Crisis Institucional: Morales debió sacrificar a Pablo Baca

POR ALEJANDRA DANDAN para El Cohete a la Luna

Ni la expansión de la pandemia pudo evitarlo. Gerardo Morales perdió a la dama. Sacudido por el escándalo de la filtración de las escuchas y la denuncia por violación, debió entregar al presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Pablo Baca. El viernes a la tarde Baca le envió una carta de renuncia.

Anunció esta renuncia para facilitar y despejar toda duda en la investigación de un delito por el que ha sido denunciado, cuya comisión niega categóricamente. También se propuso evitar que los procesos de tipo político y judicial que se siguen en su contra «sean utilizados para cuestionar el funcionamiento de las instituciones en Jujuy”.

La renuncia llegó la misma semana en la que Morales no pudo frenar el avance del comienzo del análisis del proyecto de intervención federal al Poder Judicial de su provincia, tratado, de modo simbólico, en la primera reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. La moción de rechazo in límine que presentó su representante, la senadora jujeña Silvia Giacoppo, fue rechazada. Por unanimidad, la Comisión decidió avanzar hacia el proceso de recepción de prueba documental y testimonios con fecha límite para las presentaciones fijada para el 25 de marzo, y una agenda que incluye una nueva sesión para escuchar testimonios prevista con fecha, día y hora: el 31 de marzo.

En esta operación de salvataje, la renuncia de Baca sucedió al fracaso del intento por voltear el proyecto en el Congreso.

El 26 de enero, El Cohete a la Luna publicó la filtración de los audios entre Baca y la ex directora de Estadística y Censos de Jujuy, Ana Juárez de Orieta. Los diálogos son de 2016, 2018 y enero de 2019. En ellos, el entonces vocal del Superior Tribunal de Justicia reconoce que Milagro Sala continúa presa porque los jueces no quieren volver a los cortes ni al quilombo permanente. Y admite que la detención de una de las dirigentes sociales más importantes de este país obedece a la decisión de Morales, que no la quiere soltar.

Milagro no era el único tema de los audios. Baca habla también de la relación de Morales con quien entonces ejercía la presidencia del Superior Tribunal de Justicia, Clara Langhe de Falcone, Titina. Y decía que uno de los problemas de Morales es que «escucha a esa vieja que no sabe nada». Habló también del jefe de los fiscales al mando del Ministerio Público de la Acusación, creado en la primera semana de gobierno de Morales con una ley que juzgó excesiva, admite que Sergio Lello Sánchez presiona a los jueces y los llama por teléfono, que muchos de sus colegas del Tribunal se quejan, “incluso los nuestros”, pero que él debía protegerlo porque era «parte del equipo» de Morales.

Baca asumió como vocal del Superior Tribunal de Justicia en diciembre de 2015. Hasta entonces era diputado radical. Votó el proyecto de ampliación del Superior Tribunal de Justicia de 5 a 9 miembros que presentó Morales. Y un día después juró como magistrado del Tribunal.

La difusión de los audios alimentó un proceso de desgaste de la Justicia jujeña que comenzó con la detención irregular de Milagro Sala durante una protesta social. Durante estos años, organizaciones defensoras de derechos humanos como el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas declararon que su detención era arbitraria. Y en septiembre del año pasado, integrantes del Consejo Federal de Fiscales de todo el país viajaron a Jujuy ya no para defender a Milagro, sino para frenar el proceso de juicio político a uno de sus pares en un proceso de expansión de arbitrariedades judiciales que los obligó a decir que ya era necesario el remedio de la intervención federal de la Justicia jujeña desde la órbita de Nación.

La difusión de los audios sólo fue otro mojón en ese proceso. Pero obligó al gobierno a sentar, por primera vez en la Legislatura, a sus diputados para aceptar el comienzo del proceso de juicio político para Baca. Esta semana ese proceso avanzó. Baca era investigado por lo que admite en los audios: la subordinación de la Justicia al Ejecutivo y el archivo de expedientes para proteger al fiscal general. La Comisión recibió ahora copia de expedientes requeridos a la Justicia para comprobar esos datos, y se disponía a avanzar con la convocatoria a testigos. La renuncia deja al juicio político sin efecto, pero además desactiva localmente un tema que mantenía en agenda la discusión completa sobre la Justicia.

Desde la filtración de los audios, Baca estuvo de licencia. Presentó una denuncia penal contra aquella funcionaria con quien había mantenido los diálogos y una relación amorosa. Dijo que había sido coaccionado. Y amenazado. Dijo que los audios habían sido manipulados. E incluso suplantados. Y finalmente, reveló el nombre de Ana Juárez Orieta que hasta entonces este medio había decidido proteger. El viernes 28 de febrero, Ana buscó defenderse contra esas denuncias porque entendió que era un plan que se estaba cumpliendo: denunció al magistrado por violación por un hecho ocurrido el 23 de agosto de 2019 y sobre el que él le había advertido que si hablaba iba a alejarla de su hijo o arrojarla en el dique.

Ana ratificó la denuncia esta semana. Declaró el lunes pasado durante más de cuatro horas en la fiscalía de violencia de género a cargo de Ariel Urquiola. Y luego la fiscalía convocó a declarar a quien estaba en pareja con ella aquel 23 de agosto, un testigo clave, inusual en casos donde las violencias contra las mujeres tienen como testigos los confines de una alcoba. Aquel testigo podía hablar de las lastimaduras con las que la había encontrado y el final de la vida de intimidad que se acabó para ella después de esa violación. Algo de todo lo narrado por Ana en el ámbito de la fiscalía parece, también, haber inquietado al gobierno. Tal vez porque un nuevo escándalo signifique un KO. Una de las personas cercanas a Morales preguntó durante estos días si este medio tenía intención de publicar algo más sobre lo que se había dicho en esa audiencia. En la audiencia, Ana contó los detalles de lo que contó en una entrevista aquí, hace ya dos semanas. Pero de esos supuestos nuevos datos no dijo nada. Solo hubo un momento en el que ella comenzó a explicar cosas de las que le hablaba el magistrado.

–¿Quiere hacer una denuncia por esto? —preguntó el fiscal.

–No son cosas que a mí me consten, sino cosas que contaba él.

En Jujuy hubo otros movimientos importantes. Todo está en estado de alteración. Una alta funcionaria del Superior Tribunal de Justicia pudo declarar como testigo en una causa penal impulsada contra Baca por un grupo de diputados del Frente de Todos tras la filtración de los audios, en este caso por incumplimiento de los deberes de funcionario público, retardo de justicia, amenazas agravadas y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Aquella empleada habló del trabajo de Baca sobre dos trámites: una denuncia por inconstitucionalidad del Ministerio Público de la Acusación y otra presentada contra el jefe de los fiscales por una de las secretarias penales de su ministerio. No se conocieron los detalles. Pero se supo que la declaración de esa mujer fue contundente.

La renuncia de todos modos sorprendió. Y la pandemia no frenó el tránsito de mensajes de teléfono que se dispararon poco antes de la siete de la tarde. El bloque de diputados del PJ de Jujuy y la Asociación de Abogadas y Abogados habían exigido su alejamiento después de la denuncia de violación. Y alentaron el avance del proyecto de intervención al Poder Judicial. Morales hizo todo para pararlo: una marcha en su provincia a la que no viajaron las primeras líneas de Cambiemos; un raid en programas de televisión en los que volvió a agitar ese fantasma de Milagro con el que la filia al mundo del odio; un encuentro de la conducción nacional de Cambiemos en Buenos Aires antes de la sesión del Congreso. También organizó otra marcha frente al Congreso pero fracasó, finalmente, cuando le pidió una respuesta pública a Alberto Fernández sobre el proyecto de intervención.

«Gerardo Morales [gobernador de Jujuy] me lo preguntó y le dije que desconocía (el proyecto), porque francamente lo desconozco «, afirmó Fernández en declaraciones radiales. «Es un tema que ocurre en otro poder, no es una iniciativa nuestra «, agregó el jefe del Estado.

En ese contexto llegó la renuncia de Baca.

El magistrado sostiene que la acusación es una infamia, volvió a decir que los audios están adulterados y que la denuncia “es el resultado de un proceso que comenzó con la grabación clandestina de conversaciones privadas, cuanto menos a partir del mes de noviembre del año 2016”. También dijo que Ana Juárez Orieta después de ser funcionaria del gobierno de Morales pasó al espacio político de Snopek, como si todo eso explicara la denuncia de una violación aberrante. Finalmente, también se descargó contra este Cohete, que «buscó instalar en la opinión pública la idea de alguna forma de injerencia del Poder Ejecutivo provincial en las decisiones de los jueces, lo que es absolutamente falso”.

El Cohete contestó los argumentos de Baca en ediciones anteriores. Aquí basta decir que efectivamente trabajamos para denunciar, contar, explicar y mostrar, con datos concretos e irrefutables, cómo es que Morales maneja las riendas de la Justicia.

El domingo pasado, 8 de marzo, Ana Juárez Orieta mandó un mensaje de color violeta con la firma de Nina Simone. Faltaban horas para su declaración. Te diré lo que es la libertad para mí –decía su texto—, es la ausencia del miedo. A la mañana siguiente tenía un cometido. A las ocho de la mañana entró a declarar y al salir sólo escribió dos líneas. Recién salgo, escribió. Estoy destruida.