Si bien todavía no quedó oficializado, el vocero presidencial señaló que prontamente el INAFCI -Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena- cerrará, dejando a 900 trabajadores en todo el país, por lo que esta mañana integrante del organismo en Jujuy se convocaron en la Legislatura para llevar su reclamo.
De una trayectoria de décadas -testimonios de trabajadores señalan que tienen una antigüedad que va desde los 15 a los 30 años-, son 36 profesionales que se dedicaron todo este tiempo a asistir a pequeños productores, campesinos y comunidades originarias con asistencia técnica, capacitaciones, formulaciones de proyectos, entre otras tareas.
Ante la incertidumbre laboral, dado que todavía no hay telegrama de despido, las y los trabajadores del INAFCI de la provincia se presentaron en las puertas del parlamento provincial esperando ser atendidos.
Su presencia en la Legislatura no fue azarosa: “con la eliminación del INAFCI se incumple con la Ley 27118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, y le quita derechos a todo el sector de la agricultura familiar: comunidades y grupos campesinos, Pueblos Indígenas, pequeños productores y productoras, y artesanos”, sostuvieron en un comunicado.
Asimismo, desmintieron la versión del gobierno nacional respecto a que no se realizaba ningún trabajo.
“Somos los y las trabajadores que aseguran que la única política destinada a la agricultura familiar llegue a sus beneficiarios. Somos 36 profesionales divididos en 4 zonas de trabajo y una oficina administrativa, que trabajan en una institución desfinanciada, desguazada, poniendo sus equipos, sus vehículos, pagando el combustible de sus bolsillos para cumplir con su trabajo y llegar a todas las localidades. Somos 36 técnicos y técnicas que llegan con su trabajo a todos los rincones de la provincia, ahí donde no llega nadie, nunca… ahí estamos nosotros hace 30 años. Las comunidades nos conocen, saben de nuestro trabajo, nos reconocen en el territorio, son beneficiarias de los proyectos que por medio del Estado ayudan a mejorar sus condiciones de vida y de producción: obras de agua, infraestructura para la producción, radios indígenas y comunitarias, salones comunitarios, mejoramiento de los animales, fondos de emergencia, registro de la agricultura familiar, monotributo social agropecuario y un sin número más de acciones que se desarrollan en lo cotidiano de los y las productoras de la agricultura familiar”, detallaron.
Asimismo, pusieron en duda el ahorro que significa el cierre del instituto y aclararon que “perjudica principalmente a un sector históricamente olvidado y relegado de cualquier política. Perjudica a todos los ciudadanos desmotivando la producción de alimentos, haciendo que todo se encarezca, incrementando la migración, la desocupación y la pobreza”.
Por último, el documento subrayó “somos más de 900 trabajadores en todo el país, no somos ñoquis, no somos la casta, somos profesionales que eligieron trabajar junto a la agricultura familiar por la seguridad y la soberanía alimentaria”.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
