Organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, presentaron una denuncia ante la justicia federal por la que se solicita se investigue la responsabilidad penal de funcionarios del poder ejecutivo: Gobernador Gerardo Morales, el Fiscal de Estado Miguel Angel Rivas, el Procurador General Sebastián Albesa, el Fiscal General Sergio Lello Sánchez, el Ministro de Seguridad Ernesto Guillermo Corro, el Jefe de la Policía de la Provincia Horacio Herbas Mejías
También de funcionarios del poder judicial de la provincia: Juez Rodolfo Fernández y los fiscales Diego Funes, Walter Rondón y Rodrigo Fernández Ríos y del Fiscal Fernando Alancay, y al Juez de Control Emilio Carlos Cattan y también a integrantes de las fuerzas represivas por los hechos ocurridos durante el mes de junio, julio y agosto de 2023 durante las manifestaciones y movilizaciones rechazando la reforma constitucional de Jujuy.
La denuncia contiene un pormenorizado relato de los más de cien hechos ocurridos entre mediados de junio y agosto pasado, dando cuenta sobre el andamiaje normativo que desde 2015 se viene construyendo en la provincia de Jujuy para anular la división de poderes, así como el contexto de movilización de diversos sectores sociales durante ese tiempo y evidenciando la apertura de causas judiciales en donde los imputados son aquellos que se manifiestan en contra de la reforma constitucional y de las políticas del gobernador Morales.
Estos organismos entienden que los hechos que allí se describen configuran graves violaciones a los derechos humanos: amenazas, persecución, intimidación y seguimiento de personas con vehículos no identificados, lesiones gravísimas, allanamientos ilegales, tormentos y privaciones ilegales de la libertad dando cuenta que no se tratan de episodios aislados ni acontecimientos inconexos.
El requerimiento a la justicia federal, que lleva el patrocinio letrado de las abogadas Guadalupe Godoy y Dolores Aragón integrantes del Colectivo “Mario Bosch” se dirige a la investigación sobre la responsabilidad penal que tuvieren el Gobernador Gerardo Morales, el Fiscal de Estado Miguel Angel Rivas, el Procurador General Sebastián Albesa, el Fiscal General Sergio Lello Sánchez, el Ministro de Seguridad Ernesto Guillermo Corro, el Jefe de la Policía de la Provincia Horacio Herbas Mejías del Juez Rodolfo Fernández y los fiscales Diego Funes, Walter Rondón y Rodrigo Fernández Ríos y del Fiscal Fernando Alancay en los más de 100 hechos descriptos. Asimismo se solicita se investigue el accionar del Juez Emilio Carlos Cattan y de otros funcionarios judiciales, por los hechos que damnificaron a Milagro Sala (hechos 43 y 99) con quien profundizaron el hostigamiento y criminalización que padece la militante popular detenida desde el 18 de enero de 2016. Y por último, en la misma denuncia describen los hechos ocurridos en la sede del Rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy indagando sobre la responsabilidad de la subcomisaria Mariana Leticia Polo, el Inspector Ariel Ismael Catacata, el sargento primero José Antonio Cruz y la agente Cintia Fernández en los mismos.
La denuncia se motiva por el claro accionar ilegal de las autoridades de Jujuy en la persecución, encarcelamiento y en la violencia institucional que desplegaron sobre los cuerpos de quienes manifestaban sus convicciones, contra la libertad de expresión y la libertad de peticionar frente a autoridades cercenando los derechos constitucionales básicos para la real convivencia democrática.
La descripción de los hechos enunciados muestra que los funcionarios judiciales cometieron múltiples infracciones de los deberes que les incumbían en sus roles de magistrados; tales como; Abuso de autoridad; Incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión de los delincuentes; prevaricato del juez y de personas equiparadas y no actuar ante noticias de detenciones ilegales.
Los organismos que impulsan la denuncia federal son el Colectivo "Mario Bosch" que nuclea a Abogados y Abogadas querellantes en causas de lesa humanidad junto con Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Cecim La Plata, Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Familiares Detenidos Desaparecidos y ex Presos Políticos de Santiago del Estero, Fundación Memorias e Identidades del Tucumán, Asociación Civil Comisión Permanente por los Derechos Humanos de Chaco, entre otros
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