Oficina Anticorrupción: irregularidades y falta de control

PRIMERA PARTE

En el año 2015, la provincia de Jujuy, creó la Oficina Anticorrupción (OA), organismo, que tiene entre otras funciones, prevenir la corrupción y promover la transparencia en la gestión pública, además de recibir denuncias sobre incumplimientos al Régimen de Ética Pública de la Provincia.

Sin embargo, la OA desde su inicio, incumple con los propios requisitos dispuestos en la Ley N°5885 que creó al organismo. Según expresa el artículo 4 (capítulo 3, Ley N°5885) los requisitos para poder ser designado/a como fiscal de la AO, son:

-ser argentino/a o nativo/a, con al menos 10 años de residencia en la provincia

-poseer título de abogado/a o contador/a nacional público, con 8 años mínimo de ejercicio.

El fiscal de la OA, el radical Joaquín Quintana Millón, desde que asumió, incumplió con ambos requisitos.

Apenas creado el ente, supuestamente independiente de los otros poderes, el gobernador Gerardo Morales, designa, y luego fue refrendado en la Legislatura, como Fiscal General de la OA a Joaquín Quintana Millón, quien, hasta ese entonces, trabajaba en la Auditoría General de la Nación, con el auditor radical Alejandro Nievas, socio político del propio Morales.

Es decir, Millón, por ese entonces no vivía en la provincia desde el año 2009, y sólo volvió a Jujuy al saber que iba a ser nombrado para hacerse cargo de ese organismo, incumpliendo el requisito de los 10 años de residencia en los últimos años.

Además, se suma que ese cargo debería estar ocupado por la oposición, como se estableció en la OA de la nación. Pero, el gobierno de Morales, copió los malos ejemplos de su líder político Mauricio Macri, quien designó a Laura Alonso, fiel defensora macrista, que, además, tampoco cumple con los requisitos establecidos por la propia oficina: ella es Licenciada en Ciencias Políticas, y no abogada, como indica la ley del organismo nacional.

Así, Joaquín Quintana Millón es un fiel reflejo de su par Laura Alonso, quien desiste de investigar los posibles actos de corrupción que envuelve al presidente Mauricio Macri y a los funcionarios de su gobierno que tengan algún tipo de conflicto de intereses, por ser parte del Estado, y a su vez, ser proveedores del mismo Estado.

De esta manera, la designación de Millón en la OA deja dudas sobre si puede cumplir con otras de las funciones establecidas para el ente: la de diseñar programas de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia en la gestión pública