Cierre del programa Acceder Derechos, en Jujuy los contratos vencen el 30 de este mes

Otra política desmantelada por el gobierno de Javier Milei: cierra el programa Acceder Derechos y con ello, el despido de trabajadores que en Jujuy tienen contratos que se vencen el 30 de este mes.

“A pocos días de un nuevo Ni Una Menos, en el mes del orgullo LGTBI+ denunciamos: sin políticas de género, no se baja el número de los femicidios, transfemicidios, lesbicidios, travesticidios”, expresaron desde ATE, sindicato que apuntó al cierre del programa que implementó el extinto Ministerio de Mujeres y Diversidades de la Nación y que tenía como eje fortalecer el acceso a derechos y al sistema de justicia y dar respuestas integrales a las mujeres y a la población LGBTI+ que se encontraran en situaciones de violencia de género.

En esa misma línea, el sindicato de estatales apuntó que “sin políticas de género, no hay Línea 144 que escuche, oriente y acompañe; sin políticas de género, no hay programas de Acompañamiento Económico para salir de las situaciones de violencia; sin políticas de género, no hay cumplimiento de la Ley Micaela; sin políticas de género no hay atención, acompañamiento y asistencia integral a Lesbianas, Maricas, Gays, Bisexuales, Trans, Travestis y No Binaries”, concluyendo que “sin trabajadorxs no hay políticas públicas”.

Cabe mencionar que Acceder Derechos brindaba acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia de género, como así también buscaba revertir el impacto que tienen las violencias en los ámbitos sociales y emocionales de las personas.

El desmantelamiento de la política se produce en medio de un reverdecer de los discursos de odio impulsados principalmente por la militancia libertaria y desde el propio gobierno de Milei.

Asimismo, se facilitaba el acceso a distintos programas y políticas del Estado Nacional y de los Estados Provinciales y acompañaba a las personas en la realización de trámites y gestiones para acceder al ejercicio de sus derechos.

Respecto al aspecto legal, el programa brindaba asesoramiento legal y acompañamiento jurídico, además de facilitar la comprensión del lenguaje y los procesos judiciales. También incluía realizar presentaciones judiciales en procesos que ya estén en trámite cuando existan obstáculos para el acceso a la justicia de mujeres y LGBTI+.

La política del Ministerio de Mujeres y Diversidades de la Nación resultó clave en Jujuy, una de las provincias que fue azotada por la violencia machista durante la pandemia, en poco más de un mes, se produjeron 5 femicidios: Cesia Reinaga, Iara Rueda, Gabriela Cruz, Roxana Mazala y Alejandra Nair Álvarez. Pese al pedido que venían haciendo organizaciones de mujeres, el gobierno se había negado, hasta ese momento, declarar la emergencia en violencia de género. Con el fin de apaciguar los reclamos en las calles, el Ejecutivo tuvo que enviar un proyecto a la Legislatura, donde se abrió las puertas a organizaciones políticas, sindicales, sociales y feministas a realizar sus aportes.

Las críticas al proyecto del gobierno de Morales no se hicieron esperar, aunque en el debate dentro de la Legislatura no se tomaron en cuenta. Una ley casi sin presupuesto y un Consejo de la Mujer encabezado por la cuestionada Alejandra Martínez que debía ser el órgano para llevar a cabo la política, no produjeron los cambios esperados en la sociedad.