Carlos Pedro Tadeo Blaquier no está en condiciones, a sus 94 años, de afrontar un juicio. Eso sostiene el dictamen del Cuerpo Médico Forense (CMF) que evaluó el estado de salud del dueño de la empresa Ledesma, emblema de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Los peritos de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), por lo que pudo saber Página/12, están de acuerdo con que Blaquier presenta un deterioro cognitivo severo que le impediría estar en las audiencias. Procesado en 2012, la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema fueron claves para transformar –a lo largo de casi diez años– la demora en impunidad y que el empresario logre esquivar el banquillo.
El 13 de diciembre pasado, Blaquier llegó al CMF para hacerse un estudio presencial después de que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy que tiene sus dos causas elevadas a juicio así lo ordenara. Le habían hecho un peritaje telemático pero los peritos de la querella y del Ministerio Público Fiscal pidieron verlo en persona.
Los expertos del Cuerpo Médico Forense marcaron las lagunas del abogado que se hizo cargo del ingenio Ledesma después de casarse con la hija de los dueños, Nelly Arrieta de Blaquier. Para ellos, Blaquier tiene un deterioro cognitivo al menos moderado que dificulta su desempeño y le resta autonomía psíquica suficiente. Los peritos de la querella de la SDH sostuvieron que no se encuentra dentro de la normalidad psicojurídica.
El panorama parece definido ya aunque aún resta que se pronuncien otros peritos. Para llegar a esta situación, Blaquier contó con la inestimable ayuda de la Casación y la Corte para ganar tiempo y esquivar dar explicaciones ante un tribunal oral y público –y, por ende, ante las víctimas y los familiares– sobre su rol y el de su empresa en secuestros y desapariciones ocurridas en 1976 en Jujuy.
Recién en 2012, un juez que no era de la jurisdicción, Fernando Poviña, se atrevió a procesar a Blaquier. Lo hizo en dos causas. La primera incluye tres secuestros ocurridos en los primeros días del golpe. Uno de los secuestrados entonces fue el médico y exintendente Luis Arédez, esposo de Olga Márquez, emblema de la denuncia contra Ledesma. La segunda causa incluyó inicialmente lo sucedido con 26 personas que fueron secuestradas entre el 20 y 27 de julio de 1976 en lo que se conoció como las noches de los apagones, cuando el corte de suministro eléctrico permitió que las fuerzas de seguridad –que usaban los transportes que proveyó la empresa– se llevaran a decenas de personas. Los secuestrados pasaron por el centro clandestino de detención que funcionó en la hostería de Guerrero. Algunos desaparecieron, otros fueron liberados y otros incluso pasaron a prisiones remotas del lugar como la Unidad 9 de La Plata.
La ayuda de Casación y la Corte Suprema a Blaquier
Después de que la Cámara Federal de Salta confirmara los procesamientos en 2013, la Casación los revocó en marzo de 2015 cuando ya soplaban vientos de cambio. Lo hicieron los casadores Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi. La Casación, al dictarle una falta de mérito, logró impedir que Blaquier se sentara en el banquillo y dilatar las definiciones para que el paso del tiempo jugara a favor de la impunidad. Después, los casadores incluso rechazaron el recurso del fiscal Javier de Luca para llevar la cuestión ante el máximo tribunal para revertir lo que era un sobreseimiento encubierto.
La Corte no se quedó atrás. Tuvo en un cajón durante otros seis años la resolución de la causa. En julio, los cortesanos Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton anularon la resolución de la Casación, a la que acusaron de haber bloqueado indebidamente el proceso. Carlos Rosenkrantz votó en sintonía con los intereses de Blaquier y Ricardo Lorenzetti no participó de la deliberación. Fueron casi diez años en los que se estiró la definición de una causa cuyo principal imputado ya superaba los 80 años cuando fue procesado.
El reclamo por la resolución de la causa Blaquier fue una de las banderas de organismos y defensores de derechos humanos durante los últimos años. La querella de HIJOS Jujuy insistió una y otra vez para que resolviera la situación de Blaquier. La Secretaría de Derechos Humanos se sumó tan pronto como Alberto Fernández asumió y designó a Horacio Pietragalla Corti al frente de ese organismo. El ministro de Justicia Martín Soria en su visita reciente al máximo tribunal les enrostró a los supremos que habían dormido ésta y otras causas de lesa humanidad, lo que podría derivar en sanciones internacionales para la Argentina.
La denuncia que estudia el Gobierno
Según pudo saber Página/12, en el Gobierno están analizando denunciar a todos los jueces que durmieron la causa para evitar que Blaquier fuera a juicio. Las denuncias podrían ser incluso penales.
Aunque Blaquier logre esquivar el banquillo, los organismos reclaman que el año próximo se haga el juicio contra su consorte de causa, el exadministrador del ingenio Ledesma Alberto Lemos, que ya ronda los 80 años. Un proceso que no admite más dilaciones que beneficien al empresariado que fue el gestor del modelo de sangre y fuego que la dictadura implantó.
Fuente Página 12
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