La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó este miércoles un informe donde expuso los múltiples incumplimientos que cometió el gobierno de Mauricio Macri al firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que endeudó al país por casi 57.000 millones de dólares. La auditoría especializada reveló que el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien firmó el acuerdo, no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública. Además, se omitió la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales y no se le solicitó al Banco Central un dictamen sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos, tal como exige el artículo 61 de la ley 24.156 de Administración Financiera.
El informe fue aprobado por mayoría en una reunión llevada adelante en la sede de la AGN de la que participación su titular Jesús Rodríguez, y los auditores generales Francisco Javier Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada, Miguel Ángel Pichetto y Alejandro M. Nieva.
El auditor general Francisco Javier Fernández, como presidente de la Comisión de Supervisión de Deuda Publica, presentó un video a modo de resumen y explicó los hallazgos principales destacando la importancia de esta auditoría por ser la primera que se realiza sobre un préstamo del FMI y por la importancia del financiamiento.
Deuda record y fuga
La AGN informó que el acuerdo resultó ser el más importante de la historia de la Argentina y también de la historia del FMI, representando 127 veces la capacidad de endeudamiento del país, determinando que, por su magnitud y características, impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos.
Los fondos ingresados de la deuda con el FMI se aplicaron casi exclusivamente al pago de servicios de deuda detectándose que el 71 por ciento de los mismos, equivalentes a 27.732 millones de dólares, fueron utilizados para cancelar servicios de deuda de corto plazo emitida entre 2016 y 2019, es decir, durante el mismo gobierno de Mauricio Macri.
“Estos pagos resultaron en una masa de recursos volcada al mercado que coexistió con una salida de capitales sin control, situación que debería haber sido evitada conforme al Convenio Constitutivo del FMI”, remarcó la AGN en el comunicado distribuido este miércoles.
Asimismo, el organismo resaltó la falta de intervenciones técnicas adecuadas para evaluar los costos y riesgos de la operación, inexistencia de opinión de la Unidad de Auditoría Interna, como así también la falta de asesoramiento jurídico oportuno y efectivo, destacando sobre todo la omisión de la actuación del Ministerio de Finanzas, que tenía a su cargo específicamente la gestión de la deuda pública. En el informe se destaca incluso que no se pudo encontrar el documento definitivo del acuerdo dado que existen múltiples versiones del texto del crédito stand-by.
Como conclusión, la auditoría especializada señaló que los procesos y procedimientos relacionados al préstamo no aseguraron la eficiencia y la efectividad en la gestión de la deuda, provocando incumplimientos legales, afectando la prudencia en la administración del endeudamiento, y vulnerando la adecuada supervisión del financiamiento. “El auditado tomó decisiones sin contar con la debida información en cuanto al costo y riesgo asumidos, impactando en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública”, subrayó el organismo.
El informe de la AGN, que tiene 200 páginas y se difundirá completo dentro de un par de semanas, le será enviado a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, magistrada que tiene a cargo la causa contra Mauricio Macri, Luis Caputo (ex ministro de Finanzas) y Federico Sturzenegger (ex titular del BCRA) por los delitos de malversación de fondos y administración fraudulenta en la contratación del crédito con el FMI en 2018 y el posterior desvío de los recursos obtenidos. El fiscal interviniente imputó a los tres mencionados y a otros dos ex integrantes de los equipos económicos de Macri. Sin embargo, ninguno de los cinco fue llamado ni una sola vez a declarar por Capuchetti, a pesar de que pasó más de un año y medio desde aquella imputación.
Antecedente
La AGN ya había aprobado el pasado 8 de febrero un informe sobre la cuenta de inversión de 2018. En aquella oportunidad el organismo evaluó el estado de la deuda publica incluida en los estados contables de la rendición anual de cuentas de la nación al 31 de diciembre del año 2018, considerando los movimientos y registros realizados. Allí se subrayó que a fines de 2018 la deuda publica ascendió a 332.192 millones de dólares y pasó a representar el 85,2 por ciento del PIB, en comparación al año anterior que fue de 320.935 millones de dólares equivalente al 56,5 por ciento del PIB. En términos de PIB el peso de esa deuda aumentó en casi 30 puntos del producto y la emisión neta de deuda de ese año ascendió a 55.940 millones de dólares, siendo el préstamo tomado con el FMI la causa central que explicó esa situación.
En el nuevo informe de auditoría aprobado este miércoles se buscó puntualmente determinar el impacto del acuerdo con el FMI en la solvencia y la sostenibilidad de la deuda pública, evaluar si el proceso de toma de crédito con el FMI cumplió con las leyes nacionales y si se evitó el uso indebido de fondos.
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