Tratando de justificar lo injustificable, ayer la ministra de Salud de Salta, Josefina Medrano, expresó en una entrevista radial tras conocerse la octava muerte de un bebé por desnutrición, que “no es de hoy que los chicos mueren en esta época del año”.
La funcionaria indicó que, en realidad, “corresponde a un chico de siete meses que muere por muerte súbita, no está relacionado con la desnutrición, ni con la etnia, ni con el agua, ni con ninguno de los factores que están concurriendo en el norte de la provincia”.
Y agregó la “no es de hoy que los chicos mueren en esta época del año, hace muchos años que sucede esto en la provincia”, en un intento alejar los cuestionamientos sobre su desempeño frente a la cartera de Salud provincial.
Lo cierto, es que el gobernador Gustavo Sáenz, con la complicidad de la propia Medrano, recortó el presupuesto del programa de salud Refuerzo Estival en unos casi 6 millones de pesos.
Dicho programa abastece de alimentos y agua potable en verano durante el crecimiento del monte en áreas rurales donde se encuentran comunidades en situación de vulnerabilidad, como es el caso de los wichís.
Este recorte, que afectó principalmente la base aérea sanitaria ubicada en el aeropuerto de General Mosconi, incluye la quita de los viáticos de los médicos, camionetas cargadas de alimentos, vehículos cisterna para abastecer de agua potable a las distintas localidades.
Respecto a los viáticos, a través del Memorándum 5/20 del ministerio de Salud provincial, que Medrano firmó el 6 de enero de este año, dispuso que los médicos debían pagar de su sueldo los gastos de viáticos, traslado y alojamiento si querían acceder a lugares alejados de los centros urbanos para atender a las comunidades más vulnerables.
Según detalla el documento “se informa que la movilidad en cuanto a los destinos asignados a los Profesionales Asistentes para el año de devolución posterior al Ciclo Docente Básico queda a cargo del profesional, quedando sin efecto la competencia de traslado a cargo del Ministerio. Cualquier incumplimiento de lo aquí dispuesto será responsabilidad del profesional”.
Tras quedar sin efecto el memorándum, por las recurrentes denuncias de los médicos por la violación de los estatutos y normativas que regulan su actividad, el gobierno obligó a los profesionales de la salud a no hablar sobre la crisis sanitaria.
Asimismo, el decreto para declarar la emergencia en los departamentos de San Martín, Rivadavia y Orán, firmado por Sáenz esta semana, sólo quedó en papeles, puesto que continúa la falta de personal de salud que pueda acceder a las zonas mencionadas.
Por su parte, Isabel Soria, presidenta de la Fundación Volviendo a Casa señaló al portal El Destape que hay graves problemas de desnutrición y falta de acceso a agua potable que requieren una atención urgente, pero “no hay médicos en la ciudad cabecera del departamento de San Martín, ni pediatras y de madres”. El nosocomio San Bernardo, en el centro, es el más grande de la zona “pero no van al interior porque no les pagan el desarraigo, no les alquilan la casa y piensan que ellos lo paguen con el sueldo propio”. Por eso, señaló, no pueden “sorprender las muertes porque todo el sistema está mal. Es consecuencia de años y malas decisiones que está tomando Sáenz”.
Lejos de hacerse cargo de la responsabilidad de sus políticas, el gobierno provincial intentó culpabilizar a los propios padres de los niños fallecidos. A través de un comunicado, el secretario de Salud, Antonio de los Ríos, sostuvo que "en realidad no son muertes por desnutrición, sino que la desnutrición es un componente más en el cuadro clínico de los niños. Esto ocurre por múltiples factores relacionados con la forma de vida de las comunidades aborígenes, especialmente wichís, que son reacias a la atención médica”. "Estamos muy preocupados y en una situación de emergencia. Esperan que los chicos mueran para venir a vernos", agregó, cargando las tintas sobre los pueblos originarios.
Fuente: Noticias Argentinas
El Destape
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