El gobierno otorgará un aumento entre 6 y 9 mil pesos a trabajadores

El presidente Alberto Fernández firmó un decreto donde establece un aumento que ronda entre los 6 y 9 mil pesos a trabajadores del sector privado con menor remuneración, y será a cuenta de las paritarias del año que viene.

Según establece la medida, este aumento, de carácter remunerativo, estará dividido en 3 cuotas y se comenzará a percibir en enero de 2020. Asimismo, los meses siguientes-febrero y marzo- se concretará el pago de las otras 2 cuotas.

Si bien el piso se estableció entre los 6 y 9 mil pesos, esta semana funcionarios del gobierno tendrán la tarea de negociar con empresarios para concretar el acuerdo.

Además, durante las negociaciones, en las que estuvieron presentes la CGT y las dos CTA, por parte del sindicalismo, junto a el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los ministros de Trabajo, Claudio Moroni y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, se explicó que el aumento será un monto único a ser fraccionado en tres partes iguales para su liquidación completa en el primer trimestre del año. Así, dijeron, será “remunerativo, progresivo y acumulativo” en alusión a la forma de computar cada pago respecto del anterior.

De esta manera, el gobierno nacional intenta mejorar el poder adquisitivo del sector estatal, que durante el macrismo, cerró las paritarias con los sueldos a la baja. En la misma dirección, se intenta apuntalar el poder adquisitivo sobre todo de los sectores más postergados y golpeados por el desfasaje entre la inflación y sus ajustes salariales, y dinamizar el consumo como método de reactivación de la economía.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, declaró a un medio periodístico, que para hacer efectivo el decreto hará falta establecer un acuerdo de precios y salarios con los empresarios. “Si la suba se traslada a precios no habrá servido de nada”, reconoció. Según Moroni en la gestión de Alberto Fernández “las políticas de precios y salarios tienen que ser convergentes”. Con ese fin los funcionarios buscarán, a partir del dictado de la norma, reunir a empresarios y a sindicalistas para definir este año un sendero para las negociaciones salariales y asegurarse que no habrá una disparada de los precios ni un “colchón” por parte de sectores con peso propio en la cadena de valor.

En el sector empresario habían manifestado voluntad para tratar de alcanzar un consenso respecto del monto decretado pero en algunos casos, como en la Unión Industrial (UIA) aclararon que el pago quedaría supeditado a que el Gobierno por su parte estableciera líneas de crédito blandas para poder afrontarlo.

Esta medida también se extendería a los empleados del sector estatal.

Fuente: Ámbito.com