JUJUY

Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc

El gobierno adjudica hoy los pliegos para la explotación de litio y las Comunidades están en estado de alerta

Las comunidades reiteraron su negativa a la explotación del territorio

El gobierno adjudica hoy los pliegos para la explotación de litio y las Comunidades están en estado de alerta

El gobierno de Jujuy debe adjudicar hoy los pliegos a los oferentes de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) para la prospección, exploración y factibilización de proyectos mineros en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Ante este hecho, las comunidades indígenas reiteraron las actas anteriores, donde se declararon en estado de alerta y movilización, bajo el lema “no al litio, sí al agua y la vida”.

El último sábado, las comunidades indígenas de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc realizaron una asamblea en un salón de la comunidad de Qera y Agua Caliente, ubicado en Loma Punta. En la misma, ratificaron la decisión tomada en el mes de febrero, donde se declararon en estado de alerta y movilización, repudio a las empresas megamineras y de litio, defensa del territorio.

Ese mismo documento, fue entregado al mismo gobernador Gerardo Morales, con quien interaron reunirse en dos oportunidades en la localidad de Saladillo. Ambos intentos de acercamiento fracasaron por la negativa del mandatario a acercarse al lugar.

Desde el gobierno, convocaron a las comunidades originarias a participar de una reunión en casa de gobierno, aunque estas ya habían comunicado que no realizarían conversaciones fuera de su territorio. Asimismo, en asamablea, también se había establecido que ninguna comunidad en particular está autorizada a aprobar, autorizar y/o mantener cualquier tipo de negocio con la Empresa ni con el Gobierno que lleven adelante esta actividad y en otras actividades que afecten negativamente al territorio. De hacerlo, toda negociación será nula en su totalidad y ningún comunero ni particular, ni instituciones, etc., está autorizado a mantener relaciones directas con autoridades del gobierno por temas referidos a la explotación de litio y otras megaminerías que sea perjudicial para las comunidades.