Ya son varias las pruebas que dan veracidad a la denuncia realizada el pasado 8 de julio por el actual gobierno boliviano por el contrabando de armamento perpetrado bajo la presidencia de Mauricio Macri y ahora se suma el documento que falseó la Aduana argentina en donde señala en un listado que varios tipos de granadas no habían sido embarcadas, aunque estas efectivamente sí llegaron al país vecino.
La gestión actual del organismo de control argentino se configuró como querellante en la denuncia que empapa no sólo al ex presidente, sino también a su ex embajador en Bolivia Normando Álvarez García, a su ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su par de Defensa Oscar Aguad. En ese marco, en ente aporta una pieza clave para explicar cómo fue el envío del material bélico en el Hércules C-130 con la misión a Bolivia y donde cargaron un arsenal de municiones “extra” que no tenían como destino la protección de la Embajada argentina, sino que terminaron en manos de la Fuerza Aérea y de la Policía boliviana. Ahora, este diario publica, en exclusiva, la Factura Proforma 11/19 de Gendarmería con la revisión aduanera del material que se subía al avión y donde se detalla “a mano” que 61 granadas de Gas CN, 160 granadas de Gas CS y 360 granadas de Gas HC figuran con una “X” con la referencia “No embarcado”.
Esta pieza documental firmada por el verificador Cesar Martínez resulta clave por dos motivos: el primero es que todo lo que figura como no embarcado, efectivamente fue trasladado en el vuelo que partió el 12 de noviembre de 2019 a las 23.20 ya que apareció entre los pertrechos hallados en un depósito de la policía boliviana; y el segundo es que lo que figura “salvado” a mano era todo lo que la Agencia Nacional de Material Controlado (ANMAC) no había autorizado para su salida del país.
Ambas cuestiones resultan determinantes para confirmar el delito que se investiga en la Justicia por contrabando agravado. Al no estar autorizadas, no podían ser embarcadas de manera legal. Esa “inconsistencia” no aparece en el sistema informático de asiento de Aduanas, que supuestamente se carga 48 horas después de la verificación completada in situ. ¿Fue un intento de salvar la ausencia de autorización legal para incluirlas en la “exportación temporaria” que habían acordado entre Gendarmería y la Aduana bajo la gestión de Diego Dávila?
Ante este escenario, y como corresponde al delito investigado, ayer la actual titular de Aduana, Silvia Traverso se presentó como querellante por ese organismo ante el juzgado de Javier López Biscayart. Anunciaron que aportarán su expertise a la investigación que también incluye al fiscal Claudio Navas Rial. Además, ya se aportó la documentación, entre las que se encuentra el publicado por Ámbito. Solamente con lo que se revela en esta Factura aduanera que se publica, alcanza para comprobar el tipo penal de contrabando de elementos bélicos y material controlado.
Quizás otro elemento contenido en este documento, termina por graficar el grado de compromiso transversal que involucró a Defensa, Seguridad, Gendarmería, la ANMAC y la Aduana. En el ítem 18 del listado verificado y bajo la descripción “cartuchos 12,70 MM A/T” figura la cantidad de “71.350” por un valor total -en términos de tributos aduaneros- de u$s8.562. Eso confirma que el arsenal fue cargado en el Hércules C-130 adicionando los 70 mil cartuchos a los 1.350 que acompañaban al Grupo Alacrán. Entre ellos, 40 mil fueron agradecidos por carta por la Fuerza Aérea de Bolivia y casi 30 mil fueron encontrados en el depósito policial en La Paz. Se presume que ese fue el destino original del material bélico.
La Factura de Gendarmería -que consigna el valor FOB, específico para la “exportación” en términos tributarios- asentó que el valor total era de u$s39.645,15.
Fuente: Ámbito.com
Factura Protoforma de Aduana. (Ámbito.com)
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