Una sesión bochornosa al límite de la democracia

Así paso la sexta sesión, con las mismas irregularidades que se viene sucediendo y hasta parece gracioso, que una vez más, los proyectos ingresan por la ventana fuera de tiempo, sin estudio, sin consenso, y obviamente, pone de rehenes a los ciudadanos.

Mientras avanzaba el tratamiento del orden del día se conoció a través de un legislador oficialista el ingreso de dos expedientes sobre tablas, estos eran pedidos de juicio político: uno al fiscal general Alejandro Ficoseco ante el Tribunal de Cuentas (presentado por Romina Paola Flores); y otro, un juicio político a integrantes del Tribunal de Cuentas periodo 2012-2015, (presentado por Vanesa Luciana Velázquez). Los mismos no tenían texto ni detallaban los fundamentos en que se basaban esos pedidos de juicio político.

Desde la oposición señalaron que quien impulsa el juicio a los vocales del Tribunal de Cuentas es el propio gobierno. Se trataría de un “apriete” para que aprueben al gobernador Morales cuentas de su administración con muchas irregularidades y puntos oscuros.

Los vocales del Tribunal de Cuentas tienen el estatuto de los jueces, es decir, que no pueden ser removidos mientras tengan un correcto ejercicio en su función y por eso el gobierno apelaría al Juicio Político, con el propósito de cambiar a los vocales opositores que puedan controlar a Morales, antes de que cambie la composición de la Legislatura.

A pesar de esa situación la sesión continúo sin generar alguna reacción en el oficialismo. Se aprobó el decreto del ejecutivo que ratifica a las reservas minerales que contengan litio, como recurso natural estratégico generador del desarrollo socio económico de la provincia.

 El decreto despertó el rechazo de la oposición por el peligro que implica para el medio ambiente el proceso de evaporación de agua con el que se extrae actualmente el litio. “En la Puna existe un grave problema de abastecimiento de agua y esto no hace más que profundizarlo”, expresó Iñaki Aldasoro del PO.

Por su parte, el legislador Esquivel manifestó que la provincia ya había declarado mineral estratégico al litio y que había propuesto un Comité de Expertos de diferentes sectores de la investigación para que emitan opiniones sobre la extracción, destacando que no hay registro de ese comité de expertos, que no hubo seriedad en el proyecto de extracción. Y entre otras posiciones no acompañaba en la votación.

El diputado Luis Cabana, del PJ, expuso una investigación del experto Marcelo Sticco en el salar que sostiene que la explotación del litio puede generar la destrucción de la flora y fauna silvestre, además de la contaminación del agua. En ese sentido dijo que la evaporación del agua puede ocasionar daños irreparables en el ecosistema de la puna jujeña y que hay otros métodos para la extracción.

La diputada Natalia Morales sostuvo que las comunidades indígenas de esos territorios están siendo avasallas en sus derechos y que son ellas las que deben determinar que realizar.  Esto como consecuencia a la falta de consulta libre previa e informada a las comunidades ante varios proyectos.

El presidente del bloque oficialista, Alberto Bernis, minimizó el decreto del ejecutivo con la excusa de ser un proyecto que busca generar una actividad sustentable y regulada por el estado provincial. La medida busca fortalecer la producción, las comunidades y a la empresa JEMSE, finalizó el jefe del bloque radical además confirmo que “no existió el Comité de Expertos” al que hizo mención Esquivel. De esta manera, se aprobó como ley 6138, con los votos de oficialismo, a las reservas minerales que contengan litio, como recurso natural estratégico de la provincia.

También se aprobó un proyecto de desarrollo de fuentes de energías renovables, bajo el número de ley 6141, y luego la ley 6142 que incluye a la localidad de Bárcena como capital provincial del Yacón.

En esta sesión no fue parte del orden del día las 1000 ha del Parque Nacional Calilegua cedidas por el gobernador y la Administración de Parques Nacionales al JEMSE.