A un mes de las protestas producidas en Chile por el aumento del precio del transporte, el presidente Sebastián Piñera reconoció ayer que se produjeron violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, situación que está siendo investigada por distintos organismos.
En una conferencia de prensa realizada en el Palacio de La Moneda, el mandatario chileno manifestó “hubo uso excesivo de la fuerza" por parte de agentes del Estado, a lo que también agregó “en algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos”.
Esta situación ya había sido advertida desde hace tiempo por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) en un balance estadístico presentado elevó a 6.362 el número de detenidos por los carabineros —entre ellos 759 niños y adolescentes— y a 2.381 la cantidad de heridos que han acudido a los centros médicos.
De todos ellos, 866 fueron alcanzados por disparos de perdigones y 407 por arma de fuego no identificada.
Además, las recientes actualizaciones de la institución evidencian 346 acciones judiciales entre las que figuran cinco querellas por homicidio, 246 por torturas y 58 por violencia sexual.
Dicho número de víctimas fueron producto del accionar violento de las fuerzas luego que el propio Piñera decretara el estado de sitio, medida la ciudadanía chilena se negó a acatar.
Asimismo, durante las manifestaciones, se pedía la renuncia del presidente Piñera, además de la reforma de la constitución.
En este último punto, el pasado viernes, el mandatario manifestó que se llegó a un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, con excepción de un partido, por lo cual, en abril de 2020, se realizará un plebiscito para determinar cómo será la nueva carta magna de ese país que reemplazará el texto vigente desde 1981.
En un documento de dos páginas, los representantes políticos recogieron las principales propuestas para llevar a cabo el proceso calificado como "histórico".
El primero de los 12 puntos del acuerdo establece que los partidos que lo suscriben "vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile", así como "el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente".
Por su parte, el presidente del Senado, Jaime Quintana, señaló que el acuerdo es una salida pacífica y democrática ante la crisis que atraviesa Chile desde octubre.
Fuente: RT