Continúan los alegatos de las querellas de H.I.J.O.S. y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

La Megacausa de Jujuy , es el sector juicio por delitos de lesa humanidad, acumula 15 causas. Comenzó con 23 personas imputadas (en la actualidad quedan 19), entre ellas, militares retirados del Ejército y Gendarmería, así como también ex policías jujeños y federales a quienes se está juzgando, entre otros cargos, por el secuestro, la tortura y la desaparición de trabajadores/as de Mina El Aguilar y del ingenio Ledesma. Por los crímenes cometidos contra trabajadores de ambas empresas es investigada la responsabilidad de sus directivos en base a una gran cantidad de pruebas, muchas de las cuales fueron mencionadas en el juicio, que sin embargo quedó sin imputados empresariales. El propietario del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y el ex Administrador General de la empresa, Alberto Lemos, fueron beneficiados por una falta de mérito en un fallo de 2015 de la Cámara Federal de Casación Penal, el cual fue revocado recién en 2021 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con una demora que claramente favoreció la impunidad biológica. La megacausa suma 120 víctimas, de las cuales 44 siguen desaparecidas, y convocamos a acompañar el reclamo por Memoria, Verdad y Justicia para ellas y para toda la sociedad, y la exigencia del juzgamiento inmediato de las responsabilidades empresariales.

Mañana a las 8:30 hs, se reanudan una nueva audiencias en el Sexto juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia, por el canal de YouTube  del Poder Judicial  de la Nación, la Doctora Paloma Alvarez,Carrera iniciará  la exposición de alegatos, en el las instancias  finales del 6to. Juicio  de Lesa Humanidad, conocida como la Mega Causa Jujuy ( Compañía Minera Aguilar- Ingenio  Ledesma).

Centros Clandestinos , centros de exterminio

Durante la décimo segunda jornada de alegatos la Dra. María José Castillo, expuso los casos de la querella institucional de H.I.J.O.S. Jujuy por las víctimas; Fausto Choque Cabrera, Jaime Rafael Lara Torres, Johnny Vargas Orozco, Juan Carlos Espinoza, Paulino Prudencio Galean, Reynaldo Aragón, Armando Tilca Barreix, Carlos Ernesto Patrignani, y Jorge Osvaldo Weisz, todos ellos víctimas de desaparición forzada, y por los sobrevivientes del terrorismo de Estado; Carlos Alberto Cardozo y, Hugo José Condori, ambos fallecidos antes de que se iniciara este juicio, para demostrar la responsabilidad criminal de algunos de los acusados; Juan Carlos Jones Tamayo “El Pope” , Rafael Mariano Braga “El Cara Cortada” (Ejército Argentino); Hugo Armando Ruiz, Raúl Armando Claros, José Américo Lescano “El Loco” (Policía Provincial de Jujuy); Juan Carlos Lucero, Ceferino Narváez, Orlando Ricardo Ortíz, Mario Marcelo Gutiérrez, Herminio Zárate, (Servicio Penitenciario).

La Dra. aclaró que por cuestiones de brevedad no se iba a detener en el funcionamiento del circuito y la estructura represiva que sacudieron al país en esos años. Ya que se tiene por probado todo el contexto no solo a nivel nacional, sino también en Jujuy. Además, está bien demostrada la sistematización, los esquemas de zonas y áreas de defensa en las que se dividió el país en este plan contra la subversión, recordemos que esta provincia perteneció al área denominada 323, remarcó.

Pero sí le pareció importante detenerse en las funciones que cumplieron los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) en el plan sistemático de exterminio de la población, dijo, porque es la primera vez que se pudo conocer y se está juzgando la responsabilidad de quienes participaron y efectuaron un rol decisivo en el centro clandestino de Guerrero. ¿Cómo funcionaban estos centros? se preguntó…

Uno de los puntos claves, fue la comunidad informativa bajo el sistema de coordinación del Estado, esto sirvió para recopilar información, espiar e investigar a todas las personas que debían ser atacadas por ser consideradas izquierdistas. Con respecto al movimiento obrero, los oficiales de inteligencia se infiltraron fábrica por fábrica y junto con las patronales elaboraron las llamadas “listas” que contenían los nombres de quienes debían ser eliminados por considerarse elementos subversivos.

Es importante mencionar todo esto para comprender el alcance que tuvo este sistema represivo que estaba organizado y perpetuado por la complicidad de todo un estado, de manera que, no hay que olvidar que también hubo una participación de la esfera civil, que hoy sigue impune.

Los CCDTyE tuvieron un lugar central y neurálgico en la planificación de exterminio llevada a cabo por los genocidas, espacios clandestinos y alejados que existieron a lo largo de todo el país y compartieron características comunes que estaban bajo el mando de las unidades militares de la zona. Allí llegaron las víctimas, atadxs, amordazadxs y golpeadxs, sufrieron todo tipo de violencias, torturas físicas y psíquicas extremas, con el propósito de denigrarlxs de todas las formas posibles y anular su identidad, eran nombradas con un número o una letra. Estas mismas situaciones se dieron en los centros del Comando Radioeléctrico, Guerrero y en el penal de Villa Gorriti.

El obispo torturador 

También se conocieron datos sobre los otros "grandes ausentes" en este proceso, los responsables judiciales y eclesiales. Lo de la responsabilidad eclesial no es nuevo, dijo Castillo, ya en los juicios anteriores, incluso en la investigación que llevó adelante la Comisión Extraordinaria de la Legislatura en 1984 y en el juicio de habeas data, “cada uno de los testigos víctimas de la represión señalaron al obispo (José Miguel) Medina en los centros clandestinos llevando adelante la tortura”, haciendo simulacros de confesión en los que usaba la fe para obligar a les detenides a que dijeran lo que sabían, y que además sabía el destino de algunas personas detenidas. “Es quien golpea a Rita Garnica en el CCD de Guerrero, le pega una patada que le hace volar su dentadura y se la tira más lejos para que ella no pueda alcanzarla”, recordó la querellante.

“Esta responsabilidad eclesiástica también permanece impune pero que, conocemos, estuvo presente y de una manera macabra en la represión en Jujuy”, añadió.

Sobre la responsabilidad judicial, trajo el nombre del ex juez federal Carlos Magnus Topp, que no solo rechazaba los hábeas y otras presentaciones de las víctimas y familiares, sino que además les imponía costas, o archivaba las causas diciendo que no había presos políticos, después que  habían sido desaparecidos, como pasó con la denuncia de Armando Tilca Barreix. Y en el primer juicio reconoció que sabía que había apremios ilegales, sostuvo. 

Castillo cerró esta primera parte de su alegato ratificando que "si bien ha tenido un techo el juzgamiento de los responsables, porque no ha avanzado sobre estas dimensiones del terrorismo de estado, en cada uno de los juicios pudimos conocer el detalle, cuáles eran las actividades, cuáles eran las responsabilidades, en qué tramos de la represión intervinieron cada uno de estos responsables civiles haciendo posible este plan sistemático de actuación conjunta entre las fuerzas de seguridad y estos actores civiles”.

La persecución al movimiento obrero, la militancia gremial o política y por esa sola razón fueron perseguidas y espiadas, algunas desde principios de la década del 70, y fueron víctimas del terrorismo estatal y empresarial.

Hijos Jujuy