Contrabando de armas a Bolivia: una investigación señala que gendarmes partieron sin un plan de operaciones

Fue tal el apuro del gobierno de Mauricio Macri para mandar los gendarmes a Bolivia -y las municiones con ellos- que obviaron algo esencial: que salieran con un plan de operaciones sobre lo que debían o no hacer en el país vecino. La información surge del sumario interno que llevó adelante la fuerza y da cuenta de la violación de los reglamentos y de la falta de planificación del despliegue en un país que estaba atravesando un golpe de Estado.

La investigación, que ya está en poder de la justicia que investiga el contrabando agravado hacia Bolivia, apunta hacia un grupo de gendarmes y muestra que fue el entonces comandante de esa fuerza, Gerardo Otero, quien dio las órdenes de desplegar a los alacranes en La Paz y de sacar los proyectiles que terminaron en poder de las fuerzas que apoyaron el golpe contra Evo Morales.

Otero es uno de los imputados en la causa junto con Macri, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el excanciller Jorge Faurie y el exjefe de Gabinete Marcos Peña, entre otros.

Todos los datos apuntan a confirmar el contrabando, pero sobre todo la colaboración del gobierno de Macri con el golpe de Estado y las consecuencias que trajo para Bolivia. Datos y pruebas que desnudan el repudiable objetivo de Macri y su gobierno que, como dijo el exvicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, envió "armas y gases" a Bolivia "en vez de mandar alimentos y medicamentos".

Las 70.000 balas antitumulto 12/70 que se repartieron entre la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y la policía de ese país salieron por pedido del comandante de esa fuerza, Otero, un hombre de confianza de la entonces ministra Bullrich. Ésa es la conclusión que surge de los descargos que hicieron internamente Fabián Manuel Salas, el jefe del grupo Alacrán que viajó a La Paz, y de Rubén Yavorski, el entonces director de Logística que tramitó la salida del material bélico ante la Agencia Nacional de Material Controlado (ANMaC) antes del 12 de noviembre de 2019, cuando se embarcó al primer contingente de gendarmes en un Hércules de la Fuerza Aérea.

La documentación está en manos del juez Alejandro Catania, que está a cargo de la causa junto con el fiscal Claudio Navas Rial. Los dos investigadores esperan que llegue información que requirieron a Bolivia para avanzar con el expediente que no solo tiene a Otero y a otros gendarmes entre los imputados, sino que también alcanza a Macri y a gran parte de su gabinete. La causa se inició en julio de este año con una denuncia que presentaron Soria, la entonces ministra de Seguridad Sabina Frederic y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont.

La responsabilidad de Otero

Otero fue probablemente el jefe de las fuerzas de seguridad con mayor proximidad a Bullrich, tanto que le obsequió un sable grabado con la frase de que no iba a tirar un gendarme por la ventana cuando Santiago Maldonado estaba desaparecido. Hay dos testimonios de sus subordinados que le apuntan con claridad como quien dio las órdenes para sacar los proyectiles que terminaron en poder de la FAB y de la Policía Boliviana: el de Salas y el de Yavorski.

Salas relató en el sumario que, para noviembre, envió dos contingentes del Grupo Alacrán fuera del país: uno a Chile y otro a Bolivia. Las dos salidas le fueron pedidas por Otero, de quien dependía directamente el Grupo Alacrán. Una de las curiosidades es que el grupo que viajó a Chile lo hizo en un avión comercial de Aerolíneas Argentinas, mientras que el que fue a Bolivia lo hizo en un Hércules de la Fuerza Aérea. ¿Por qué? La respuesta probablemente sea por la cantidad de balas, gases y granadas que llevaron esos gendarmes para dejar en manos de las fuerzas bolivianas -y para evitar mayores controles-.

El 12 de noviembre de 2019, antes del embarque del contingente hacia Bolivia, se tramitó un pedido para ampliar la cantidad de proyectiles que saldrían del país. Según dejó en claro Salas, él no lo pidió ni por escrito ni oralmente. La otra declaración que apunta hacia la responsabilidad de Otero es la de Yavorski, quien estuvo a cargo de las autorizaciones ante la ANMaC. Yavorski declaró que respondía a instrucciones de la superioridad institucional y que muchas de esas órdenes eran verbales y después se traducían en documentos.

El pedido para ampliar la salida de los arsenales se cursó después de una reunión en la Casa Rosada en la que participó Otero al mediodía del 12 de noviembre de 2019. Los gendarmes partieron al filo de la medianoche hacia el aeropuerto de El Alto. Al día siguiente, Otero envió un sobre cerrado a la embajada de Bolivia en Buenos Aires que iba destinado al jefe de la policía local. No se sabe qué contenía el sobre, pero es posible que fueran los detalles del envío.

El rol del embajador

La policía de Bolivia identificó a Adolfo Héctor Caliba como la persona que gestionó la entrega de los proyectiles a esa fuerza. Caliba era el oficial de enlace de la Gendarmería con la policía boliviana. Sin embargo, en el sumario, Caliba se hizo el desentendido.

En su declaración ante la Gendarmería, Caliba dijo que fue la embajada -a cargo de Normando Álvarez García- la que gestionó el ingreso temporal de los efectos de arsenales a Bolivia y la que también le pidió a él que consiguiera que una comitiva de la policía boliviana los acompañara cuando iban al aeropuerto a esperar a los gendarmes. Se entiende que fue allí cuando se produjo la entrega de las balas y los gases. El embajador también estuvo presente mientras los gendarmes bajaban del Hércules y los familiares de los diplomáticos se subían con destino a la Argentina. Inicialmente Álvarez García había descargado su responsabilidad en Caliba, pero ahora queda claro que las versiones son contrapuestas.

Caliba, a su estilo, ratificó lo que ya se sabía: que las balas no se usaron en entrenamientos, como inicialmente informó la Gendarmería para justificar el faltante de los 70.000 proyectiles.

Los que deben dar explicaciones

El oficial que llevó adelante el sumario entendió que deben responder por faltas graves al menos siete gendarmes. No se cuenta entre ellos a Otero, que ya no integra la fuerza, ni Yavorski, que siguió órdenes a la hora de justificar la salida del país de las balas:

Carlos Miguel Recalde: era el director de Operaciones en 2020, cuando regresó el tercer contingente de gendarmes. Él informó que las balas habían sido usadas en entrenamientos pero no pudo aportar constancias que justificaran lo que sostenía. En su descargo dijo que no buscó encubrir a nadie, sólo procuró acelerar el regreso al país de sus camaradas que estaban en una “misión que no eligieron sino que les ordenaron”.

Fabián Salas: era el jefe del Grupo Alacrán e intervino en la salida de las balas, incluso envió un fax el 12 de noviembre a la Fuerza Aérea en el que anunciaba que iban a transportar los palets con las municiones extra y que era el material que generalmente usaban para ese tipo de operaciones.

Adolfo Héctor Caliba: era el oficial de enlace en Bolivia, donde es sindicado como el responsable de la entrega del material bélico a las fuerzas golpistas. Estuvo a cargo del desembarco y del equipo de Gendarmería.

Daniel Gustavo Mendoza: era el jefe del Departamento de Contrataciones. No controló lo que informó Recalde.

Martín Miguel Hidalgo: fue el primer jefe del contingente de gendarmes.

Facundo Martín Sánchez: fue el jefe del último grupo de gendarmes que estuvo desplegado en Bolivia.

Lucas Belfiori: como integrante de la División Comercio Exterior intervino en la salida y en el retorno de las armas y las municiones.

De todos ellos, solo Recalde y Caliba están imputados en la causa que tramita en el fuero en lo penal económico, lo que muestra que cada investigación sigue su propia lógica.

Fuente: Página 12