Desde que en 2013 en Uruguay se despenalizó el consumo de marihuana, se generó un comercio legal y que genera una nueva industria con múltiples fines: recreativo, medicinal, industrial y alimenticio.
Para hacer posible esto, el Estado uruguayo debió cambiar el paradigma del prohibicionismo de las leyes existentes, a uno nuevo, donde el consumo de marihuana está despenalizado.
Pepe Mujica, quien era presidente por ese entonces, consideró necesario esta ruptura para combatir el narcotráfico, para que el estado pudiera regular el tráfico de cannabis. La nueva ley, estableció un permiso a los uruguayos para cultivar la planta en sus casas, en clubes de membresía o comprar la marihuana empaquetada en las farmacias.
Así, se generó un amplio negocio, que algunas consultoras entendidas en el tema, estiman que será millonario con el paso de los años. Tal es así, que el gobierno rioplatense ya otorgó 19 licencias para empresas o entidades públicas -como universidades- autorizadas a investigar o desarrollar todos los aspectos del cannabis. Además, existen otras 8 en evaluación.
Martín Rodríguez, Director Ejecutivo del IRCCA (Instituto de Regulación y Control del Cannabis), entidad creada con la finalidad de regular la plantación, cultivo, cosecha, producción, elaboración, acopio, distribución y dispensación del cannabis, estimó que con la entrega de esas licencias de explotación, “se generarían en los próximos cuatro años entre 3.000 y 4.000 nuevos puestos de trabajo directos".
Muy lejos de este ejemplo uruguayo, está la empresa del estado Cannabis Avatara, que con autorización del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, se habilitó en la provincia el primer centro destinado al estudio y cultivo del cannabis medicinal, que funcionará en la finca El Pongo.
Con el aval del Ministerio de Seguridad, parecería que la empresa a cargo de Gastón Morales, hijo del gobernador, estaría en regla. Sin embargo, Cannabis Avatara, es una sociedad mixta, 50 por ciento estatal, 50 por ciento privada. La parte privada está conformada por la firma Green Leaf Farms International, radicada en Estados Unidos, que se dedica a esta industria desde hace 8 años, dedicada a la venta de marihuana con fines recreativos.
El problema radica en que la Ley N°27.350, donde se autoriza el uso del aceite de cannabis medicinal, establece en uno de sus artículos que se “podrá autorizar el cultivo de cannabis por parte del Conicet e INTA con fines de investigación médica y/o científica (…). En todos los casos, se priorizará y fomentará la producción a través de los laboratorios públicos nucleados en la ANLAP” (Cfr. Artículo 6º), cosa que no ocurrirá con Cannabis Avatara.
Otro de los puntos, según indicó el abogado Mariano Fusero, presidente de RESET (Política de Drogas y Derechos Humanos) se cultivará y elaborará “productos cannábicos en tierras estatales, sin que se conozca con certeza la finalidad posterior de los mismos”.
Así, puede entenderse, que Cannabis Avatara será solamente una arrendataria de Finca El Pongo, donde ciento de familias campesinas viven y desarrollan su actividad frutihortícola, que temen ser desplazados, por el gobernador Gerardo Morales y su hijo, Gastón, presidente de la empresa.
Fuente: Infobae
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