La justicia federal ordenó en el día de ayer que se prohíba en todo el país la venta del misoprostol, droga utilizada para realizar el protocolo de la interrupción legal del embarazo (ILE), a pedido de 2 asociaciones civiles.
Se trata del Misop 200, que bajo la resolución 946/18 del ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) se autorizaba a un laboratorio la venta de misoprostol para la interrupción del embarazo en todo el territorio argentino.
La medida tomada por la jueza subrogante en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, Cecilia Gilardi de Negre responde al pedido cautelar presentado por la Asociación para la Promoción de Derechos Civiles y la Asociación Civil Portal de Belén.
Ambas asociaciones basaron su planteo en que la resolución del ANMAT es de “nulidad absoluta e insanable” por la inconstitucionalidad del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”.
Pese que la jueza sólo hizo lugar de manera parcial a la cautelar, rechazando la nulidad del citado protocolo, sí autorizó la suspensión de la venta de misoprostol.
En su fallo, Gilardi de Negre ordenó “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional –sin esperar hasta el dictado de la sentencia– ante el peligro de que se utilice el medicamento para tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho constitucional que debe garantizarse”.
Por su parte, la Red de Socorristas, que hace poco lanzó una campaña denominada “en un mundo justo las niñas no son madres” expresaron su malestar. “Más mujeres van a recurrir a abortos de manera insegura. Al parecer, a estas organizaciones no les importa la vida de las personas gestantes”.
Fuente: lavoz.com.ar
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