JUJUY

Presentó un pedido formal

Morales y la coca: más demagogia y doble discurso

El mandatario expuso en conferencia que pedirá que sea entregada las hojas incautadas a la provincia, pero, la decisión no depende de él, sino de un juez y de la Aduana

Fotomontaje Jujuy Dice
Fotomontaje Jujuy Dice

Demagogia (definición): "empleo de halagos, falsas promesas que son populares pero difíciles de cumplir y otros procedimientos similares para convencer al pueblo y convertirlo en instrumento de la propia ambición política."

Así puede entenderse el anuncio que hizo Gerardo Morales respecto al pedido que realizó a la Justicia Federal para que las hojas de coca que fueron incautadas en diversos procedimientos, sean entregadas al gobierno provincial con el objetivo de distribuirlas gratuitamente. Dicho pedido se asemeja más a un deseo de campaña política y un mensaje populista.

Mientras Morales pretende complacer a los ciudadanos Jujeños para que puedan continuar con una práctica de hondo sentir y gran trayectoria cultural por otro lado , pese a haber tomado la deuda más grande de la historia de Jujuy, ha desdoblado el pago de sueldos estatales por primera vez en 22 años. 

Y es que concretar esta propuesta no depende de él, sino que es competencia de otro poder del estado –división que tal vez al gobernador le cuesta entender- como la justicia federal y la dirección de Aduana dependiente del ejecutivo nacional.

El secuestro de las hojas de coca se produce cuando hay un delito de “contrabando de importación menor”, en ese caso la Fiscalía Federal retiene ese vegetal y queda a disposición de un juez de esa jurisdicción hasta que se dicte una sentencia.

De manera que el pedido del gobernador depende de un juez, incluso, pudiendo llegar a intervenir la Corte Suprema para autorizar el pedido soñado de Morales ante la escasez de coca.

En lo legal, la letra indica que “el juez dispondrá la destrucción por la autoridad nacional correspondiente de los estupefacientes en infracción o de los elementos destinados a su elaboración (…) las especies vegetales de Papaver somniferum , Erithroxylon coca Lam y Cannabis sativa se destruirán por incineración” (artículo 30 de la Ley de Estupefacientes 23.737).

Sin embargo, la misma ley es confusa o contradictoria, puesto que en el artículo 15, se establece que “la tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes”.

Con el vacío legal sobre cómo se accede a la hoja ancestral de la cultura andina, es necesario que el pedido del gobernador pase por los órganos del poder judicial respecto a los bienes incautados.

A modo de ejemplo, para que un juez disponga de un vehículo secuestrado debe pedir autorización a la Corte y al Consejo de la Magistratura.

La provincia tuvo un cuestionamiento similar en el MPA, a cargo del polémico fiscal general Sergio Lello Sánchez, cuando se disponía de vehículos secuestrados y tuvieron problemas con el Superior Tribunal de Justicia por los vehículos decomisados. Si vale comparar elementos decomisados no es un tema liviano.

Además, la intención manifestada por Morales encuentra otro obstáculo porque las hojas de coca tienen un doble régimen uno es la justicia y otro en Aduana.

Tal como señaló un funcionario judicial, la incautación del vegetal responde a un ilícito o una infracción aduanera, y por lo general, se decomisa y se destruye.

Sin embargo, señaló que los decomisos que están realizando la Policía de la provincia tienen otro trasfondo y aclaró que la tenencia de la hoja de coca “no es delito, ni infracción, ni tampoco es competencia de la Policía de la provincia” subrayando que es una cuestión de competencia federal.

Otro de los puntos que apuntó el letrado, es que “la hoja de coca para la ley no es un estupefaciente, es materia prima para la fabricación de estupefacientes” y detalló que si una persona tiene hojas de coca en su domicilio pero no hay ningún precursor químico, no es delito esa tenencia, y lo comparó con la causa iniciada a Esteban Gago y Rodolfo López por poseer plantas de marihuana con fines medicinales, causa de la que fueron absueltos.

“En este caso, la hoja de coca tiene menos legislación, menos regulación que la marihuana y es para el uso del coqueo, está lejos del estupefaciente, es materia prima pero tiene que tener el fin” para ser considerado un delito, aclaró.

 Respecto a la presentación de Morales, el funcionario judicial indicó “es un pedido formal a la justicia federal, ahí es el juez el que se expedirá, o en su caso, con los que son infracciones, donde no entra la Justicia Federal sino directamente Aduana”.

Es decir, en ninguno de los casos, la decisión depende del gobernador, pues no es su competencia, y tal como señaló el letrado su resolución “no es cosa sencilla”.

La intención expresada por el gobernador pone de relieve un problema que no está solucionado en la legislación argentina, y una doble moral del discurso oficial. Si las hojas de coca y su consumo son legales, ¿Cómo es que, pasando cierta cantidad, su traslado y comercio son ilegales y se convierten en tráfico?

En el altiplano boliviano, y lo que es Jujuy, Salta particularmente la hoja de coca su uso y valor es ancestral y no tiene cuestionamiento. Es parte de la cultura andina, una planta medicinal con múltiples beneficios, propiedades para la salud y para ceremonias milenarias

Si aceptamos el consumo de una sustancia como legal, es necesario que los medios para su libre provisión y comercio también sean legalmente regulados y establecidos, pero estos últimos términos siempre permanecieron en una especie de claroscuro legal. Y lo cierto es que en última instancia ese consumo se alimenta del contrabando para decirlo con todas las letras.

Un problema similar se asoma en el horizonte del estado, y el jujeño en particular, con la producción y suministro de marihuana, tanto para uso medicinal como recreativo. ¿Cómo es posible que un estado produzca de forma una sustancia para ser comercializada en otros países, tanto con fines medicinales como recreativos, mientras sus propios ciudadanos son penados por la ley y encarcelados por tener y consumir los productos de esa misma planta, con los fines que fuere? ¿Es que lo que es bueno para el extranjero no es bueno para los jujeños porque somos ciudadanos de segunda?

Es hora de empezar a mirar proyectos de legalización como el de Uruguay que de la mano del estado generó una alternativa tanto productiva como de provisión regulada para sus consumidores.

¿O es que sostendremos para siempre el doble discurso del ocultamiento, que alientan el contrabando y el tráfico para que una sociedad se provea de las materias primas y sustancias que consume?



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