Hay gente con valor se animó a denunciar a pesar de los aprietes y mentiras. Funcionarias que son acosadas, perseguidas, mal tratadas. A los funcionarios corruptos se les debe poner freno. Quiero hacer público que hay personas con valor para  esclarecer lo que pasa en Jujuy defendiendo los derechos de las mujeres y jujeños,

A este señor se la da premio y más poder por corrupto. Pido a los jueces del STJ que hagan justicia como órgano de contralor”, fueron algunas de las expresiones de la legisladora.

Una de las denuncias contra el Fiscal General fue realizada por Agustina Aramayo, Secretaria del Ministerio Publico de la Acusación por las conductas de mobbing laboral y violencia de género del Fiiscal General Lello.

En una extensa demanda Aramayo relata hechos desde el 9 marzo del 2016 a la fecha, donde tuvo nueve traslados en ese ministerio. Cada relato de la víctima evidencia un alto grado de misoginia por parte del Fiscal con un trato degradante hacia la mujer.

En Jujuy somos pioneros en modelos pero no en el ejemplo, tenemos el primer Juzgado contra la violencia de género pero contamos con un Fiscal general discriminador, violento y misógino. Jujuy por primera vez tiene una mujer como presidenta del Superior tribunal y tenemos un Fiscal en el Ministerio Público que administra justicia con violencia a las mujeres.

Lo cierto es que el poder que se le ha otorgado a Sergio Lello Sánchez lo ha transformado en un mandamás de la justicia jujeña. Esta situación no es más que un problema político, ya que Lelo Sánchez responde al Gobernador quien lo designo

Repasando la denuncia, el fiscal General se atribuye el derecho de prohibir participar de una marcha bajo amenaza con sumarios administrativos.  Le pide a una subordinada “hacer la cama” a  otro funcionario. Emplea el insulto, y el mal trato como una forma de disciplinamiento de sus funcionarios.

La violencia laboral ejercida por el Fiscal General  no es nueva, ya era conocida pero nadie se había animado a denunciarla, y varios empleados judiciales optaron por callarse. Tal vez por miedo a perder el trabajo o por el temor a represalias; pero lo cierto es que contamos con herramientas judiciales y los funcionarios deben dar el ejemplo. Los títulos no hacen grandes a las personas deshonestas, los méritos profesionales se ven en lo cotidiano.

En la demanda presentada por la Secretaria del Ministerio Público de Acusación  se requiere que “El Superior Tribunal de Justicia de curso pertinente, a la presente denuncia de acoso laboral y violación de mis derechos laborales, por ser el órgano jerárquicamente superior para entender en la presente, sin perjuicio de iniciar las acciones laborales correspondientes”