El salario mínimo, vital y móvil llegará a los 33 mil pesos y su incremento será del 52,8 % anual

El Consejo del Salario acordó una suba del Mínimo Vital y Móvil para llevarlo a $33.000 en febrero próximo, con revisión en marzo, con lo cual ese haber acumulará en el año un 52,8 de incremento.

La nueva suba se añade a la actualización del 35% que se firmó en abril y será en tres etapas: un 9% en septiembre ($31.104), un 4% en octubre ($32.000) y el restante 3% en febrero ($33.000).

Ya en el acuerdo de abril estaba prevista una instancia de revisión del aumento en septiembre, pero, tras la derrota de las PASO, el Gobierno decidió reforzar las medidas con impacto en el bolsillo y adelantar unos días la convocatoria. En vez de realizarse el jueves 30 de septiembre, la fecha definida inicialmente, se fijó para este martes 21.

La reunión se realizó de manera virtual y en la sede de la cartera laboral estuvo el ministro Claudio Moroni. Por los empresarios concurrieron Daniel Funes de Rioja (UIA), Juan José Etala (UIA), Julio Cordero (UIA), Guillermo Moretti (UIA), Horacio Martínez (UIA), Pedro Etcheberry (CAC) y Jorge Hulton (CAMARCO).

De parte del gremialismo se encuentran Héctor Daer (CGT), Carlos Acuña (CGT), Andrés Rodríguez (CGT), Gerardo Martínez (CGT), Sergio Romero (CGT), José Luis Lingeri (CGT), Roberto Fernández (CGT), Víctor Santa María (CGT), Jorge Sola (CGT), Rodolfo Daer (CGT), Julio Piumato (CGT), Noe Ruiz (CGT), Antonio Caló (CGT), Armando Cavallieri (CGT), Ricardo Peidro (CTA Autónoma) y Hugo Yaski (CTA Trabajadores).

A fines de abril el Ministerio de Trabajo había acordado con las principales centrales sindicales y patronales un aumento del 35%, a concretarse en siete cuotas entre abril y febrero de 2022. La escalada inflacionaria forzó primero a adelantar los tramos, que terminaron de aplicarse este mes y llevaron al salario mínimo a $29.160, un valor por debajo de la canasta básica alimentaria, que traza el límite con la indigencia. 

La discusión en el Ministerio de Trabajo se llevó adelante mientras agrupaciones y movimientos sociales marcharon en el centro porteño y en otras ciudades del país en reclamo de un salario mínimo que cubra "la canasta básica familiar de $70.000".

El Consejo está integrado por 32 miembros titulares: 16 por la parte trabajadora y la misma cantidad en representación de las cámaras empresarias. Según el listado de asistentes que difundió el Ministerio de Trabajo esta tarde, de esos 32 miembros solo dos son mujeres: Noé Ruiz, del sindicato de Modelos que integra la CGT y, por la parte empresaria, Verónica Sánchez, de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra).

En los últimos meses distintos sindicatos revisaron junto a las cámaras sectoriales los acuerdos paritarios sellados a principio de año (cuando el Gobierno estimaba una inflación anual del 29%) con el objetivo de acercarlos a la evolución efectiva de la inflación. Esta reapertura de las discusiones generó un desplazamiento de la pauta inicial, en torno al 30%, al orden del 45%. Ese porcentaje está línea con la proyección que sinceró el Gobierno en el presupuesto 2022 presentado la semana pasada en el Congreso.

El salario mínimo es la principal referencia para los trabajadores informales e independientes y es una herramienta clave porque su actualización está ligada también a los haberes jubilatorios y las prestaciones sociales. Por ejemplo, el beneficio del programa Potenciar Trabajo, que alcanza a 1,1 millones de personas, es de la mitad del salario mínimo. Así, la recomposición de este concepto generará una onda expansiva que alcanzará a distintos segmentos de la población.

Aumentar el salario mínimo es, junto con la mejora de las remuneraciones estatales, una de las herramientas que el Gobierno tiene a mano para acelerar su tan mentado objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. En la salida de la crisis del 2001 el Salario Mínimo Vital y Móvil se utilizó como una herramienta para empujar los ingresos al alza, elevando los pisos de discusión. Entre 2005 y 2006 llegó a representar el 70% del promedio salarial, muy cerca del mínimo de convenio, y luego comenzó a desinflarse.

Fuente: diarioar.com