El intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro busca ser reelecto en las elecciones a disputarse el domingo, y para tratar de mejorar su performance de agosto, donde quedó 8 puntos abajo del candidato del Frente de Todos, apeló a la práctica clientelar, al repartir su boleta junto con mercadería.
Frente a esta situación, el juez penal de Moreno y General Rodríguez, Gabriel Alberto Castro, prohibió al actual mandatario municipal de Cambiemos, que siga distribuyendo estos productos, al menos, hasta que pasen las elecciones del 27.
Las denuncias de estas prácticas clientelares utilizadas por el ex esposo de la gobiernadora bonaerense María Eugenia Vidal, se hicieron conocidas luego que un portal local, mostrara como Tagliaferro repartía en jardines de infantes delantales con su cara. Asimismo, también se hacía entrega de boletas con diversos artículos, como piojicidas, incluso comida.
Por su parte, desde el Frente de Todos se presentó una denuncia en la justicia en la que señalaba que el dirigente de Cambiemos también distribuía chapas, alimentos, tirantes, colchones, electrodomésticos y vestimenta, en una clara actividad con fines clientelares.
La estrategia clientelar de Tagliaferro tiene como objetivo “dar vuelta” los resultados de las PASO de agosto, cuando el actual intendente de Cambiemos perdió por 8 puntos frente al candidato del Frente de Todos, Lucas Ghi. En aquella oportunidad, los resultados fueron del 46 por ciento de los votos para Ghi y de 38% para Tagliaferro.
Además, se suma la entrega masiva de subsidios de 5 mil pesos a través de punteros del gobierno de Mauricio Macri. Recordemos, que la semana pasada, la jueza María Romilda Servini también le ordenó a la Secretaría de Trabajo que no pague este subsidio para desocupados, maniobra sospechada de constituir una compra de votos. En la investigación realizada por el periodista Mariano Martín, de Ambito Financiero, se determinó que la mitad de los 114 mil subsidios se iban a entregar en la Provincia de Buenos Aires y uno de los distritos denunciados era el de Morón. En concreto se mencionó que la gente de Tagliaferro prometía 5 mil pesos a cambio del apoyo en las urnas.
Por lo que se ha visto hasta ahora en la campaña, las maniobras de clientelismo en Morón son de las más notorias del país. Desde el punto de vista electoral, el espíritu del Código Nacional Electoral es que no se pueden usar ni la estructura ni los bienes del Estado en la captación del voto y, además, con ese mismo objetivo, están vedadas las inauguraciones de obras públicas en los 25 días anteriores a la elección. Desde ya entonces que hay un delito electoral. Pero no es todo.
La cuestión que afronta Tagliaferro no es únicamente que el juez le prohíbe que siga distribuyendo mercancías junto con su nombre o boleta, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia, sino que el intendente debe enfrentar una denuncia penal por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario y malversación de fondos. La denuncia la presentó un concejal de Unidad Ciudadana y la causa está en manos de la fiscal María Silvana Borini, de la UFI 6 de Morón. La fiscal ordenó una serie de medidas de prueba, lo que en concreto significa una imputación de delito al intendente.
Fuente: Página 12
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