JUJUY

Señalaron la imparcialidad en la justicia local

“Protestar es un derecho”, el manifiesto de la CTA Autónoma por el juicio contravencional

Esta semana se retomaron las audiencias a dirigentes por las manifestaciones realizadas en 2018, en el marco de la apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura, juicio que impone multas de unos 250 mil pesos para los acusados

Foto: ANCLA
Foto: ANCLA

 

Fue el 10 de febrero de este año, que la justicia local inició un juicio contravencional a dirigentes políticos, gremiales y sociales por las manifestaciones que hicieron en la apertura de las Sesiones Ordinarias de la Legislatura provincial, oportunidad en que manifestaron su total rechazo a la política de ajuste del gobernador Gerardo Morales, juicio que esta semana retomó las audiencias, por lo que el gremio CTA Autónoma de Jujuy tildó como una forma de castigo y silenciamiento.

A través de un documento firmado por su secretario general Fernando “Nando” Acosta, el manifiesto señala “las audiencias se realizan nuevamente en instalaciones del Instituto de Seguridad Pública (Escuela de Policía), en una clara demostración del estado policial, que Morales instaló en la provincia desde que asumió”.

Asimismo, aclaró “en la primer y segunda audiencia, los abogados defensores presentaron distintas impugnaciones y planteos, que fueron rechazados de cuajo, por el Juez Contravencional, Dr. José Matías Uztarez Carrillo, militante radical nombrado por Morales en enero de 2016”.

Es que para el gremio “las intenciones de Ustarez, de acuerdo a lo manifestado, apuntan a multar a los dirigentes, con multas que ascienden aproximadamente los 250.000 pesos, por el solo hecho de protestar” subrayando que “es un derecho”.

Por lo que consideran que este juicio contravencional -que tiene a 15 acusados- es una demostración que “las intenciones de Morales son las de castigar y tratar de acallar las voces de quienes no le permitirán seguir con tarifazos, congelamiento salarial, negociados y con cárcel a los presos políticos de Jujuy; en un juicio, que aparentaría ser otra muestra de la parcialidad de la justicia jujeña”.

Fue el lunes de esta semana que fue citado a declarar en la audiencia final el dirigente social Santiago Hamud, quien expresó en sus redes sociales “no es casual que el emperador nos cite justo ahora que pusimos en marcha un plan de lucha por una navidad sin hambre en nuestros barrios. Gerardo Morales tiene que entender que no hay causa, persecución, ni aprietes que nos hagan bajar las banderas de lucha por una vida digna”.

Junto a Hamud, otros de los sindicados en este juicio contravencional fueron el secretario gremial de la CTA A Matías Brizuela, como también dirigentes gremiales de ATE, Luz y Fuerza, ATSA, CEDEMS, ADEP, organizaciones sociales como el Movimiento Evita y la CCC, como así también referentes de partidos de izquierda.

Recordemos que el juicio se remonta a los hechos ocurridos el 4 de abril de 2018 cuando se realizaba a la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial.

En esa oportunidad, el Frente Amplio Gremial junto a distintas organizaciones sociales, de trabajadores, de estudiantes, de mujeres, partidos políticos y un sinnúmero de personas, se concentraron para manifestar, su enojo y malestar ante la gestión de Gerardo Morales.

La respuesta del gobierno provincial fue un desmedido operativo policial y posterior represión.

10 días después, en operativos realizados en horas de la madrugada, efectivos policiales llevaron a cabo la detención de los dirigentes que habían participado de la manifestación.

A partir de allí, se les inició una causa contravencional, que tuvo 2 audiencias, que se iban a extender hasta el 28 de marzo de este año, antes de que prescribiera la causa. Sin embargo, en el marco de la pandemia, el proceso judicial se extendió hasta estos días.

Los delitos que se le imputan a los acusados son: ocupación del espacio público y portación de elementos contundes y explosivos.

Por aquel entonces, el abogado defensor Luis Paz había señalado “la ley contravencional en Jujuy tiene un tinte fascistoide. Hay que recordar que entre los miembros que trabajaron en la redacción de esta norma se encontraba Lello Sánchez, Pullén Llermanos, eso denota el carácter persecutorio de la ley. Lo que hace el empleado de Gerardo Morales el juez de la causa –Ustárez Carrillo- no hace más que confirmar la persecución a las organizaciones sociales, políticas y sindicales. Entiendo en esta segunda audiencia que la sentencia está escrita”.