Se suma otro escándalo para el gobierno de Mauricio Macri en lo que respecta al suministro eléctrico, después del apagón masivo del día 16 de junio. En esta oportunidad, un diputado denunció penalmente a distintos funcionarios por condonar una deuda millonaria.
El diputado Rodolfo Tahilade, del Frente para Victoria, presentó ante el Juzgado Federal N° 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, una denuncia penal en contra de Gustavo Lopetegui, secretario de Energía, y Juan Antonio Garade, secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, por el delito de malversación de fondos públicos y abuso de autoridad.
La denuncia del diputado se basa en que el gobierno nacional aprovechó el traspaso de las compañías a las jurisdicciones de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, para modificar las condiciones de contrato en lo que respecta a la concesión y multas acumuladas por ambas empresas distribuidoras.
Así, el ejecutivo nacional le perdonó una de deuda que asciende a unos 35 mil millones de pesos a las empresas Edesur y Edenor. Si bien se reconoce que tanto Edesur como Edenor mantienen una deuda de 7 mil millones de pesos con el estado, esta suma podrá ser descontada en “futuras inversiones”.
De esta manera, las empresas eléctricas quedaron liberadas de retribuir a los usuarios con una compensación económica de 7 pesos en promedio, por la baja calidad del servicio.
El pago de esta compensación está determinado por una reglamentación vigente que establece que los montos de las multas que reciben las prestadoras de energía eléctrica pueden ser destinados a la ejecución de inversiones adicionales, siempre y cuando el concesionario hubiera logrado mantener una calidad de servicio superior a los índices de la calidad media de referencia. En caso contrario, las sanciones deben ser abonadas acreditándose las sumas en las cuentas de los usuarios. Como Edesur y Edenor tuvieron una prestación “deficiente” corresponde la indemnización a los usuarios.
Según expresa el texto de la denuncia “advirtiéndose que el gobierno nacional, con la finalidad de beneficiar de manera ilegítima a las empresas, ha modificado unilateralmente el destino de las multas que corresponden ser acreditadas en la cuenta de los usuarios individuales, sin que tuviera competencia para ello, se concluye con claridad que se han malversado fondos, dirigiéndolos hacia las concesionarias y sustrayéndoselos a los usuarios, únicos titulares de los montos dinerarios provenientes de las multas”.
Fuente: Página 12
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