Distintas organizaciones de Derechos Humanos y abogados realizaron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando una audiencia para tratar la violación del derecho a manifestarse y la persecución judicial contra activistas y luchadores en la provincia de Jujuy.
La presentación fue suscripta por la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), Amnistía Internacional Argentina, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y Alejandro Vilca, diputado nacional por Jujuy del FIT-U; y representa un planteo al organismo de la OEA responsable de promover y proteger la defensa de los Derechos Humanos en el continente americano.
El texto denuncia que “Las autoridades provinciales (de Jujuy) han desplegado un entramado restrictivo del reclamo social que incluye un discurso público persecutorio y disuasorio por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo, un sistema contravencional diseñado para silenciar el disenso social, la represión de manifestaciones, a la par de la criminalización de organizaciones y referentes sociales y gremiales”.
Estos hechos se han visto claramente en las recientes detenciones ilegales de los dirigentes políticos y piqueteros del Partido Obrero y el MTR 12 de Abril, Sebastián Copello y Juan Chorolque, quienes sufrieron allanamientos en sus hogares y una detención intempestiva, con secuestro de sus celulares, en el marco de una causa armada por el gobernado Gerardo Morales parara atentar contra el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades públicas, y manifestarse, ante la crisis social y económica que asita a miles de familias pobres en la provincia.
El marco jurídico de estos ataques es la articulación del Código Contravencional de la provincia, en vigencia desde el año 2016, que otorga facultades discrecionales a las autoridades públicas y a la Justicia provincial para cercenar, restringir y perseguir el derecho a manifestación.
El escrito presentado menciona distintos procesos de lucha que han sido atacados y criminalizados a partir de la aprobación y ejecución de este modus operandi, que va desde organizaciones sociales de distinto sesgo político hasta luchas obreras y sindicales.
Al documento adhirieron, además, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), el Centro de Abogados por los Derechos Humanos (Cadhu), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), el Encuentro Militante Cachito Fukman (ECMF), Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia y Servicio Paz y Justicia (Serpaj).
Fuente: Prensa Obrera
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