Carlos Lopez de Belva
Abogado

miembro del Comité de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de la Asociación Americana de Juristas - Rama Argentina


Las instituciones de la democracia hoy, resurrección y crisis terminal.

18/03/2019. Sobre el intento de remoción del Juez Alejo Ramos Padilla por el Poder Ejecutivo

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de la Asociación Americana de Juristas se han elaborado diversos documentos y encarado distintas acciones, con motivo de la vulneración de las garantías individuales y colectivas básicas de un estado de derecho constitucional, verificadas en la República Argentina, responsabilizando a autoridades nacionales y provinciales.

En lo que hace concretamente a nuestra actividad como abogados, en el mes de agosto de 2.018, la AAJ elevó una petición al Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Sr. Diego García-Sayán. Allí se expresó: “nos dirigirnos a Usted  solicitándole intervención en la situación que afecta grave y notoriamente la independencia judicial en la República Argentina habida cuenta de una gran cantidad de hechos reveladores de una clara política de estado de dominación y control del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que se describen a continuación.

Nuestra intervención tiende a llamar su atención, solicitándole evalúe formular una comunicación urgente al Estado Argentino sobre la situación general de vulneración sistemática de la independencia judicial”. Entre los numerosos casos, algunos vinculados a la Provincia de Jujuy por vulneración a las garantías de defensa en juicio, presunción de inocencia, acceso a la jurisdicción y al ejercicio de la defensa por parte de abogados y abogadas hostigadas por autoridades provinciales, judiciales y de organismos de seguridad.

No hace al fin de esta nota explayarnos sobre el extenso contenido de la denuncia, que se refiere a los casos de la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; al intento del Ejecutivo de designar en comisión y por decreto, a dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; a avances sobre la integración del Consejo de la Magistratura; a la estigmatización del fuero laboral, jueces, abogados y abogadas litigantes en el fuero; a persecución de abogados y defensores de los derechos humanos; a presiones sobre magistrados y fiscales; a la intromisión grave del Ejecutivo en cuestiones en trámite por ante nuestros tribunales.

Concluye: “La Asociación Americana de Juristas acude  a Ud. en pos de una comunicación urgente al Estado Argentino que ponga de resalto la situación general de vulneración sistemática de la independencia judicial y al intento de disciplinar a los jueces competentes  y a los abogados de derechos humanos”

Los diagnósticos negativos en cuanto a la vida institucional argentina, elaborados por ambas organizaciones, desde que asumieron las actuales autoridades se vieron lamentablemente superados por la dura realidad actual.

Para no extendernos en demasía, nos limitaremos a situación de gravedad institucional surgida a la luz a partir de las investigaciones que lleva adelante el Juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, que va desnudado – por lo que ha trascendido – una peligrosísima trama de espías a particulares, funcionarios y magistrados judiciales, abogados, periodistas, políticos, de dimensiones todavía desconocidas.

La existencia de un sector del poder judicial infectado por los servicios de inteligencia y actuando en complicidad con algunos periodistas, habría presionado a personas, para direccionar investigaciones judiciales en un sentido ajeno a la búsqueda de la verdad que debe orientar a los procesos judiciales. Esto, verdaderamente espanta.

Lo que se espera; por la salud de la República y las instituciones de la democracia, es que las máximas autoridades del país y del Poder Judicial impulsen, apoyen, protejan la investigación de estos gravísimos hechos para así proteger a la ciudadanía que hoy se encuentra con las garantías jurisdiccionales sumamente debilitadas.

Lamentablemente lo que se ha visto hasta ahora, es exactamente lo contrario.

El Juez Ramos Padilla ha denunciado ante el Congreso Nacional injerencias de potencias extranjeras, en causas judiciales tramitadas en nuestros tribunales,  con grave afectación de la soberanía nacional. Para saber si esto es cierto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe intervenir en uso de sus facultades constitucionales. Hasta ahora no ha sucedido.

El Procurador General de la Nación, atento estar aparentemente involucrado cuanto menos un Fiscal Federal, debe ordenar las medidas que corresponden para asegurar el buen funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. No ha ocurrido.

El Poder Ejecutivo, debería apoyar la investigación con todos los medios a su disposición para proteger a la ciudadanía de lo que parece ser una nefasta red paraestatal de espionaje y extorsión que estaría integrada por nada menos que magistrados y funcionarios judiciales, periodistas, políticos y servicios. No ha ocurrido. En cambio, el Presidente de la Nación instruyó al Ministro Germán Garavano para que impulse ante el Consejo de la Magistratura, la remoción de Alejo Ramos Padilla. A la par, recusó al magistrado por falta de imparcialidad, con lo que pareciera sentirse parte en la investigación y no precisamente como damnificado.

El Servicio Penitenciario Federal se negó a llevar al procesado Marcelo D’Alessio para que comparezca ante el juez que había requerido su presencia, aduciendo cuestiones presupuestarias, lo que aparece como una burla que ofende la inteligencia del ciudadano menos avisado.

Las instituciones de la abogacía deberán adoptar medidas urgentes que estén a la altura de las gravísimas denuncias acerca de maniobras ilícitas de espionaje y armado de causas judiciales para presionar a profesionales del derecho y sus asistidos, ya sea para condenar o presionar a inocentes o para encubrir y proteger a culpables. Estas maniobras; de probarse en sede judicial, como corresponde, implicarían gravísimas afectaciones a las garantías de acceso a la jurisdicción idónea, imparcial  e independiente que se encuentran consagradas en la Constitución Nacional y en los Tratados a ella incorporados por la reforma de 1994 y compromete, una vez más, el prestigio de la Nación argentina ante los órganos regional y universal de contralor de los DDHH.

El Congreso de la Nación, el poder judicial y el Poder Ejecutivo tienen el compromiso de coadyuvar a la investigación de estos hechos y deslindar sus respectivas responsabilidades, hasta ahora seriamente afectadas por un estruendoso silencio que hiere los oídos de los que estamos comprometidos con una democracia que tantas vidas costó recuperar luego de la larga noche del terrorismo de Estado.

Si así no fuera, las instituciones del Estado de derecho; en especial por la gravedad que implica, las jurisdiccionales, quedarán heridas de muerte.

Hora es que la sociedad, en su conjunto, para su bien y el de las generaciones venideras, tome cartas en tan grave asunto y se movilice exigiendo una investigación seria, profunda, imparcial, que no deje dudas en cuanto a culpables e inocentes y que aquellos lo paguen, en el marco de la ley que habrían groseramente despreciado.-

 

(*) Abogado, miembro del Comité de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de la Asociación Americana de Juristas - Rama Argentina



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