JUJUY

Criminalización de la protesta

Interés monetario y falta de garantías en los juicios a sindicalistas y opositores

La causa plantea que cada dirigente -son 15 en total- debe pagar una multa de alrededor de 250 mil pesos. Además, señalaron que el juez que lleva la causa pertenece al radicalismo

Foto: Facebook Juan Manuel Esquivel
Foto: Facebook Juan Manuel Esquivel

¿Cuánto es el gasto que representa al estado? Solo circo para recordar la vigencia del Código Contravencional en Jujuy.

El juicio contravencional que se inició ayer fue bajo varias irregularidades ya que los abogados defensores de 15 acusados plantearon una serie de nulidades al juez Matías Ustárez Carrillo, quien no dio lugar a los mismos porque pareciera que la urgencia es iniciar un proceso viciado, y que el único fin sería recaudar por cada acusado cerca de 250 mil pesos.

Los dirigentes sociales, gremiales, militantes rechazan el proceso por la criminalización de la protesta que realiza el estado provincial bajo un Código Contravencional impuesto y paralelamente perseguidos por el poder judicial.

El abogado defensor Ariel Ruarte quien representa a Santiago Hammud y Leonel Altamirano (referentes de la Tupac Amaru, Unidad Ciudadana) destacó que “Ustárez dice que los planteos se resolverán al final del juicio. Esta es una estructura que no es respetuosa del sistema constitucional, viola muchísimas normas”.

El jueves retoman la audiencia a las 16 horas, en el Instituto Superior de Seguridad Publica de Jujuy, y recién se conocerá las audiencias para este proceso, además se abre un periodo de reapertura de pruebas para que las partes ofrezcan testigos. En ese marco, Morales recuerda la vigencia arbitraria del Código Contravencional.

Los planteos realizados a Ustárez: “él no puede ser el juez del proceso porque es radical, y no puede emitir una opinión imparcial. Es un juez que no pertenece al poder judicial, no es un juez natural porque ha sido puesto por un sistema del Ejecutivo provincial que está defendiendo este hecho. Otro planteo es que no hay garantía constitucional, un juez está en la instrucción de la causa y en el juzgamiento debe haber otro para que no tenga prejuicio del proceso. En este hecho Ustárez sería el único juez” enumero el abogado alguno de los planteos.

Por otra parte, explicó Ruarte que las personas que están siendo perseguidas penalmente es por contravenciones y por el sistema penal de la provincia (Fiscales Lello Sánchez – Cussel), y está prohibida la doble persecución. Es decir, Ustárez sigue con el juicio en vez que lo siga Cussel en la órbita de la justicia provincial. Los dirigentes cuestionados fueron privados de su libertad por órdenes de Cussel por cuatro días”, recordó.

Ante esa situación, el juicio contravencional pone ante la sociedad el código Contravencional como receta disciplinadora de la sociedad con una gran multa a cada dirigente, es decir una sanción.

 Este juicio contravencional tiene un antecedente como fue el “acampe en plaza Belgrano por la Tupac Amaru” donde las actuaciones fueron nulas por la justicia provincial porque no tenía garantías constitucionales.

La causa de la persecución es la manifestación pública, el perseguidor es el Estado y los perseguidos son los manifestantes son los tres elementos que representa la paz para el gobierno de Gerardo Morales.