Más de 500 mil jóvenes perdieron el Plan Progresar

Por: Viviana Mariño para Tiempo Argentino

Un informe realizado por el Centro de Estudios Ciudad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (Universidad de Buenos Aires) basado en estadísticas oficiales, indicó que desde que asumió Mauricio Macri como presidente, fueron 506.181 los jóvenes que perdieron el beneficio del Plan Progresar.

El estudio, que tomó como variables tres aspectos, cantidad de titulares, inversión social y monto de la prestación, se basó en las estadísticas oficiales del programa hasta fines del año 2018, pero también con una proyección del 2019 teniendo en cuenta el presupuesto asignado.

Las principales quejas que realizaron quienes acceden al plan, son las trabas para el acceso, otras tantas dificultades para cobrar y la constante licuación de un aporte que resultaba clave para sostener los estudios por el efecto sostenido de la inflación. Las tres variables forman parte de la larga lista de quejas que acumulan los beneficiarios de becas del Programa de Respaldo para Estudiantes de Argentina –conocido como Progresar–en diferentes sectores de la comunidad educativa.

El diagnóstico que se multiplica en miles es el resultado del proceso de desmantelamiento durante los últimos tres años del plan ideado como un esquema de ayuda económica a jóvenes de entre 18 y 24 años de bajos recursos para que terminen la escuela primaria, secundaria e inicien o continúen sus estudios terciarios y universitarios.

Implementado en 2014 y reformulado en marzo del año siguiente con la simplificación de requisitos de acceso que amplió su llegada a los sectores populares, el plan se viene sufriendo un desmantelamiento desde que asumió la presidencia Mauricio Macri.

En tres años (2016-2018), casi medio millón de jóvenes perdió el beneficio; la inversión pública en el área cayó a menos de la mitad en términos reales; y el monto de la prestación pasó a representar un tercio de la cifra original para los estudiantes primarios y secundarios, al tiempo que señaló una baja del 40% en el poder adquisitivo de los universitarios que perciben el aporte básico del plan.

Tras una serie de cambios dispuestos por decreto a principios de 2018 y que establecieron, entre otros puntos, categorías en el valor de la prestación, beneficiando al terciario/universitario, y ampliaron los requisitos académicos para mantener la ayuda, actualmente el programa apenas funciona como un plan de becas –de hecho pasó a llamarse "Becas Progresar"– especialmente destinado a estudiantes en el tercer nivel. La modificación significó un nuevo recorte del auxilio estatal a los sectores juveniles, que según las estadísticas oficiales, son los más castigados por la crisis socioeconómica y el aumento del desempleo.

Los montos asignados a becas de carreras universitarias rankean entre los 1600 y 2300 pesos (están estratificadas según el año de cursada); en tanto que las terciarias van de los 1800 a 2600. Los estudiantes primarios, secundarios o que realizan cursos de formación perciben un monto de 1250 pesos.

La evolución del promedio anual de titulares del Progresar dibuja un zigzag en descenso: se incrementa hasta 2016, empieza a caer levemente en 2017 (3%), y se reduce drásticamente en 2018 (17%) con el relanzamiento del programa en modo Cambiemos. Para 2019 se proyecta que un 22% menos de jóvenes quede cubierto por la política.

El análisis desglosado permite acercar el foco. En el primer trimestre de 2018 se produce la caída más fuerte desde la implementación del beneficio que se derrumba en un 66 % en ese período y pierde 639 mil prestaciones (las dos terceras partes de sus titulares).

En el segundo trimestre del mismo año, el programa repunta y alcanza a 930.257 estudiantes. Sin embargo, cae con fuerza (38 %) en el último trimestre y registra una sangría de cerca de 350 mil estudiantes. Se trata de las cifras más bajas en la historia del programa.

La polémica por el desmantelamiento del Progresar se entiende luego que el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, lanzará el Servicio Cívico Voluntario en Valores administrado por la Gendarmería.

Fuente: Tiempo Argentino