El plan de vacunación contra el covid 19 puesto en marcha en la Argentina comenzó a plantear algunos cuestionamientos sobre su aplicación tras la salida de Ginés González García de la cartera sanitaria por el caso de personas que fueron inmunizadas sin respetar el orden de prioridad y por estas horas, lo mismo le ocurre al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su ministro de Salud, quienes fueron imputados por proveer vacunas a obras sociales y clínicas, privatizando así la entrega de dosis.
La causa que se inició ayer a partir de las denuncias que presentaron, por separado, los abogados Natalia Salvo y Yamil Castro Bianchi por la entrega de vacunas a instituciones privadas.
Por su parte, la abogada Salvo denunció que Larreta y Quirós firmaron acuerdos con sanatorios privados y obras sociales para cederles vacunas contra al COVID-19 “sin verificar su destino”, lo que apartaría a la ciudad del Plan Estratégico de Vacunación elaborado por el Ministerio de Salud y, en lo concreto, significaría la privatización de parte de esta campaña.
“Horacio Rodríguez Larreta, estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general”, fue parte del argumento de la letrada para que se investigará el accionar del gobierno porteño en lo que respecta a la entrega de vacunas.
Asimismo, también apuntó contra el ministro de Salud de la Ciudad, señalando “el Sr. Quirós, por indicación del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, habría firmado un convenio con instituciones privadas encargadas de ejecutar el plan de vacunación de la Ciudad otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población”.
Fue el fiscal Carlos Stornelli quien pidió avanzar con la investigación de la denuncia contra Larreta y Quirós, ya que según señala denuncia la entrega de dosis a las instituciones privadas de la salud “tuvo por finalidad garantizar la vacunación de personas que no se encuentran comprendidas en los grupos prioritarios que establece el Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina, aprobado por Resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación y en franca colisión con lo establecido por la ley 27491”.
Y agrega “lo que supone un programa equitativo que proteja a la población terminaría siendo un negocio de privados por exclusiva responsabilidad de los funcionarios de CABA que deciden que las vacunas sean ‘sólo para socios’. En suma, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habría decidido que la salud de los ciudadanos esté privada a quien es ‘socio’ de las instituciones privadas con quien sus funcionarios habrían firmado los repudiados convenios”.
Ante ello, Salvo también pidió que el gobierno porteño informe los centros de vacunación a los cuales han sido asignados cada uno de los lotes de vacunas recibidas indicando expresamente el Código Federal de Establecimiento de Salud.
Según se pudo saber, las instituciones favorecidas por este convenio fueron los Sanatorios Güemes, Italiano y Alemán, que ya ofrecieron a sus socios la posibilidad de inscribirse en exclusiva para recibir la vacuna.
En el caso del Hospital Alemán, además, detallaban a sus socios mayores de 80 años lo siguiente: “La vacuna que se aplicará es la Covishield. Se trata de la versión desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, producida por el Serum Institute de la India”. Eso sí: tenían que ser socios antes del 31 de diciembre del 2020.
Fuente: Ámbito.com
El Destape
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