Un nuevo femicidio fue cometido en Jujuy, esta vez en San Pedro. La víctima es Tania Palacios, una joven de 23 años, quién recibió un disparo de su pareja,u efectivo de la Policía Federal, quien luego de pericias fue arestado.
Ya se registraron cuatro femicidios en los que los femicidas pertenecen a las fuerzas de seguridad. Estos casos requieren justicia, y que el estado garantice derechos a las mujeres.
Carolina Iribarren, de 33 años, falleció luego de pelear por su vida durante varias semanas por las quemaduras que sufrió el 3 de abril en más del 60 por ciento de su cuerpo. Su pareja, Luis Héctor Bordón, un sanjuanino cabo de la Gendarmería Nacional, declaró en ese momento que el fuego se había encendido accidentalmente en el departamento que habitaban en San Pedro de Jujuy. El hombre fue liberado a las pocas horas. El fiscal José Blanco cerró la causa por considerar que se trató de un accidente doméstico.
El sábado 18 de mayo Micaela Giménez, de 29 años, murió ahorcada por su pareja, el sargento de la Policía provincial Oscar Iturre, en la casa donde convivían en el Barrio Los Huaicos de San Salvador de Jujuy. El hombre había sido denunciado con anterioridad por violencia de género, y al momento de su detención aseguró que la mujer se había suicidado. El fiscal Diego Cussel lo imputó del delito de «homicidio agravado por la convivencia y por la violencia de género de un hombre contra una mujer». Iturre espera el juicio privado de su libertad.
Delmira Beatriz Véliz tenía 61 años y trabajaba en la Municipalidad de San Pedro de Jujuy. Fue encontrada sin vida el 13 de julio en una casa de su propiedad en la zona de Los Alisos, con fuertes signos de haber sido atacada a golpes. La investigación reveló que se trató de un femicidio seguido de suicidio, cuando se halló a Ricardo Jurau ahorcado cerca del lugar.
Este nuevo caso y por las características exigen un replanteo en el estado , una investigación del CELS de 2017 ante el aumento de femicidios y donde los femicidas son de esas dependencias, expresaba que “son diversos factores sociales y culturales se articulan para habilitar y reproducir prácticas policiales violentas hacia las mujeres. Estos episodios, lejos de ser aislados, manifiestan diversos problemas estructurales que atraviesan a las fuerzas de seguridad en la Argentina. Las muertes y lesiones ocasionadas por un uso particular de la fuerza resultan de conflictos personales en los que el funcionario defiende intereses particulares haciendo uso habilidades y armas que su profesión le confiere pero por motivos que no guardan relación con su función. Este tipo de uso de la fuerza policial tiene un fuerte impacto en hechos de violencia de género en los hogares de policías, muchos de estos conflictos terminan en la muerte de algún integrante como ocurrió en el caso de Ana Romero. También son frecuentes las acciones letales de policías en conflictos privados, como peleas entre vecinos; tal es el caso de Lorena Albarracín.”
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