Los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort solicitaron que la exdiputada nacional y cofundadora de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, sea citada a prestar declaración indagatoria en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri, tras acusarla de intentar cubrir a la banda del espía detenido Marcelo D´Alessio.
Los letrados presentaron el pedido ante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, quien investiga, entre otras cosas, el espionaje a exfuncionarios kirchneristas que estuvieron detenidos en el penal de Ezeiza y a sus respectivos entornos, incluidos sus abogados defensores.
Como supuestas víctimas del espionaje ilegal, Rúa y Peñafort presentaron un escrito de 46 páginas en el que detallaron cómo las transcripciones de escuchas utilizadas por Carrió y el fiscal Carlos Stornelli para intentar voltear el caso D´Alessio se habrían filtrado del área de jurídicos de la AFI que durante el macrismo estuvo bajo las órdenes de Juan Sebastián Destéfano.
La presentación advierte que Carrió, a través de sus colaboradoras, las legisladoras Maviana Zuvic y Paula Oliveto, utilizó escuchas ilegales a presos de la cárcel de Ezeiza para intentar, “desesperadamente”, desbaratar desde el inicio la investigación del juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, cuando estalló la “Causa D’Alessio”.
Los abogados pidieron que se cite a indagatoria a Carrió “por su responsabilidad en la maniobra ilegal desplegada desde la AFI con los objetivos de influir en la situación institucional y/o política y/o social del país y en la opinión pública y de dar cobertura a la organización paraestatal que integraban D’Alessio y otras personas a las que la nombrada se encontraba estrechamente vinculada”.
Los abogados relataron cómo fue que las trascripciones de escuchas realizadas a los teléfonos públicos del penal de Ezeiza cayeron en manos de Carrió y Stornelli, que las presentaron ante la justicia federal de Comodoro Py tras señalar que les habían llegado de forma anónima.
“Desde 2017 la AFI retiraba y conservaba en su poder los registros de las comunicaciones de los teléfonos públicos de los pabellones penitenciarios, y sin más decidió sacárselos de encima y enviarlos con urgencia al juzgado. Se ve que alguien ahí ya sabía que Carrió y Stornelli (Carlos) irían a filtrar el contenido de esas conversaciones que el área de Jurídicos de la AFI había promovido ardidosamente intervenir, y que escuchaba, analizaba y transcribía sin orden judicial y sin ningún destino legal”, señalaron Rúa y Peñafort.
En estas escuchas, en las que los protagonistas parecían estar al tanto de una denuncia que involucraba a Stornelli en una trama de espionaje y extorsión a empresarios a través de la causa de los Cuadernos, fueron utilizadas por el fiscal y la exdiputada para afirmar que había un plan para afectar ese expediente que estaba en manos del juez Claudio Bonadio.
Aquella denuncia presentada por diputadas del entorno de Carrió y por el fiscal Stornelli –por separado- debió ser presentada en dos oportunidades porque la primera vez cayó en manos del juez Luis Rodríguez y la segunda –ya con ese magistrado excluido del sorteo a pedido de Carrió y por decisión del camarista Martín Irurzun- fue a parar al juzgado federal 11 cuando todavía estaba comandado por el ahora difunto Bonadio.
“La filtración ilegal de los audios provocada por el interesado juez de conveniencia se sumó así a la filtración ilegal de sus transcripciones por parte de la entonces diputada Carrió y la AFI en el marco de las tareas de escucha ilegal y espionaje penitenciario que se desplegaron durante el anterior gobierno a propósito de su política de persecución”, sostuvieron los abogados Rúa y Peñafort.
Los hechos por los que los abogados acusan a la exdiputada coinciden con los relatados en la imputación que esta semana el juez Auge envió a quienes están llamados a prestar declaración indagatoria a partir de este viernes por el espionaje a personas privadas de su libertad, tal como contó esta agencia días atrás.
En esa imputación se describe que las transcripciones de las escuchas que llegaron a manos de Carrió y Stornelli habrían salido del área de jurídicos de la AFI, que estaba comandada por el “enano” Destéfano e integrada, entre otros, por el abogado Mariano Ruda Bart y por Bernardo Miguens, un hombre que antes había trabajado en el juzgado de Bonadio.
Fuente: Télam
Ámbito.com
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