Denunciarán penalmente a Macri por violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado

Mañana familiares y víctimas del terrorismo de Estado, ocurrido en durante la última dictadura cívico-eclesiástico y militar, realizarán una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri por violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, por incumplir con las leyes reparatorias establecidas.

La presentación será a las 10 de la mañana en los Tribunales de Comodoro Py, aunque antes se iniciará una concentración en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y desde allí partirán hacia el tribunal.

La denuncia, que además incluye la carátula por discriminación ideológica, pesa sobre el primer mandatario, pero también otros funcionarios de Cambiemos, entre ellos, el Jefe de Gabinete Marcos Peña, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la nación Germán Garavano y el Secretario de Derechos Humanos de la Nación Claudio Avruj, entre las figuras más reconocidas de la política del gobierno nacional.

La acusación, firmada por ex presxs, hijxs, exiliadxs, familiares de detenidxs y sobrevivientes del Terrorismo de Estado Autoconvocadxs, se basa en la “dilación, paralización y ausencia intencional en la aplicación de los beneficios de dichas leyes (reparatorias)”.

Según se indica en el documento “la paralización de los expedientes son más que elocuentes, sobre un universo de 18.357 de beneficios a resolver, desde el inicio de la gestión, del actual gobierno, entre diciembre de 2015 y último día hábil anterior a las elecciones primarias (P.A.S.O.) de agosto del corriente año, se han dictado 1.655 resoluciones, lo que equivale al 9% de las solicitudes de beneficio. Pero luego del magro resultado obtenido y a sabiendas que dejarán sus cargos desde el día posterior a las elecciones de agosto del año en curso, 53 días a esta parte, se han resuelto 349 expedientes, es decir 6.58 diarios, se incrementó la velocidad en un 535%. Pero esta modificación no es casual, la explicación puede encontrarse en que el circuito que impone la normativa desde que sale la Resolución hasta el efectivo cobro es de aproximadamente de 4 a 5 meses, es decir que todo lo que se ha firmado con posterioridad a las P.A.S.O. lo pagará el gobierno siguiente”.

Asimismo, sobre el accionar del gobierno de Mauricio Macri, consideran “la gestión de Cambiemos ha manifestado en más de una oportunidad animadversión contra quienes han resistido al Terrorismo de Estado e intenta invisibilizar sistemáticamente la dimensión del daño que ocasionó ese régimen, así lo hizo con lxs 30.000 desparecidos y desparecidas”.

Por último, el comunicado subraya “nuestra acción no se centra en la reparación patrimonial por el perjuicio causado, no basta para aludir al sentido de lo reparatorio si no va acompañado de otras acciones tendientes a reparar el daño, equivale a reconocer los testimonios y denuncias como valor de prueba, es decir como valedero, esto es un hecho fundamental en la significación de lo reparatorio, petición que lxs sobrevivientes han hecho durante décadas y que el Estado argentino se ha comprometido a llevar adelante”.