Verónica Chavéz, presidenta de la Comunidad de Santuario de Tres Pozos perteneciente a Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc participo de la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington DC, donde junto a otras comunidades de Argentina, Bolivia, Chile expusieron las vulneraciones de derechos humanos, derechos ambientales perpetrados por los gobiernos provinciales y nacionales en complicidad con empresas multinacionales para la extracción de minerales para la transición. Situación similar relatadas por referentes indígenas y expertos en derecho y ambiente donde el reclamo es el peligro ante el uso del agua dulce para la extracción de minerales y contaminación.
La audiencia 31 que se celebró, se escucharon los impactos socio ambientales en el contexto de la transición energética, información sobre las afectaciones a territorios y comunidades de América Latina por la extracción de minerales, litio, koltán, utilizados para la generación de energías renovables.
Santuario de Tres Pozos una de las 39 comunidades de la Cuenca de Salinas Grande y Laguna Guaytayoc, en Salta y Jujuy. “Nuestro territorio tiene una identidad milenaria de nuestros pasados, nuestros abuelos, tatarabuelos. Ahora nosotros lo cuidamos como lo cuidaron ellos, que nos dejaron un territorio sano. En este territorio nuestros abuelos vivían de sus ganados, artesanías, extracción de sal, cultivo, como lo seguimos haciendo hasta hoy” expuso Verónica , acentuando la ancestralidad de la comunidad y que hoy ese territorio es uno de los lugares turísticos y de explotación minera por tener litio en el subsuelo.
“Vivíamos tranquilos y libres hasta ahora, pero hace 14 años empezaron a llegar empresas multinacionales interesadas en el litio. Dejamos muchas cosas de lado para defender nuestro territorio, porque entraron a nuestra casa grande sin pedirnos permiso. Desde entonces llevamos una lucha muy intensa, porque vulneraron todos nuestros derechos” relato ante el ingreso de las mineras a las comunidades
191º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington DC
El Kachi-Yupi no se aplica
“Empezamos a organizarnos para defendernos, hemos buscado abogados, geólogos, técnicos para saber de qué se trata este mineral. Después hicimos un reglamento entre todos, porque se trataba del tema de agua, y el agua no tiene frontera. También elaboramos un Kachi-Yupiy. Es un protocolo para que nos consulten antes de armar cualquier proyecto en nuestro territorio” relato ante la preocupación por el consumo de agua de las mineras que atenta con la vida de las comunidades.
El kachi-yupi, es un protocolo para la aplicación del “derecho a la consulta libre previa e informada” elaborado por las comunidades de Salinas, presentado ante las autoridades provinciales y nacionales, reconocido por el Defensor del Pueblo de la Nación.
“En la provincia nunca se aplicó. Lo que estamos viviendo ahora con las empresas y el gobierno en nuestro territorio es que nos están dividiendo. Nosotros preocupados por la consecuencia de la extracción de litio en la zona, con poca agua. Somos seres humanos, tenemos que tener un ambiente sano, como cualquier ciudadano del mundo. Lo que estamos defendiendo es nuestra vida, los de las plantas animales domésticas y silvestres, las vicuñas, las llamas, etc. La vida de nuestros ancestros, Laguna, Salina, Apu, que son parte de nuestra familia, que estamos en peligro”. Además las comunidades rechazaron la Reforma de la Constitución del ex Gobernador Gerardo Morales en junio 2023 porque va contra los derechos indígenas. La respuesta del gobierno fue la persecución a dirigentes con causas penales.
“ Todos nosotros necesitamos agua para vivir, agua limpia y un territorio sano. Somos consciente de que esto no es un trabajo hacia el futuro, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Y nosotros seremos un sacrificio para poder extraer este mineral” fue el mensaje de las comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc ante el presidente de la CIDH, el relator de derecho económicos sociales .
Los testimonios presentados ilustran un complejo cuadro de riesgos y afectaciones a los derechos humanos que se repite en varios territorios de la región, además la inexistencia de estudios de impacto ambiental de las mineras, y la falta de control de los gobiernos.
“Esta audiencia representa una oportunidad crucial para que la CIDH defina los parámetros de actuación tanto de los Estados como de las empresas en relación con la gestión de los minerales de transición. Es fundamental establecer obligaciones claras y específicas en este ámbito. La transición energética en nuestros países debe ser una oportunidad para avanzar hacia procesos de producción y distribución de energía más justos y equitativos. El rol del sistema internacional de protección es fundamental para garantizar la vigencia de los derechos humanos en las soluciones a la crisis climática” expreso la directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Humanos (FARN)
Ecosistemas perforados
Las reservas de los minerales para la transición energética se encuentran en América Latina, Argentina, Bolivia y Chile, concentran cerca del 53% de los yacimientos conocidos de litio a nivel mundial en sus humedales andinos. En Chile y Perú, donde se produce el 40% del cobre global; y en la Amazonía colombiana, donde las concesiones mineras, solicitudes de explotación y la extracción ilegal de minerales de transición violan los derechos de los pueblos indígenas.
Sin embargo, estos países ven el interés del Norte Global por estos minerales como una ventana de oportunidad para atraer inversiones. Los gobiernos priorizan estas inversiones, por sobre la realización de complejos, pero necesarios estudios hidrológicos para determinar si las operaciones pueden llegar a ser realizadas sin daños irreversibles al ambiente.
Un ejemplo de esto es la provincia de Catamarca, donde desde 1997 el extractivismo de litio ha provocado daños ambientales significativos, incluyendo la desecación de un brazo de la vega del río Trapiche. En marzo de este año, a instancias de la comunidad originaria Atacameños del Altiplano, la Corte Suprema de Catamarca ordenó la realización de una evaluación de impacto ambiental acumulativa e integral en el Salar del Hombre Muerto y ordenó al Estado provincial que no otorgue nuevas autorizaciones a proyectos de litio.
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