Mariano Fusero
Abogado, Presidente de RESET - Política de Drogas


Cannabis medicinal
Las personas fueron condenadas a la clandestinidad

05/05/2019. Pese a la ley, las condiciones de las personas que necesitan del aceite de cannabis, ha empeorado

¿Por qué se marchó en todo el país?

Ayer se marchó para visibilizar los derechos de las personas consumidoras de cannabis y en repudio de la desatención cíclica de las autoridades públicas a sus reclamos. Se exige principalmente una regulación integral de la planta con fines terapéuticos, industriales y recreativos, la no criminalización de actos de consumo (autocultivo y tenencias) conforme lo ha exigido la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace diez años en el fallo "Arriola", el fin de los allanamientos y criminalización de usuarixs y cultivadorxs, y una política de drogas sensata, eficaz, basada en evidencia y respetuosa de los derechos humanos, como deuda de nuestra democracia. Se reclama en definitiva por el derecho a la autodeterminación personal, a la libertad, a la privacidad, al goce, al placer y a la salud integral. Se repudia las campañas demagógicas y punitivas contra las personas que usan cannabis, simulando dar batalla al narcotráfico mediante la criminalización selectiva de usuarixs y la dilapidación de recursos públicos en tales causas, en desmedro de la prácticamente inexistente persecución a los grandes eslabones de la cadena de tráfico. Para figurar ello, cada lector debería interrogarse si conoce causas de personas consumidoras cannabis que hayan sido criminalizadas por tener o cultivar la sustancia. En cambio, cabría interrogarle al mismo lector si puede nombrar al menos una causa de lavado de activos o tráfico en gran escala.  Los recursos puestos en la criminalización absurda e inconstitucional de usuarixs, son los que faltan luego para investigar causas de verdadera entidad y gravedad social. Ya no hay excusas para continuar con esta estrategia fallida que se sostiene meramente por cierta connivencia policial y estatal con el crimen organizado. Una ley de financiamiento de los partidos políticos, el control institucional de las cajas policiales y la represión comprometida del lavado de activos, serían medidas más efectivas contra el crimen organizado que amenazar penalmente a una persona que tiene una planta en la casa.

 

Desde la sanción de la ley de Cannabis medicinal, ¿qué avances hubo y qué deudas quedan pendientes?

Desearía ser más optimista respecto del contenido y aplicación de la ley. Pero me resulta imposible, ya que las personas que usan cannabis con fines terapéuticos están peor que antes de su sanción. Desde 2014, podían al menos acceder a la importación de sustancias a base de cannabis para cualquier patología, enfermedad o dolencia, y para personas de cualquier edad. De forma absolutamente arbitraria, regresiva e inconstitucional, la ANMAT ha restringido ello a partir de 2016, en pleno debate de la ley, sólo para casos de epilepsia refractaria de niños y jóvenes adultos. Ello fue declarado como arbitrario e inconstitucional por un fallo judicial de Córdoba, pero la agencia aún no ha revertido su disposición. La reglamentación de la ley que hizo el gobierno nacional, asimismo, ha restringido el acceso al programa de investigación que establece la norma, sólo para dicha enfermedad y grupo etario. Lo cual es un exceso reglamentario que va en contra de lo dispuesto por la ley, que en ningún punto restringe su alcance. En definitiva, las limitaciones propias de la ley y los actos posteriores de las autoridades nacionales, han derivado a un gran universo creciente de personas que precisan de la sustancia, al mercado ilegal. Hoy no existe vía legal alguna de acceso a la sustancia para la gran mayoría de tales personas, lo cual beneficia la ilegalidad y oportunismo de quienes abastecen tal demanda creciente de modo clandestino y con precios absolutamente desproporcionados. Las personas fueron condenadas a la clandestinidad. Si pretenden cultivarla en sus hogares, el Estado las amenaza con una sanción penal de 4 a 15 años de prisión. Si pretenden importarlas, el mismo Estado restringió tal importación durante este gobierno en 2016. Si debieran esperar que el Estado investigue y produzca la sustancia mediante INTA, Conicet, y sus laboratorios públicos, conforme lo determina la ley, para el presente año el gobierno nacional destinó la ridícula suma de mil pesos por día de presupuesto para tales acciones. No alcanza ni para comprar semillas ni tubos de ensayo. Es vergonzoso. La ley de uso medicinal fue una simulación política de respuesta a un legítimo reclamo social. Se simuló en un contexto político que era ineludible su tratamiento, algunxs creyeron en ello, y luego la actualidad demuestra que fue una estafa a las pretensiones y necesidades de la población que necesita de la sustancia. Pero no todxs fueron perjudicadxs. Sirvió para el gobernador Morales en Jujuy, haga acuerdos con empresas norteamericanas a fin de entregarles un negocio espurio a ellos y a su hijo. Para ello contó con el beneplácito de las autoridades nacionales, principalmente la ministra de seguridad Patricia Bullrich, que brindó una rápida y oportuna autorización a tal emprendimiento lucrativo. Así es que LA Ministra celebra una plantación en 14.000 hectáreas, sin que se conozca el destino final que tendrá tal producción, mientras amenaza a una madre que cultiva en su casa para su hijx, con una pena de prisión semejante al delito de violación. Esperemos que las autoridades nacionales que sean electas en octubre, tengan algo más de humanidad, transparencia y empatía para tratar el dolor de la gente.