La represión desatada contra las manifestaciones que repudian el golpe de estado en Bolivia, y que ya dejó más de una veintena de muertos, entre ellos, las personas que se encontraban bloqueando la planta de hidrocarburos en Senkata, hizo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresara en un documento la condena contra el accionar de las fuerzas armadas, y adelantó que visitará el país en los próximos días.
La presencia del organismo internacional es a consecuencia del decreto firmado por la autoproclamada presidenta interina Jeanine Añez, quien eximió a los militares de toda responsabilidad penal sobre su accionar en las actividades represivas. Por ello, desde la CIDH condenaron este decreto ya que presenta un “riesgo de impunidad para las violaciones de DDHH”.
“La CIDH urge al Estado a tomar las medidas necesarias para evitar la impunidad y a garantizar el derecho a la reunión pacífica y a adoptar medidas urgentes para preservar la vida e integridad de sus habitantes, así como para garantizar el trabajo de los periodistas y de los organismos autónomos de protección y defensa de los derechos humanos. Ante la crisis política e institucional es crucial que se construya un diálogo nacional amplio, creíble y representativo para una salida constitucional para la crisis” detalla.
Asimismo, el organismo dependiente de la OEA -el mismo órgano que avaló un nuevo llamado a elecciones, pese a que Evo Morales había ganado en primera vuelta- también condenó la participación de las FFAA en la represión, y adelantó que entre el 22 y 25 de noviembre, visitará el país.
Según la CIDH, hay un “uso excesivo de la fuerza por parte de operaciones combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para reprimir” y recordó que no hay “sustento legal” para sacar a las calles a los militares, cuyo entrenamiento “está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles”.
Por otra parte, también advirtió sobre las “amenazas dirigidas a líderes del gobierno anterior, asambleístas y dirigentes sociales” como también “funcionarios y dirigentes de instituciones independientes del Estado, como los organismos nacionales de promoción y protección de los derechos humanos”.
En el mismo tono, la Comisión le recordó al gobierno autoproclamado la crítica situación que vive la prensa en el país tras el golpe de Estado. "Entre los hechos, se registran amenazas para el cierre de canales de televisión; retención de funcionarios; quema de instalaciones de radios; y presiones contra los trabajadores de la prensa", enumera el comunicado.
Sobre la cuestión política, el organismo de derechos humanos describió claramente el mecanismo por el que Áñez accedió al poder “el bloque minoritario del Senado, convocado y votando sin el quórum requerido, eligió la nueva líder del cuerpo legislativo que se declaró, a sí misma, presidenta interina de Bolivia” y sostuvo la necesidad de convocar a un “diálogo nacional” con la participación de todos los sectores políticos para la elección de un nuevo Tribunal Electoral y la convocatoria a elecciones en 90 días.
En línea con las demandas de la CIDH, el bloque mayoritario del MAS en el Congreso presentó un proyecto de ley para anular las elecciones celebradas el 20 de octubre y la votación de un nuevo tribunal electoral para poder avanzar en un nuevo proceso electoral. La ex presidente del Senado, Adriana Salvatierra, celebró la próxima visita de la CIDH.
Fuente: Página 12
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