“Morales cortó las calles con sus manifestantes, pero enjuiciaron a los opositores” expreso un testigo

Durante la audiencia del viernes, el diputado del PTS-Frente de Izquierda, Alejandro Vilca en calidad de testigo solicitado por la defensa del apoderado del PTS, Gastón Remy, explicó que hubo un preparativo para cortar calles dispuesto por el gobierno provincial ante la apertura de sesiones de la Legislatura el 4 de abril de 2018.

En esta causa contravencional contra sindicatos, organizaciones sociales y los partidos del FIT, Vilca explicó cómo el Presidente del bloque UCR había detallado el operativo de corte de calles solicitado por el Gobernador un día antes de la apertura de sesiones. Sin embargo, la causa en juicio se inicia por interrupción del tránsito y recae sobre la oposición.

“En la sesión de labor parlamentaria el presidente del bloque de la UCR, Alberto Bernis, dijo frente al resto de los presidentes que a pedido del Gobernador se había dispuesto un operativo de corte de las calles que unen la Casa de Gobierno con la Legislatura. Se buscaba que los adherentes a Gerardo Morales tuvieran la posibilidad de acercarse a él y darle su apoyo en los momentos previo a la apertura de sesiones", relato el legisaldor.

Esto fue lo que efectivamente sucedió con un vallado policial que, a la vez que permitía el ingreso de simpatizantes con banderas de la UCR o de organizaciones sociales como la ODIJ; también impedía el ingreso de los propios diputados. “Intenté ingresar como lo hago habitualmente y me lo impidieron, después de un rato de acreditar mi identidad como diputado provincial, logré que me dejen entrar a la Legislatura”, declaró Vilca.

El diputado del FIT también sostuvo que “ese día hubo una amplia movilización convocada por los sindicatos en rechazo a la paritaria decretada por el gobierno del 5%; pero también estuvieron las madres con sus hijos de la escuela de hipoacúsicos Helen Keller, los jóvenes de la escuela de teatro Tito Guerra y las mujeres y obreros despedidos del Ingenio La Esperanza. Esta protesta era por falta de solución a sus reclamos; sin embargo, la respuesta fue la represión policial. Ante eso solicitamos que se suspenda la sesión porque no estaban dadas las condiciones; pero el Gobernador siguió como si nada e incluso nos increpó a los diputados de la izquierda por apoyar al ingenio y a los estudiantes de los secundarios CEIJA que habían sido detenidos la semana anterior”.

Junto a Vilca, declararon los diputados del PTS-Frente de Izquierda, Eduardo Hernández, que confirmó el extenso vallado policial que cortaba la Av. 19 de abril desde la calle Lavalle; la diputada Natalia Morales, quien aseguró haber visto civiles que sacaban fotos desde los techos de la Legislatura, algo que aportaron como prueba los abogados del CEPRODH que defienden a Remy en la causa.

La última testigo, fue la concejala Andrea Gutiérrez, quien en su testimonio contó cómo había sido detenida el 29 de abril de 2018, una semana antes de la apertura de sesiones, por apoyar a los estudiantes de los secundarios CEIJA que solicitaban la reapertura de sus colegios cerrados por disposición de la ministra de Educación.

Con estos testimonios y los aportados el jueves por el ex diputado, Juan M. Esquivel, se ratificó que el 4 de abril de 2018 hubo dos marchas. Una preparada por el gobierno junto con la Policía que dispuso un amplio operativo de corte de calles para que el Gobernador y sus simpatizantes pudieran ocupar las calles y saludarlo ante la apertura de sesiones. Otra manifestación, la de los sindicatos, organizaciones sociales, jóvenes estudiantes y familias, y los partidos del Frente de Izquierda que quedaron del otro lado de las vallas, sobre calle 19 de abril esquina Gorriti.

A esta altura, se ratifica el carácter persecutorio de un juicio contravencional que comenzó con el art. 113, aquel que multa y condena la interrupción del tránsito, y finalmente se aplica sobre los manifestantes opositores luego de ser gaseados y reprimidos con balas de goma. Este juicio tiene que caer, para ello, es necesario que las organizaciones sindicales y sociales imputadas tomen medidas acordes a un ataque que va a ser utilizado para disciplinar al conjunto de los trabajadores y sectores populares en un contexto de crisis y ajuste.

Fuente La Izquierda diario