JUJUY

¿Y los aportes del movimiento de mujeres?

El gobierno de Morales quiere imponer su proyecto de emergencia en violencia de género en la Casa de Piedra

El proyecto que envió el Ejecutivo sería aprobado sin ninguna modificación, hay dos dictámenes de minoría, se conoce solo el del FIT

El gobierno de Morales quiere imponer su proyecto de emergencia en violencia de género en la Casa de Piedra

 

Mientras que la Comisión de Género de la Legislatura trabajó con organizaciones feministas para elaborar un proyecto colectivo con las inquietudes de la sociedad, el ejecutivo lanzó su propia iniciativa y pretende que sea el votado sobre otros.

 

El sábado se cumplió un mes del femicidio de Iara Rueda, hecho que impulsó que la sociedad exigiera la declaración de emergencia de género con mayor fuerza y que hizo que la Legislatura iniciara una jornada histórica de exposición de agrupaciones feministas para realizar sus aportes enriqueciendo el proyecto, pese a ello, el gobierno de Morales pretende imponer su iniciativa.

Hoy habrá reunión de Labor Parlamentaria para que fijen fecha de sesión para tratar el proyecto de la Emergencia por Violencia en género. Ayer hubo reunión de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Perspectiva de Género para avanzar en el consenso para la construcción de una ley que contenga los aportes del movimiento de Mujeres; pero el oficialismo no apareció.   

Fueron horas y horas que legisladores estuvieron escuchando las recomendaciones que realizaron ciento de mujeres en la Casa de Piedra para que se tomen en cuenta para la ley, cuestiones relacionadas a aspectos jurídicos, comunicacionales, operativos, entre otros puntos. Estas inquietudes y pedidos tenían el objetivo poder confeccionar un proyecto colectivo teniendo en cuenta las exigencias de la sociedad.

Fue el propio Gerardo Morales quien destacó la importancia de la contribución de las agrupaciones. Tratando de mostrar la preocupación del ejecutivo adelantó en una conferencia del COE que el ejecutivo también iba a presentar su propio proyecto de emergencia de género, aunque señaló que el mismo debía ser consensuado, es decir, se iban a tomar las consideraciones expresadas desde los diferentes colectivos.

Pese a ello, tras la presentación en la Legislatura del proyecto del gobierno, ahora el oficialismo intenta imponer cómo será la declaración de emergencia en Jujuy, dejando la Comisión de Género emita dictamen de minoría, es decir, dentro de la normativa enviada por el ejecutivo -de aprobarse- no se modificaría en nada.

Es decir, una vez más la Legislatura provincial aprobará con la mayoría del oficialismo un proyecto del ejecutivo provincial a libro cerrado, sin estudio ni modificación alguna. Así como sucede desde diciembre de 2015 la Casa de Piedra no debate proyectos. Serán los diputados del oficialismo que levantarán la mano para aprobar el proyecto de Morales.

Si bien el proyecto del oficialismo expresa en sus artículos algunos de los puntos exigidos por la Multisectorial de Mujeres -son 9 en total- lo cierto es que no detalla con exactitud qué se va hacer en lo que refiere a la implementación de programas para erradicar la violencia de género.

Lo único que establece es la creación de 3 centros de Atención Integral a la Violencia (Monterrico, Purmamarca y Yuto); la creación de partidas presupuestarias para los Juzgados en Violencia de Género (ya creados en 2015 pero que nunca funcionaron); creación de un registro único por denuncias en violencia de género; entre otros.

Sin embargo, uno de los ítems pedidos desde la Multisectorial y sufrió un leve cambio fue el que indicaba que no se permitiera incorporar a la función pública a varones que ejercieran violencia. Un tema no menor teniendo en cuenta los casos ya conocidos de Jorge Cabana Fusz (fallecido) , Néstor Navarro (ex funcionario del Ministerio de Seguridad) , Sergio Lello Sánchez (Titular del ministerio Publico de la Acusación), Pablo Baca (ex Juez Presidente del Superior Tribunal de Justicia),  entre otros que abonan la colección de violentos de la gestión radical. Pero también se suma el del abogado del propio Consejo de la Mujer, Martín Guerrero, que pesa sobre él una denuncia por violencia de género (Exp C088160/17).

Si bien Guerrero fue desvinculado por Alejandra Martínez, titular del Consejo, esta suspensión solo duró 2 semanas.

En este sentido, el proyecto dispone la inhabilitación para ejercer la función Pública “a todo funcionario público que tenga condena en primera instancia por delitos cometidos en ocasión deviolencia de género o por ser perpetrados contra personas del colectivo LGBTIQA+ enrazón de su orientación sexual, identidad y expresión de género queda inhabilitado para ejercer la función pública”.

Lo cierto, es que los tiempos procesales no son los tiempos de la violencia: mientras que las causas pasan años en los escritorios de las autoridades judiciales, los casos de violencia se multiplican día a día.

Si sirve el ejemplo de Martín Guerrero, hace 3 años tiene la denuncia por violencia, siendo que hasta la actualidad no tiene condena alguna. Traducido, puede cumplir un periodo de gestión sin que fuese apartado de su cargo, si se tratase de un cargo político.

Más allá de eso, precisamente será el Consejo de la Mujer -si se aprueba la ley del oficialismo- el órgano encargado de hacer cumplir todas las normativas, cabe la duda si estará a la altura de las circunstancias, teniendo en cuenta cómo ha sido su performance hasta el momento.

En lo que respecta a la desaparición de mujeres, niñas y personas del colectivo LGBTIQA+, además de las denuncias presenciales, ya sea en sede policial o judicial, también se dispuso que esta puede realizarse mediante la línea 911.

Aquí se establece que el protocolo de búsqueda se activará de forma inmediata (tal como lo establece la resolución N°51 del Ministerio de Seguridad desde 2017, pero que no se cumplió). La búsqueda se realizará a través del Comité Interinstitucional de Actuación en casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad- CINDAC.

Ante los repetidos casos donde se negó en primera instancia la recepción de denuncias de víctimas de femicidios, el proyecto también establece que “todo agente público de las fuerzas de seguridad de la provincia que se negare u obstaculizare la recepción una denuncia por violencia de género y/o vulneración de los derechos de la diversidad será pasible de una sanción de expulsión de las fuerzas si se acreditare su responsabilidad. Misma sanción tendrá quien no diere curso inmediato a las denuncias sobre personas extraviadas o desaparecidas a la Justicia y al Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad”.

El punto más relevante y decisivo que tendrá el Consejo de la Mujer será la de elaborar las un presupuesto para su funcionamiento -que debe incluir todos los programas que se lleven a cabo, como así también las campañas de concientización, etc.- para ser tenido en cuenta en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la provincia.

Dictamen de minoría

En tanto, desde los bloques opositores, emitirían dictámenes de minoría, el del FIT que ingresó la semana pasada a la Comisión de Género atiende a las necesidades urgentes que tienen las mujeres y personas de la diversidad víctimas de violencia. El bloque de la izquierda ya había anticipado que no había predisposición en avanzar en medidas de emergencia.

El punto más destacado del dictamen es la creación de un régimen de asistencia económica, ítem que no fue tomado en cuenta en el proyecto oficialista.

“Serán beneficiarias del presente régimen todas las mujeres y personas LGTBIQA+, solicitantes que hayan sido víctimas de violencia” indica en su segundo artículo. Dicha asignación será “una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual equivalente al costo de la canasta familiar. Incluirá también aportes a la previsión social y servicio de obra social gratuito, tanto para las solicitantes como para sus hijos, hijas, hijes u otras personas que tuvieren a cargo, y será percibida durante todo el tiempo en que se encuentren fuera de sus domicilios o lugares de residencia y/o hasta tanto consigan insertarse o reinsertarse laboralmente y percibir un salario no inferior al monto anteriormente referido, siendo responsabilidad del Estado garantizar la fuente laboral para quienes no la tuvieren” (art. 3).

Pero además, establece que el Estado provincial deberá garantizar una vivienda a quienes sufran este flagelo. En principio, permitiendo el acceso “inmediato a Casas refugio u Hogares transitorios y aviviendas dignas sin necesidad de denuncia previa. A tal fin, en todo el territorio provincial, y en un plazo no mayor a un (1) año, el Estado Provincial deberá garantizar la creación de Casas refugio u Hogares transitorios y un Plan deviviendas dignas, en un número no menor a una (1) casa refugio por cada 20.000 habitantes en zonas urbanas o en cada comisión municipal en zonas rurales”.

Si bien el ejecutivo dispone la creación de centros de refugio, sólo indicó que serán 3 y no detalla el tiempo que podrán estar allí, si sólo será para la víctima y sus hijos/as, entre otros aspectos.

En ambos casos, tanto el dictamen de minoría como el del oficialismo, apuntan a la necesidad de la creación de campañas de concientización en los medios de comunicación, sin embargo, desde el gobierno no establecen fechas, mientras que el proyecto consensuado dispone un plazo de 7 desde la aprobación de la ley, lo que implica una rápida acción. En tal sentido, también establece un cupo laboral equitativo en los medios de comunicación entre géneros. Eso sin desatender la necesidad de realizar acciones de capacitación e inserción y cupo de personas de la diversidad en el ámbito laboral, punto que no ahonda el proyecto oficialista, pese a que también nombra al colectivo LGTBIQA+.

Otro punto coincidente es la aplicación de la Educación Sexual Integral en la provincia.

Algunas diferencias, hoy se conocerá quizás el dictamen del Bloque justicialista, y se verá cual es el compromiso y el valor de la palabra del ejecutivo provincial, cuando habla de “buscar consensos”.

Las imposiciones parlamentarias no son más que un ejercicio de violencia política que está naturalizada, enquistada en la Casa de Piedra.



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