JUJUY

Hoy se reúnen trabajadores a las 11

Inusitado despliegue de las fuerzas de seguridad en Mina Aguilar

A horas de concretarse la asamblea general extraordinaria de trabajadores para discutir qué harán frente al cierre de la explotación, desde se apostaron patrulleros y camiones del ejército dentro del predio minero

Inusitado despliegue de las fuerzas de seguridad en Mina Aguilar

Tras recibir la difícil noticia que la empresa Glencore dejará de operar en Mina Aguilar, el sindicato AOMA convocó a una asamblea general extraordinaria para discutir con los trabajadores qué medidas tomarán ante la pérdida de su fuente laboral, reunión que se llevará a cabo hoy a las 11, aunque en medio de un clima de alta tensión frente al despliegue de las fuerzas de seguridad en el predio de la compañía.

Mientras que oficialmente el gobierno jujeño se comprometió a que trabajará para “salvaguardar los intereses del pueblo”, muy por el contrario, desde ayer comenzó el traslado a la zona de El Aguilar de personal policial, del Ejército, de inteligencia y Gendarmería, acompañado de patrulleros y camiones del ejército.

De hecho, ayer, Gerardo Morales mantuvo una reunión con representantes de la multinacional – Joaquín de los Hoyos, gerente general; José Hansen, asesor legal y Guillermo Apraiz, ejecutivo- junto con el secretario de Minería Miguel Soler, jefe comunal de El Aguilar Sergio Alejo y varios ministros - Exequiel Lello Ivacevich de Desarrollo Económico y Producción; Agustín Perassi de Gobierno y Justicia, como así también Normando Álvarez García de Trabajo y Empleo.

Durante el encuentro, según consignó el portal gubernamental Prensa Jujuyel gobernador Morales instruyó a los miembros del Gabinete para que se comience a trabajar en la búsqueda de una estrategia de contención productiva y social para la comunidad” y así llevar “tranquilidad a los más de 630 trabajadores, asegurando que nación, provincia y municipio conjugarán esfuerzos por el futuro del pueblo de El Aguilar”.

Sin embargo, el despliegue de las fuerzas de seguridad e inteligencia parece demostrar todo lo contrario.

Frente a ello, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremiales y políticas indicaron “hacemos responsable al gobierno provincial de cualquier acto que genere represión, conflicto, intimidación, atropello de derechos laborales y/o sindicales o cualquier tipo de persecución, privación de la libertad o amedrentamiento sobre mineras y mineros”.