JUJUY

El próximo martes 26

La justicia desalojará a unas 100 familias campesinas en Palpalá

Es por pedido de la Inmobiliaria Sucre, que plantea quedarse con más de 80 hectáreas que fueron declaradas como “área de producción periurbana de agricultura familiar

Foto de archivo
Foto de archivo

Continua el avance sobre territorios indígenas en distintos puntos de la provincia, y esta vez, son unas 100 familias campesinas de la comunidad indígena Mayu Los Alisos en Palpalá, las damnificadas, ya que la justicia los desalojará de sus territorios a pedido de una inmobiliaria el próximo martes 26.

El conflicto nace en abril de 2019, cuando Simón Grinda y Alfredo González representantes de la inmobiliaria SUCRE, se presentaron en el lugar, unas 80 hectáreas en los márgenes del Río Los Alisos, junto con un fiscal y agentes de la policía para informar a las familias que viven allí, que debían retirarse, aduciendo que la inmobiliaria era propietaria del terreno.

En aquella oportunidad las familias se negaron a retirarse e informaron que desde hace 30 años viven allí, dedicándose a la producción agroecológica, actividad por la cual, el Concejo Deliberante de Palpalá, en el año 2015, reconoció que se trata de un área de producción de agricultura familiar (ordenanza municipal N°1156).

El hecho se vio agravado, cuando a fines del mes de junio, la inmobiliaria envió topadoras y desmontó 2 hectáreas, que estaban dedicadas al pastoreo. Desde esa oportunidad, las familias se declararon en estado de alerta y movilización, además de hacer vigilancia en el lugar para evitar el avance del desmonte sobre el territorio, de la cual tienen posesión y ocupación ancestral y pacífica por parte de la Comunidad Mayu Los Alisos.

Cabe destacar, que las familias se dedican al pastoreo comunitario de sus animales y siembra de zapallos, maíz, maní o cayote en época de lluvias.

El juez penal Jorge Zurueta, quien está a cargo de la causa, desconociendo las leyes que defienden los territorios campesinos e indígenas (Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena; Ley 27.162 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar; entre otros convenios con la OIT), ordenó en varias oportunidades el desalojo de las familias, siendo hasta el momento, frenados ante la presentación de recursos de amparo o pedidos de suspensión por parte de la propia inmobiliaria.