La CIDH advierte por el decreto de impunidad para las FFAA bolivianas

El pasado viernes15, Gobierno de facto de Bolivia encabezado por Jeanine Añez, emitió el decreto N°4.078 donde exime a integrantes de las Fuerzas Armadas por responsabilidades penales que pudieran alcanzarlos en el ejercicio de la represión contra los ciudadanos, decreto que fue denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque “desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta”.

La respuesta del organismo internacional llegó al día siguiente, y detalló que “los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos”, tal como vienen denunciando los sectores indígenas y campesinos en lo que refiere a la represión sufrida en las manifestaciones que realizan en contra del golpe de estado.

Este “grave decreto”, tal como calificó la CIDH indica en el artículo 3 “el personal de las fuerzas armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”. Asimismo, en el siguiente párrafo señala que los militares “deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante decreto supremo 27.977 de fecha 14 de enero de 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionales al riesgo de los operativos […]”.

Por ello, la CIDH subrayó que esta disposición “desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta”. Además, en su pronunciamiento, la CIDH condenó cualquier acto administrativo del Gobierno “que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional”.

Particularmente, el organismo se refirió a las actuaciones de las fuerzas armadas en las protestas sociales. Sobre ello agregó “los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos”.

Fuente: RT