Asociaciones de consumidores tildaron de “inoportuno” el incremento en las tarifas del gas

Finalmente, ayer se concretó la audiencia pública que convocó la Secretaría de Energía para establecer el nuevo cuadro tarifario respecto al servicio de gas, incremento que desde las asociaciones de consumidores catalogaron como “inoportuno”.

En un documento, las asociaciones de defensa del consumidor nucleadas en la Comisión de Usuarios de Gas Natural -CUENARGAS- realizaron un análisis sobre la evolución de los aumentos y cómo impacta en la población, especialmente aquellos en situación más vulnerable, como así en el sector medio.

Recordando la ley de declaración de la emergencia energética y tarifaria en 2019, las organizaciones señalaron que la medida se había impuesto para “disminuir la presión real de las tarifas sobre hogares, empresas e industrias de nuestro país”, política que se repitió con el congelamiento de tarifas en 2020, en el marco de la pandemia.

Esto cambió en 2021, cuando en abril “las tarifas de gas natural tuvieron un incremento del 7%, de bajo impacto en la economía de los usuarios. Y por último el 23/02/2022 se oficializó mediante dec. 91/2022 un aumento promedio 20% en la tarifa a las y los usuarios residenciales de este servicio, lo cual implicó un esfuerzo para las y los usuarios dado el contexto anteriormente descripto”, apuntaron.

En medio de la discusión, la CUENAEGAS apuntó a la aplicación de 2 medidas que perjudicarán a un importante número de la población: la segmentación tarifaria y la quita de subsidios, “con el consecuente aumento tarifario que ello implica y que no sería viable para la gran mayoría de las y los usuarios”.

Al segmento que percibe la tarifa social, el incremento planteado es de un 20%. Sobre ello, explicaron “a fin de proteger a los sectores más vulnerables de los usuarios, que se hace necesario recuperar el descuento que ofreció la Tarifa Social en su primera etapa de aplicación, donde contemplaba una reducción del valor final de la factura del 40% que, con la modificación dispuesta en 2018, se minimizó a un 15%”.

Asimismo, agregaron: “las subas proyectadas en el valor del gas para usuarios del segmento medio son del 18,5% en la factura a partir de junio, acumulando un 40% si sumamos el aumento de febrero 2022 que, para estos usuarios y usuarias tendría un impacto muy fuerte en sus ingresos, dado que, según el último informe de la Encuesta Permanente de Hogares, 8 de cada 10 hogares tienen ingresos menores a $140.000, muchos de los cuales aún así no cumplen con los requisitos para acceder a la tarifa social y por ende quedarían sujetos a aumentos que comprometerían el acceso a otros bienes y servicios”.

“Por último, el segmento alto, que comprende solamente a un 10% del universo de usuarios y usuarias, dejará de percibir subsidios. Con ello se propendería a una asignación eficiente de subsidios que dejarían de ser dirigidos a quienes no los precisan, pero cabe destacar que aún no hay un dato oficial del aumento porcentual para este grupo, que abarcaría aprox. 760.600 usuarios”.

Las criticas de la CUENARGAS se orientan en el alto grado de personas que están bajo la línea de pobreza e indigencia, además que el sector pasivo -jubilados y pensionados con el haber mínimo- también se verían afectados.

“En este marco, si bien consideramos que la segmentación tarifaria importaría un necesario avance hacia la implementación de un paradigma de servicios públicos con tarifas equitativas, creemos que este NO ES EL MOMENTO OPORTUNO PARA HACERLO”, resaltaron.

Por otra parte, apuntaron a las empresas que exigen “aumentos de las tarifas”, pero por el contrario no se conoce el margen de ganancias, que no se vuelcan a la inversión.

“Es importante TRANSPARENTAR LA INFORMACIÓN. Entre marzo de 2021 y marzo de 2022, se otorgó la suma de 548 mil millones de pesos a las productoras de gas pagándose un precio de U$S 6 dólares el MBTU, cuando el costo de producción no supera los U$S 2,50. El gobierno nacional con la segmentación pretende obtener una reducción de los subsidios estimado en 163 mil millones. Reduciendo el subsidio a las productoras de gas podría obtener un mejor resultado, sin afectar la situación de miles de industrias y comercios y millones de usuarios de casa de familia; nunca se aplicó el principio de esfuerzo compartido, solo una parte es la que sigue soportando la carga”.

Por último, expusieron “creemos que el gobierno nacional tiene que seguir cuidando el bolsillo de los y las argentinas que en su gran mayoría siguen padeciendo las consecuencias de una política energética que los llevó a la necesidad de elegir entre pagar las facturas de servicios públicos o comprar alimentos. En el marco de la situación socioeconómica actual la reactivación económica debe ser acompañada por políticas energéticas y tarifarias que prioricen los derechos de usuarios y usuarias garantizando el acceso a los servicios públicos a través de tarifas justas, razonables y asequibles. En este contexto es que sostenemos que no hay margen para aumentar las tarifas”.