La ex presidenta Cristina Fernández deberá concurrir hoy a lo que será el primer juicio oral en su contra por la causa de obras viales en la provincia de Santa Cruz. La investigación, iniciada por una “denuncia anónima” carece de pruebas, por lo que la misma Corte Suprema pidió examinar el expediente para evitar una posible nulidad del proceso judicial.
La investigación surge el 13 de enero 2015, cuando Javier Iguacel (ex ministro de Energía) queda a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Reconocido opositor acérrimo del kirchnerismo, al día siguiente de asumir en la DNV firma la primera resolución, en la cual ordena una auditoría en las obras viales por el gobierno de CFK en la provincia de Santa Cruz.
La auditoría es pedida luego de recibir una “denuncia anónima”. Fueron los mismos encargados de realizar la inspección, dos ingenieros y un contador, que era imposible investigar las posibles irregularidades en un lapso tan corto de tiempo. Es que Iguacel sólo les dio 15 días para investigar 81 obras.
Pese a ello, los especialistas entregaron un informe donde detallaron que “no se evidencias deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse…”
Se suma que los tres también figuran en la causa como testigos, y ratificaron que no existían irregularidades, que todo lo pagado se ejecutó. Aún así, Iguacel presentó una denuncia penal el 26 de abril de 2016 contra la ex presidenta.
El fiscal federal Eduardo Taiano, en quien recayó la causa, pidió que se realice una pericia con la participación de todas las partes. Eso motivó que lo sacaran de la investigación, aunque usaron otros argumentos para disimular su apartamiento. En su lugar entraron el fiscal Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, éste último de familia íntimamente ligada a la Casa Rosada.
En tres años no se hizo ninguna pericia, como la que se le reclamó en forma permanente al juez Julián Ercolini. Este verdadero fraude es el que explica que la causa tenga tres años y no exista pericia alguna.
Fueron los nuevos fiscales designados quien hicieron la cuenta de cuánto había sido el sobreprecio en las obras viales.
Por su parte, la defensa de CFK presentó varios recursos de nulidad, por la falta de pruebas, y especialmente, porque consideran que se trata de una persecución a la ex presidenta.
Fue la misma Corte Suprema de Justicia, quien, atendiendo los reclamos de la defensa de Cristina Fernández, y la semana pasada, pidió examinar el expediente.
En sus redes sociales, CFK expresó “se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”.
También señala que “no se trata de una denuncia original sino de un refrito de denuncias desde el año 2008 armadas por diputados de la Coalición Cívica, en las cuales Comodoro Py se declaró incompetente en el año 2011 y la justicia de Santa Cruz las sobreseyó por inexistencia de delito. Para que se entienda: se trata de licitaciones de obras públicas viales realizadas por un órgano provincial que depende del ministerio de economía y de la gobernación de la provincia”.
Fuente: Página 12
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