Jujuy: la doble moral sobre el cannabis medicinal

*Por Paloma Sneh

Psicóloga, posgrado en sistema endocannabinoide, periodista

Albert Einstein dijo alguna vez que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. La independencia de pensamiento respecto de la ciencia médica y su función social en cuanto a bregar por el bienestar de todas las personas de la sociedad, está hoy interpelada por la medicina que, indudablemente, es la esperanza y la realidad de muchas y varias patologías: la planta de cannabis sativa. O más específicamente, sus principios activos.

En marzo de 2017 fue sancionada la ley de investigación médica y científica de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Pero su normativa deja afuera el autocultivo con fines medicinales. ¿Cómo se traduce esto? Cultivar plantas de cannabis en los patios o jardines de las casas para uso personal y/o terapéutico, sigue siendo un delito.

A casi 3 años, existe un Programa Nacional a través del cual se aplica la ley 27. 350, pero sólo contempla el uso del cannabis medicinal en los casos de epilepsia refractaria. Este hecho, sumado a los costos elevados del aceite importado y la cruel e inerte burocracia para su acceso, revela la acción poco responsable de un Estado que lejos de ser benefactor, es coercitivo del derecho de las personas al acceso a medicación para mejor su vida y su salud.

Dolor crónico, cáncer, HIV, epilepsia, autismo, diferentes síndromes y muchas patologías más ya están siendo tratadas con creciente éxito con cannabis. Organizaciones de madres y padres luchadores por el acceso al cannabis de sus hijos con autismo, epilepsia y otras patologías y usuarios que reivindican la planta como la única salida que encuentran a la inefectividad obsoleta de los medicamentos tradicionales. Y Argentina sigue sin proyectos tangibles para habilitar espacios oficiales donde cultivar y producir el extracto para investigación, en una especie de tire y afloje obsceno entre un Estado arbitrario y ausente y una población que demanda el genuino derecho de acceso a la salud. 

Los cultivadores solidarios son, mientras tanto, la punta de iceberg para estas poblaciones que no dejarán de ir tras la búsqueda de su cannabis. En este marco deviene la historia de Esteban Gago y Rodolfo López, dos jóvenes, habitantes de la quebrada jujeña, que fueron imputados por siembra y cultivo de marihuana. Cumplieron un año de prisión preventiva y ahora, en libertad, defenderán su derecho a proveer de la medicina a las personas que lo requieran. Presos en la misma provincia que se rasga las vestiduras por la “posesión de estupefacientes” a la vez que permite en su propia tierra que suceda el “primer cultivo de marihuana argentino” para elaborar medicina, encabezado, en un evidente acto de clientelismo, por el hijo del Gobernador Gerardo Morales, Gastón Morales, llevado adelante por la empresa Avatara y con el aval de la ministra de seguridad actual Patricia Bullrich, con financiación de una compañía estadounidense.

Una mascarada, si se tiene en cuenta el estilo como se montan los operativos “narcotráfico” avalados por el aparato de la ministra en cuestión, que ubica a los cultivadores solidarios como narcotraficantes dignos de ser castigados.

Es innegable la mejor calidad de vida y los múltiples beneficios para la salud que ya está dando la planta de cannabis a una población cada vez mayor. Argentina tiene potencial tanto humano como geográfico para llevar adelante cualquier emprendimiento que contemple como fin proveer de cannabis medicinal tanto al usuario, al mercado o a las obras sociales, a la vez de que generaría una fuente de trabajo de horizontes prósperos. Especialistas, cultivadores y estudiosos de la planta de cannabis argentinos son convocados ya de todas partes del mundo por su saber hacer y su expertise. El primer cultivo en Uruguay luego de la legalización en el país del Pepe Mujica fue realizado por un argentino. Pero el aparato estatal y judicial sigue prefiriendo la doble moral discursiva, avalando este tipo de proyectos unilaterales de capitales extranjeros y encarcelando cultivadores que son tratados como narcotraficantes, ninguneando el potencial nacional para llevar adelante este y otros emprendimientos.

El cannabis llegó, con su milenaria historia de antigua medicina para interpelar a la ciencia como pocos descubrimientos lo hayan hecho antes. La Ley de Uso Medicinal debe acompañar esta revolución sanitaria y debe regularse para que el autocultivo también deje de ser delito, en el marco de una experiencia de producción nacional de cannabis medicinal.

Esteban Gago y Rodolfo López, lejos de ser imputados, deberían ser invitados a participar y a compartir su experiencia en el proyecto del señor gobernador Morales, en la misma provincia que los condena por contribuir, desinteresadamente, medicina y salud a través de la planta de cannabis.