La Justicia investiga si el gobierno de Mauricio Macri, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el jefe de la Armada, Almirante Marcelo Srur, ocultaron o demoraron datos claves para hallar los restos del submarino ARA San Juan que había desaparecido en noviembre del 2017. Puntualmente, si desconocieron informes de inteligencia de los EE.UU. y Gran Bretaña respecto del lugar donde yacía el submarino.
La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, a instancia de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, le solicitó al canciller Felipe Sola, y al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, las comunicaciones e intercambio de mensajes e información entre las “inteligencias” y las armadas de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Argentina, realizadas durante la búsqueda de los 44 submarinistas desaparecidos.
Además, la Justicia busca saber por qué el gobierno de Macri no acepto la colaboración de la Royal Navy, en diciembre de 2017, para buscar, con elementos de alta tecnología, como lo son los minisubmarinos remotos, los posibles restos del submarino argentino en la zona donde finalmente se lo encontró casi un año después (el 18 de noviembre de 201), por la empresa Ocean Infinity a la cual se le pagó unos 7.000.000 dólares.
Del expediente surgen datos hasta ahora desconocidos: la Armada de los Estados Unidos instaló en Puerto Belgrano, lugar donde funcionaba el comando central de búsqueda y rescate del submarino, un sistema CENTRIX, que es “un sistema de mensajería y videoconferencia encriptado". La Argentina tiene una sola terminal y está instalada en el Edificio Libertad, sede de la Armada. Por esa razón los militares norteamericanos trajeron otra y era utilizada por ellos, los oficiales británicos y argentinos. Parte de esas comunicaciones son las que requirió la Justicia a través de un requerimiento a Cancillería.
Además, de la causa se desprende que existían elementos suficientes para inferir que ya se conocía, al menos de forma aproximada, la ubicación de ARA San Juan 20 días después de su desaparición. Eso declaró en su defensa ante el Tribunal de Comodoro Rivadavia, el contraalmirante Enrique López Mazzeo y aporto las coordenadas brindadas por el buque chileno Cabo de Hornos.
En tanto, la solicitud de Yañez a Cancillería sobre las comunicaciones cifradas entre los tres países es un hecho excepcional y no tiene antecedentes cercanos. La medida es aleatoria a las responsabilidades que pudieron haber tenido la conducción de la Armada y los funcionarios políticos por haber permitido que un buque de guerra, que ya había presentado algunas fallas en el patrullaje de julio de 2017, fuese autorizado a zarpar de la Base Naval de Mar del Plata el 25 de octubre de 2017.
Además, con el objetivo de realizar junto a la Flota de Mar el mayor ejercicio naval desplegado por la Armada desde 1983 en el sur de nuestro país; y de allí partir desde el puerto de Ushuaia, a patrullar el Mar Argentino para controlar la pesca ilegal y realizar tareas de inteligencia sobre las aeronaves y buques de Gran Bretaña en las Islas Malvinas.
Según consta en la causa, el personal de inteligencia que estaba a bordo del submarino debía espiar a la marina británica. La “Orden de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos” N° 04/17, fechada el 24 de octubre de 2017, el submarino ARA San Juan debía “obtener reconocimiento preciso” y “localización, identificación, registro fotográfico/fílmico” de aeronaves militares y logística (RAF 130) que responden a la gobernación de las Islas Malvinas y a la Real Fuerza Aérea británica. El escrito precisa que debía recolectar información sobre varios buques, entre ellos el “BP CFL HUNTER”, el “HMS CLYDE” y el “FPV PROTEGAT”.
Lo que se desprende de las primeras investigaciones es que el submarino no estaba en condiciones de realizar este tipo de operaciones y verificar si buques pesqueros extranjeros estaban operando de forma ilegal. A eso se suma que el capitán del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, había solicitado a sus superiores que se lo releve de esa actividad y de controlar la pesca ilegal. Entre otras razones, porque un pesquero chino ya había intentado embestirlo el 7 de julio de 2017. El capitán había dejado escrito a sus superiores que “el pesquero (LU RONG YUAN YU 883) comenzó a propulsar a gran velocidad” rumbo la posición del submarino cuando se intentaba realizar un “acercamiento” para identificación del buque asiático. Ese movimiento obligó al capitán a sumergirse y realizar “maniobras evasivas” para evitar una colisión con el barco chino, hasta que detectó que el pesquero se había alejado.
Por otra parte, la justicia federal del Sur requirió medidas para llegar a establecer las razones por las cuales la administración Macri desechó o desoyó el ofrecimiento de la Royal Navy de rastrear en la zona dónde finalmente fue hallado el submarino, un año más tarde. La zona fue rastrillada al final de la búsqueda, en contrario de las recomendaciones de la armada de los Estrados Unidos. Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas, y querellante estaba presente.
En este punto, tanto el Tribunal de Alzada, como la querella principal, se preguntan por qué el gobierno de Macri no aceptó el ROV -el minisubmarino no tripulado y que podía descender hasta más de mil metros- ofrecido por la armada británica, y que sería trasportado por el HMS Protector, el buque científico de la Marina Real Británica que en ese momento estaba en la Islas Malvinas.
Fuente: El Destape
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