Desde que asumió su cargo como Gobernador de la Provincia de Jujuy Gerardo Morales, emprendió una cruzada contra la corrupción, especialmente denunciando supuestos desvíos de fondos públicos por parte de organizaciones sociales que pese a la gran cantidad de obras concretadas, también se habrían destinado al provecho personal de sus dirigentes.
De este modo se posicionó como el abanderado de la limpieza en las cuentas públicas de la provincia. Pero al parecer el estandarte del gobernador fue dejado de lado a la hora de designar a sus propios familiares para ejercer cargos en la función pública, de hecho varios de sus hijos y familiares cumplen cargos en la administración jujeña.
El caso más renombrado y cuestionado fue el de su hijo Gastón quien está al frente de “Cannabis Avatara”, la Sociedad del Estado que se ocupará junto a la privada estadounidense Green Leaf Farms International de sembrar y cosechar marihuana en Finca el Pongo para producir aceite de cannabis, aunque también con fines recreacionales según anuncian los socios americanos (uso vedado y penado por la ley para los mortales argentinos).
Otro de sus hijos, también cumple funciones en el estado jujeño, por designios paternos, y las condiciones en que ejerce su cargo, no cumplen los requisitos que establece la constitución jujeña. Y más aún su declaración juradada exhibida en la pagina web de la Oficina Anticorrupción de Jujuy sobre cargos que detenta de otra jurisdicción contiene datos falsos.
Facundo Morales fue designado por su padre el Gobernador Gerardo Morales como Coordinador del Ente Autárquico del Festival de Cine de las Alturas en Jujuy. Pero al mismo tiempo cobra un sueldo en la Defensoría del Pueblo de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires, cargo que es incompatible con el provincial, y que difícilmente pueda ejercer ya que debería cumplir funciones para el primero en San Salvador de Jujuy.
El Defensor de Pueblo de la Nación tiene una delegación en Jujuy, pero según consultas realizadas a la autoridad a cargo no conocen a Facundo Morales ni cumple ahí función alguna.
Pero además de existir una incompatibilidad entre su cargo provincial y nacional , el funcionario falseó la declaración jurada sobre los cargos que ejerce ante la Oficina Anticorrupción de Jujuy.
En la Declaración Jurada exhibida en la página web de este órgano de control Morales hijo declara que su trabajo en la oficina del Defensor del Pueblo de la Nación concluyó el 31 de enero de 2018 y que comenzó a ejercer su cargo como Coordinador del Ente Autárquico del Festival de Cine de las Alturas en Jujuy el 2 de febrero del mismo año.
Lo cierto es que esa relación laboral con el Defensor del Pueblo de la Nación no está extinguida. Facundo Morales continúa a mayo de 2019 cobrando un sueldo de la Defensoría Pública de la Nación.
Difícilmente pueda explicarse como cumple sus funciones en San Salvador de Jujuy y en la Ciudad de Buenos Aires al mismo tiempo como lo acreditan sus múltiples actividades locales al frente del Festival de Cine de las Alturas. Y como ya aclaramos no cumple funciones en la delegación local de esa defensoría.
Queda en claro entonces que el hijo del gobernador detenta cargos incompatibles, uno provincial como Coordinador del Festival de Cine y uno nacional en el Defensor del Pueblo de la Nación (sin explicar como ejerce ambos en distintas ciudades). Y además queda expuesto que mintió en su Declaración Jurada ante la Oficina Anticorrupción Jujeña.
Historia de un festival que no rinde cuentas
El festival de Cine de las Alturas comenzó a desarrollar sus actividades en el año 2014 en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y según lo define su página de Facebook “Cine de Las Alturas es el vuelo creativo que nos ubica en las alturas de Los Andes, columna vertebral de Latinoamérica, de la Antártida al Caribe.”
El Ente Autárquico para la administración del Festival Internacional de Cine de las Alturas, de acuerdo a la información de su página web se crea en 2016 a través de un convenio entre el Gobierno de la Provincia de Jujuy y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, “con la firme intención de dar visibilidad y difusión al cine de la región.”
Los Entes Autárquicos, de acuerdo a legislación jujeña, deben ser creados por un decreto o ley, tener un objeto o fin específico y tienen asignada una partida presupuestaria individualizada. Es decir, tiene poder de decisión autónoma sobre su objeto y lo más importante, sobre la forma en que gastan sus recursos.
Pero ni el decreto de creación de ese Ente Autárquico por parte del Gobernador ni la designación como coordinador de Facundo Morales aparecen entre los decretos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Jujuy. Sólo aparecen Declaraciones de Interés Provincial del Festival, y una modificación presupuestaria para el ejercicio 2016 por Decreto 1649/2016 del gobernador.
Los ingresos que percibiría y funciones que debe cumplir Facundo Morales como Coordinador del Festival, no han podido ser determinados ya que al día de la fecha ese Ente Autárquico no ha presentado su rendición de gastos ante el Tribunal de Cuentas de la provincia, como debe hacerlo toda entidad oficial. Según fuentes propias de ese tribunal tanto el decreto de designación de las autoridades como la rendición de sus ejercicios presupuestarios desde los años 2016 y 2017 significativamente e incumpliendo una obligación, aún no fueron presentados.
Incompatibilidad de larga data
Ahora bien de acuerdo a la citada Declaración Jurada ante la OA Jujeña, Facundo Morales comienza sus funciones como Coordinador del Festival en Febrero de 2018, pero según información de la página web de Prensa del Gobierno de Jujuy del 28 de Junio de 2017, el Festival de Cine de las alturas dictó un “Taller de Maquillaje” presentado por “el coordinador general del festival, Facundo Morales”. Es decir que la incompatibilidad entre cargos provinciales y nacionales proviene de una fecha aún anterior a la expresada por su falaz declaración jurada.
La Constitución de la Provincia de Jujuy establece en su artículo 62 la “Prohibición de acumular cargos o empleos y obligaciones de querellar” y expresa en su inciso primero que “No podrán acumularse ni retenerse cargos o empleos nacionales provinciales o municipales, salvo la docencia y las excepciones que la Ley establezca. Si hubiere acumulación o retención indebida, el nuevo cargo o empleo producirá la caducidad del anterior.” Es decir que la incompatibilidad exhibida por el hijo de Gerardo Morales está expresamente prohibida por nuestra Constitución.
Dura lex, sed lex
Vale recordar el decreto 93/2018, que lleva la firma del Presidente de la Nación y del jefe de Gabinete Marcos Peña que expresa: “Dispónese que no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el sector público nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el presidente y vicepresidente de la Nación, jefe de Gabinete de Ministros, ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro”, ordena la resolución en su 1° artículo. En ese marco, aclara que “quedan incluidos el cónyuge y la unión convivencial”.
Oportunamente ante esa decisión el Gobernador de Jujuy expresó enérgicamente que Jujuy es una provincia autónoma, desestimando el decreto nacional, puesto que a decir verdad los familiares directos de funcionarios están ubicados en el tope de la administración pública jujeña.
Ahora bien si hablamos de transparencia de un gobierno la vara debe ser igual para todos, en cualquier parte del país.
Y es difícil de entender como Gerardo Morales, el gran cruzado contra la corrupción en la gestión pública tiene una vista tan gorda cuando se trata de destinar fondo públicos nada menos que a su propia familia.
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